La cuestionada costumbre de conceder adendas

Actualizado
  • 30/07/2018 02:02
Creado
  • 30/07/2018 02:02
La Contraloría recomendó a Conades revaluar la adenda por $9 millones al Consorcio Accidental Aguas de Boquete. En cambio, el Estado otorgó 747 días más para terminar la obra, que tiene 85% de avance

Las adendas que se conceden a las empresas que participan en licitaciones son objeto de cuestionamientos, especialmente cuando los concursos abreviados se determinan por mejor valor.

Cuando el gobierno otorga adendas en tiempo y costo, se incrementa significativamente el monto del contrato, dejando a un lado la esencia del mismo —cuya escogencia debe ser por mejor precio—. En consecuencia, las obras terminan con costos más altos de lo planeado.

Aunado a esto, conferir una adenda millonaria a un proyecto avanzado puede entenderse como una ‘viveza' del contratista, en desventaja del resto de los proponentes que al momento de la licitación ofertaron un monto más elevado que el del ganador.

En esta disyuntiva se encuentra el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). El contratista y administrador del proyecto es Constructora Urbana, S.A. (CUSA), que acaba de solicitar una adenda de tiempo y costo.

En cuanto al costo, Conades evalúa si conceder o no $9 millones más al Consorcio Asociación Accidental Aguas de Boquete, que ejecuta el proyecto de diseño y construcción del acueducto, la red sanitaria y la planta de tratamiento de aguas residuales de Boquete, en Chiriquí.

De esta manera, se elevaría el monto original de la obra, de $22.5 a $31 millones, en una licitación que se basó en mejor valor, y en la que participaron ocho empresas más. La justificación para incrementar el monto, según Conades, se basa, entre otras cosas, en las adversas condiciones del subsuelo. El contrato exige al desarrollador ‘conocer plenamente todo lo que pudiera ser aparente en cuanto se relaciona al sitio, condiciones generales y locales, así como todo cuanto pueda influir en el desarrollo de los trabajos'.

Pero la adenda también se apoya en un término técnico: ‘rehabilitación' de mayor parte de las calles del distrito, aunque estas no hayan sido afectadas por la construcción del proyecto.

Y es técnico porque en la fase de construcción, lo que estipula el pliego al consorcio es la reposición del pavimento (parcheo), de igual o mejor calidad al que existía en las zonas intervenidas.

El encargado del proyecto, Jesús George, ingeniero director del proyecto de agua y saneamiento de Conades, explica que el Municipio de Boquete envió varias cartas a la entidad solicitando que, aprovechando la presencia de la empresa en el área, se rehabilitaran las calles por donde pasa la obra. Asimismo, que se sustituyan las tuberías de la comunidad de Santa Lucía, que son de cemento de asbesto. Esto último no está contemplado en el contrato original.

En la adenda se cubren $7.3 millones para la rehabilitación de las calles, es decir, cubrir con una carpeta asfáltica, y $1.2 millones para el proyecto de Santa Lucía, según explicó George.

¿Por qué no convocar a otra licitación para hacer estas reparaciones?, preguntó La Estrella de Panamá. El funcionario respondió que se ‘veía viable' el proyecto.

Además, significaba imprimir rapidez a la obra, especialmente en estos tiempos electorales.

Conades envió una solicitud a la Contraloría, que recomendó revaluar la adenda. Entre sus líneas establece lo siguiente: ‘luego de nuestro análisis a la referida sección del pliego de cargos, indicamos que en esta se estipula que todo pavimento fuera de ancho de la zanja autorizada que sea removido o deteriorado durante el trabajo será reemplazado por un pavimento igual de calidad y por cuenta del contratista en un plazo determinado de la inspección'.

El funcionario decidirá esta semana si concede o no un cambio de monto a la empresa, a pesar de que ya se le venció el tiempo concedido para la construcción.

TIEMPO QUE APREMIA

De lo que sí está seguro George es de que va a conceder a la empresa más tiempo para culminar la obra.

La adenda de tiempo consiste en 747 días calendario para terminar la fase de construcción que debió estar lista en 730 días, contados a partir del 15 de junio de 2015. Es decir, ya se venció.

