Montalvo defiende ubicación de megacárcel de $177 millones en Divisa y garantiza espacio para estudiantes

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, defendió este lunes la ubicación seleccionada para la construcción de la nueva cárcel de Divisa, un proyecto estimado en $177 millones, y aseguró que su desarrollo no desplazará las instalaciones destinadas a la formación agropecuaria.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Montalvo explicó que el Ministerio de Gobierno (Mingob) recibió aproximadamente 35 hectáreas para ejecutar el proyecto penitenciario dentro de un globo de terreno estatal que abarca cerca de 800 hectáreas.

Aunque durante la discusión también se hizo referencia a una posible ocupación de alrededor de 40 hectáreas, la ministra aclaró que la asignación de esa superficie no significa necesariamente que será utilizada en su totalidad.

“Estamos hablando de un terreno de 800 hectáreas” y de una porción de aproximadamente 40 hectáreas para el centro penitenciario, señaló Montalvo al responder las preguntas del diputado José Pérez Barboni.

La funcionaria sostuvo que el penal estará ubicado en un punto retirado de la carretera y de las demás instalaciones proyectadas en el área. Para llegar hasta el lugar, agregó, será necesario desarrollar y ampliar vías de acceso.

Pérez Barboni cuestionó si la construcción de la cárcel sacrificaría los terrenos previstos para la formación de jóvenes vinculados al sector agropecuario, incluyendo posibles dormitorios para estudiantes.

Montalvo respondió que dentro de las cerca de 800 hectáreas existe espacio suficiente para que ambas iniciativas funcionen, manteniendo la distancia y el perímetro de seguridad requeridos.

La ministra afirmó que ya se reunió con autoridades locales y representantes de las comunidades para explicar el alcance del proyecto. Según indicó, parte de la preocupación surgió porque algunos residentes consideraban que el perímetro penitenciario comenzaría junto a la carretera.

La titular de Gobierno aseguró que el penal estará situado considerablemente más adentro y que no interferirá con el desarrollo del centro educativo agropecuario.

Como referencia, mencionó el centro penitenciario de Chiriquí, donde, según explicó, existe una separación entre la cárcel y las instalaciones universitarias y agropecuarias cercanas.

Montalvo también reconoció la importancia de garantizar no solo el cumplimiento de las distancias técnicas, sino que los estudiantes y sus familias tengan una percepción de seguridad.

Dentro del presupuesto recomendado para 2027 se contemplan $10 millones iniciales para la cárcel de Divisa. Los desembolsos posteriores dependerán del avance de las obras y de las gestiones de cobro que presente la empresa responsable.

La ministra señaló que el proyecto se desarrollará por fases y que tendrá plazos de ejecución de 24 meses, aunque durante la comparecencia no detalló el cronograma completo ni la distribución de los $177 millones.

La inversión no se limitará a la construcción de los espacios donde permanecerán los privados de libertad. También incluirá carreteras, estudios y medidas de impacto ambiental para evitar la contaminación de fuentes de agua utilizadas por las comunidades.

Montalvo adelantó que el pliego de la licitación contempla una arquitectura tecnológica orientada a modernizar la seguridad penitenciaria.

El diseño deberá incorporar sistemas capaces de restringir las comunicaciones dentro del perímetro de la prisión sin afectar la señal de las comunidades cercanas, una situación que actualmente genera quejas en sectores próximos a otros centros penitenciarios.

El Gobierno también analiza soluciones tecnológicas ante los posibles riesgos de utilizar inhibidores de señal o jammers cerca de zonas aeroportuarias.

De acuerdo con la ministra, el objetivo es que las nuevas instalaciones incorporen desde su diseño mecanismos modernos de vigilancia e inteligencia penitenciaria, similares a los implementados en otros países.

Montalvo explicó que la elección de Divisa también responde a la intención de separar a la población penitenciaria de provincias centrales y evitar que nuevos centros sean rodeados posteriormente por urbanizaciones o asentamientos, como ha ocurrido en los alrededores del complejo La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

La megacárcel de Divisa costará aproximadamente $177 millones y ocupará cerca de 40 hectáreas de un terreno estatal de 800 hectáreas. El proyecto recibirá $10 millones iniciales en 2027 e incorporará tecnología de seguridad penitenciaria.