Aponte: 'Lo mejor que podemos hacer es trabajar dentro del TPC'

La embajadora de EE.UU. en Panamá, Mari Carmen Aponte, fue recibida ayer miércoles por miembros de la directiva del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), en su primera visita a este medio de comunicación. “¡Qué alegría poder estar aquí y estar con periodistas que todos los días nos mantienen informados!”, exclamó, y luego agregó: “La libertad de prensa es esencial en los países y Estados Unidos la apoya. Sin medios libres no hay democracia”.

En el encuentro, el equipo periodístico y la embajadora conversaron de asuntos comerciales, políticos, históricos y sociales que atañen a ambas naciones. Uno de ellos: el tratado de promoción comercial (TPC). Aponte, consciente de la petición del Gobierno Nacional de revisar el tratado firmado hace más de una década, expuso que este tema “incluye y envuelve varias ramas en nuestro gobierno, por eso entendemos que lo mejor que podemos hacer –después de la negociación y aprobación que se llevó a cabo en 2007– es apoyar los esfuerzos de los varios sectores para que puedan ser más competitivos”. Aceptó, además, que la renegociación “es un tema bien complicado”.

Según Aponte, hay que entender lo que representa el TPC para la economía panameña. “Hemos visto que cuando hay un tratado de libre comercio, dar un underpins (respaldo) ayuda a la actividad económica. Vemos inversión americana que viene a sitios como Boquete a hacer trabajos de agricultura, esto contribuye a los dos países: no solamente a Panamá sino a Estados Unidos: nos nutren de una gran variedad de productos que no podemos conseguir todo el año”, explicó.

Afianzar lo ya consensuado hace años es la fórmula que plantea Aponte. “Hay varias razones por las cuales entendemos que lo mejor que podemos hacer es trabajar dentro del tratado que ya existe, mejorarlo de esa forma y hacer las inversiones que tengamos que hacer como gobierno para apoyar el trabajo de las entidades panameñas”, matizó.

El gobierno de Laurentino Cortizo ha planteado el deseo de revisar cuatro renglones: carne de cerdo, carne de ave, arroz y algunos productos lácteos, que pueden quedar en peligro con la desgravación arancelaria. Su insistencia se debe a “cuestiones de seguridad nacional y de la crisis agroalimentaria que se ha dado en el mundo”, dijo el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, a este diario el pasado lunes. Panamá y Estados Unidos firmaron el TPC el 28 de junio de 2007 y entró en vigencia el 31 de octubre de 2012.

Las soluciones estratégicas para afrontar la crisis migratoria también cobraron fuerza en la mesa editorial. El alarmante incremento de migrantes que cruzan por Darién es una realidad que “debe ser prioridad regional”, dijo la embajadora.

Los migrantes están a merced de grupos criminales que operan con impunidad y a este contexto Estados Unidos le ha puesto la lupa. “El énfasis en perseguir las entidades criminales que trafican personas es bien importante; no hay nadie en este mundo que pueda traficar solo: necesitas a alguien que guíe”, aseguró Aponte.

Otro de los compromisos del país norteamericano es fortalecer la seguridad en las fronteras, tema que se debatió en la última reunión trilateral: Colombia, Panamá y Estados Unidos. “Mejor definición de la frontera y aumentar la seguridad, incrementar la presencia coordinada es una de las soluciones. Hasta ahora había un solo sitio donde esto se estaba haciendo, en el Alto Limón. Ya el Ministerio de Seguridad de Panamá anunció que está contemplando dos sitios más”, informó.

Aponte también ofreció cooperación para salvaguardar las comunidades indígenas establecidas en la zonas fronterizas. “Estados Unidos podría ayudar, dando apoyo a las comunidades indígenas en el norte de Colombia y en Darién. Ellas sufren con todo este tráfico de personas, no están preparadas para recibir a cientos y hasta miles de personas diarias. Esas comunidades hay que fortalecerlas”, enfatizó. La embajadora aplaudió la gestión de Panamá en torno a la migración.

El proyecto de ley de extinción de dominio –que pretende recuperar bienes y dinero ilícito producto del narcotráfico– también fue discutido en la mesa. “La extinción de dominio es una decisión que tiene que tomar Panamá. Nosotros vamos a respetar lo que se decida. Lo que sí puedo hablar es lo que ha hecho en Estados Unidos y lo que se ha podido incautar. El dinero que se ha podido generar está destinado para resolver crímenes, por ejemplo en aplicaciones tecnológicas. Ese dinero se utiliza para combatir el crimen”, concluyó.