A pesar de que el proyecto, según Conades, cuenta con un avance del 85% , la entidad está dispuesta a otorgar al consorcio dos años más para la culminación de esta fase, indicó a La Decana el encargado del proyecto.

El funcionario justifica la medida en que, por motivos ajenos a la empresa (solicitud de cierre de vía por parte de la comunidad en fechas de desfiles, ferias, fiestas patrias o por mal tiempo), se han perdido 460 días laborables desde que la empresa inició la obra. Según el funcionario, cada día no laborable debe multiplicarse por tres, y esa es la cantidad de días de ‘reposición' que se le debe dar al contratista.

A pesar de que el proyecto debe entregarse en el año 2020, con la extensión del tiempo la empresa podrá entregar la obra en 2022.

Algunos entendidos en la materia señalan que este tipo de extensiones traen consigo riesgo en la renovación de las fianzas por parte de las aseguradoras. En este caso, el consorcio cuenta con una fianza vigente hasta el año 2021, según mostró George. Conades no ve la necesidad de ejecutar la fianza porque afirma que el consorcio ‘está cumpliendo con la obra'.

PROYECTO EN BOQUETE

Conades consultó con la Contraloría la adenda en tiempo y costo

Con la adenda de tiempo, en vez de estar listo en 2020, el proyecto se entregará dos años más tarde.

$22.5

millones, el valor original del proyecto. Si se aprueba la adenda, el costo sería de $31.5 millones, cuando fue licitado por un precio menor.

Aunado a esto, la fase de operación y mantenimiento de la planta de aguas residuales aún no entra a regir. Por lo tanto, la adenda de tiempo concedida empuja la fecha de vencimiento del periodo que estipula el contrato para que la planta entre en operación y mantenimiento. En vez de 2020, será en 2022.

Pareciera que la institución se siente presionada en entregar aunque sea una parte del proyecto en junio del año próximo. Todo coincide con los tiempo políticos electorales que siempre aprovechan los gobiernos de turno para traducir los proyectos en votos para las próximas elecciones.

Recientemente, el contralor, Federico Humbert, realizó una visita a Boquete y constató el estado de las vías. En este sentido, hizo pública su opinión con un mensaje en Twitter : ‘La comunidad tiene todas las razones para protestar. Estas calles están destruidas. Las empresas están obligadas a repararlas; así lo dice el contrato', indicó en su cuenta de la mencionada red social.

SOBRE LA LICITACIÓN

A inicios de 2015, el Ministerio de la Presidencia, a través de Conades, convocó a una licitación abreviada por mejor valor para el diseño y construcción del acueducto, la red sanitaria y la planta de tratamiento de aguas residuales de Boquete.

Nueve empresas participaron en la licitación. El consorcio de la Asociación Accidental Aguas de Boquete, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Administradora de Proyectos de Construcción, ofreció el precio más bajo: $22,500,000.01. El más alto fue de $25.9 millones. El consorcio ganador fue el mejor calificado por la comisión evaluadora.

A los competidores se les encontró falencias en liquidez, experiencia técnica o presentación de un anteproyecto del diseño conceptual de todo el acueducto. Hubo seis reclamos de los participantes.

OTRAS ADENDAS

La semana pasada, el Consejo de Gabinete otorgó una adenda por $7.6 millones al proyecto Paseo Marino de la ciudad de Colón, que fue concedido a Constructora Urbana mediante una contratación por procedimiento excepcional por la suma de $19,468,650.00.

Es decir, que el proyecto se incrementó en un 39.4% y su precio total, por ahora, es de $27,152,052.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sustentó el incremento de la obra en que ‘existen algunas actividades que no forman parte del alcance de trabajo contratado y que son necesarias (...) para beneficio del proyecto' que, según la entidad, se ha desarrollado cumpliendo con las condiciones específicas contenidas en el pliego de cargos.

En la resolución se señala que entre las actividades por realizar está la demolición de 111 inmuebles que se encuentran ‘legalmente condenados' y representan un peligro para los transeúntes. ‘El contratista (CUSA) cuenta con el recurso humano y de equipos necesarios para la ejecución de la actividad'.

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