Agua, carreteras y escuelas: las nuevas tareas de los municipios

En enero próximo empezará a regir la ley por la cual el Gobierno Central traspasará responsabilidades a los locales.

El palacio de Las Garzas empieza a deshacerse de poderes y funciones. Lo hace a través del proceso de descentralización municipal, que ha revivido seis años después de su aprobación en la Asamblea Nacional, y que entrará a regir en enero próximo.

El plan supondrá el traspaso de,en principio, $178 millones a los 78 municipios del país, en concepto de impuesto de bienes inmuebles. Se estima que de ese monto, $42 millones se recaudan por edificios en el distrito de Panamá, el más sostenible de todos.

Los expertos han reconocido en la descentralización un método eficaz para reducir la mala distribución de la riqueza, en Panamá, la segunda peor del continente.

En la lista de nuevas tareas a los municipios descentralizados se incluye la definición y ejecución de las estrategias de seguridad, cultura, deportes, turismo y transporte.

Los gobiernos locales también tendrán que encargarse de los comedores sociales, el mantenimiento de los caminos rurales, canalizar y dragar sus servidumbres, construir y mantener sus infraestructuras, encargarse del acueducto local y del equipamiento urbano.

El Meduca también dejará en manos de los municipios las reparaciones de escuelas primarias, aunque en la Ley no está establecido.

CUESTIONES DE BALANZA

¿Pero es el modelo establecido el más eficaz para solucionar los problemas de los gobiernos locales pobres? ¿Qué tanto supondrá para ellos que se eche a andar la descongestión de funciones?

Según informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 57% de los municipios recauda menos de $500 por año. A ese mismo porcentaje no le queda un céntimo para invertir en bienestar social ni obras públicas. Para el Ejecutivo y la Asamblea Nacional en esos distritos se cobra poco o nada en impuestos de bienes inmuebles.

Por eso, el pasado miércoles, la mesa de trabajo que estudia el tema acordó poner un margen de $500 mil al año como ‘fórmula solidaria' para apoyar a esas comunas. En la lista está Sambú, Taboga, Chimán, Pocrí, Remedios y las 13 que formas las comarcas indígenas.

El dinero provendrá del ‘excedente' que recauden los distritos de Colón, David, Santiago, Arraiján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito, los únicos sólidos. Los últimos dos concentran a una cuarta parte de la población proyectada para finales de 2014.

La nueva fórmula de financiación será incluida en un proyecto de modificaciones a la Ley 37 de 2009, que estableció la descentralización, y que el gobierno espera enviar a la Asamblea más tardar al 1 de septiembre.

LA MESA ESTÁ COJA

En teoría, en ese paquete de reformas debería incluirse la creación de la Autoridad Nacional de Descentralización, aunque en la mesa no se dieron pistas sobre el tema.

Dicha entidad, fija el artículo 19 de la Ley 37, sería la encargada de ejecutar los planes de descentralización. Tendrá una Junta Directiva conformada por representes del Ejecutivo, de los municipios, de los pueblos indígenas y de la sociedad civil organizada.

La norma señala que la Autoridad de Descentralización será una ‘entidad autónoma y administrativa, con presupuesto propio, responsable de realizar el proceso de descentralización y función pública. Estará adscrita a la Presidencia de la República y comenzará su funcionamiento a partir de la promulgación' de la norma que la sostiene.

VIEJAS ASPIRACIONES

Así como la Autoridad, la Ley 37 fue desestimada durante el último lustro. El gobierno pasado, encabezado por Ricardo Martinelli y el ahora presidente de la República, Juan Carlos Varela, la suspendieron en el alba de su quinquenio. Martinelli, lejos de fortalecer la gestión de los municipios, concentró más poder de decisión en el Palacio de Las Garzas.

Así de un plumazo, le quitó la responsabilidad al Municipio de Panamá de gestionar la recolección de los desechos solidos y el cobro de la tasa de aseo, que mantenía desde 1999 cuando se dieron los primeros pasos para la descentralización del país.

En ese año se promulgó la Ley 41 de 27 de agosto del 1999, mediante el cual se transfirieron los servicios relacionados con el aseo urbano y domiciliario en la región metropolitana a los municipios de Panamá, San Miguelito y Colón.

La aplicación de la Ley de Descentralización supondrá para el distrito capital la recuperación del derecho de recoger los desechos que se generan en su circunscripción. .

‘Es un sueño de todos los que venimos del sector municipal. Martín Torrijos aprobó la ley, Cambio Democrático la suspendió. Ahora el presidente Varela tiene una buena actitud y reconozco que impulsa la descentralización', dijo Javier Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

EL SEGUNDO PASO

En el otro lado de la balanza, la adopción de la descentralización supondrá para los municipios la responsabilidad de fortalecerse institucionalmente. A partir de 2018 serán esos entes los encargados de recaudar el impuesto de bienes inmuebles, que, en teoría, debería representar hasta el 1% del Producto Interno Bruto del país.

Ortega alega que los municipios pequeños serán capacitados para reforzar sus estructuras para cuando tengan toda la carga de trabajo.

La preparación técnica de correrá por cuenta del Gobierno Central únicamente para los municipios rurales. La partida saldrá del 20% de los fondos del Programa Nacional de Desarrollo Local. Una vez estén capacitados, los municipios deberán encargarse también del mantenimiento de sus sitios arqueológicos y turísticos, identificar y gestionar las actividades productivas y comerciales, y promover empresas municipales.

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REFORMAS

España y Colombia, los modelos de Panamá

Panamá ha diseñado su proyecto de descentralización en base a las experiencias de Colombia y España, explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, Javier Ortega.

El caso español ha sido considerado uno de los más exitosos del mundo. Para 2011, el país europeo se situaba en el tercer lugar en la lista de las naciones más descentralizadas del mundo. Allí, la mitad del gasto público está consolidado en manos de las Comunidades Autónomas, los máximos gobiernos locales. El municipalismo (responsable del 13% del gasto público) está en pie desde 1978.

En Colombia, el Gobierno Central destina el 50% de los ingresos corrientes del país a los departamentos y municipios. Estas entidades tienen, a su vez, la potestad de decidir sus políticas en salud, educación, agua potable, saneamiento básico, recreación, cultura y deporte. El modelo fue instaurado constitucionalmente en 1991, tras 105 años de centralismo. Sin embargo, los expertos locales aseguran que en términos reales los municipios perdieron tales capacidades con una reforma constitucional pasada en 2007.

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SERVICIO Y GESTIÓN

En 1999 se dio el primero paso para descentralizar el país

Los municipios de Panamá, San Miguelito y Colón fueron los primeros en gestionar el servicio de recolección de desechos.

Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004.2009) se discutió y se aprobó la ley de descentralización que fue promulgada en Gaceta Oficial dos días antes de que se diera el cambio de administración.

El proceso de descentralización estuvo suspendido durante el pasado quinquenio y durante este periodo el Ejecutivo acumuló más poderes, con la creación de nuevas entidades adscritas a la Presidencia.

A partir de enero de 2016, los municipios empezarán a recibir las transferencias de los fondos del impuesto de bien inmueble y desde 2018 serán los responsables de gestionar su cobro y asumir otras tareas.

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