AMP enfrenta críticas por violar Ley de Transparencia por restricción de información

La reciente decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de restringir por diez años el acceso a los expedientes administrativos de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares ha generado una fuerte ola de críticas desde distintos sectores de la sociedad civil y empresarial.

La medida, contenida en la Resolución Nº 12-2026, ha sido calificada como un retroceso en materia de transparencia y un golpe a la institucionalidad democrática del país.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional emitió un comunicado en el que denuncia que la resolución de la AMP constituye un “claro abuso de poder” y una violación directa a la Ley 6 de 2002, norma que regula el acceso a la información pública.

Según la organización, los expedientes administrativos que maneja la AMP no forman parte de las materias confidenciales definidas por la ley, por lo que su reserva carece de sustento legal.

El comunicado también cuestiona que la AMP haya citado artículos de la Ley 6 para justificar la restricción, señalando que se trata de interpretaciones erróneas que buscan legitimar la opacidad.

“Si cada institución pudiera calificar de acceso restringido la información que maneja basado en la definición inicial que establece la Ley de Transparencia, su existencia no tendría ningún sentido”, advierte el texto.

La Fundación celebró la rápida reacción del presidente José Raúl Mulino, quien rechazó públicamente la medida, y recordó que Panamá fue el primer país de la región en aprobar una ley de acceso a la información pública, fruto de la lucha ciudadana por la democracia.

“Defender la Ley de Transparencia es defender la institucionalidad democrática”, sostiene el comunicado.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) también se pronunció sobre el tema, solicitando a la AMP explicar públicamente las razones que motivaron la resolución y reconsiderar la restricción.

La asociación enfatizó que limitar el acceso a información vinculada con concesiones, licencias de operación e investigaciones administrativas en un sector estratégico como el marítimo “le resta a Panamá confianza, credibilidad y capacidad para atraer inversiones”.

APEDE advirtió que la reserva generalizada de expedientes administrativos dificulta la fiscalización ciudadana y genera incertidumbre sobre decisiones que deberían sustentarse en reglas claras y procedimientos transparentes.

En un momento en que el país necesita fortalecer sus instituciones y su competitividad, la medida puede alimentar dudas que afectan la confianza de inversionistas y operadores internacionales.

La organización empresarial reconoció que ciertos documentos pueden contener datos personales o secretos comerciales que ameriten protección, pero subrayó que ello no justifica cerrar el acceso a la totalidad de los expedientes.

Propuso sustituir la reserva generalizada por criterios específicos y proporcionales, en consonancia con la Ley 6 de 2002, y habilitar versiones públicas que permitan consultar la información sin comprometer datos sensibles.

Tanto la Fundación como la APEDE coinciden en que la transparencia es un pilar fundamental para la democracia, la seguridad jurídica y la competitividad del país.

Mientras la Fundación enfatiza la importancia de preservar la institucionalidad democrática, la APEDE destaca que la transparencia es clave para generar confianza y atraer inversión extranjera.

Ambas organizaciones instan a la AMP a rectificar la decisión y a establecer mecanismos que garanticen el acceso a la información pública, protegiendo únicamente aquellos datos que realmente requieran reserva.

“Explicar y rectificar esta decisión sería una señal concreta de compromiso con la institucionalidad y la confianza que Panamá necesita fortalecer”, subrayó la APEDE.

El rechazo a la resolución de la AMP no solo se centra en su legalidad, sino también en sus implicaciones políticas y económicas. En un país cuya economía depende en gran medida del sector marítimo y logístico, la opacidad en la gestión de concesiones y licencias puede afectar la credibilidad internacional y la capacidad de atraer inversiones estratégicas.

La controversia abre un debate más amplio sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas.

Para la sociedad civil y el sector empresarial, la transparencia no es un lujo, sino una condición indispensable para garantizar la confianza ciudadana y la competitividad del país en el escenario global.