Terrenos inundables del INA, la nueva sombra sobre la mega cárcel en Divisa

El controvertido proyecto del gobierno para construir un nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales en Divisa no solo ha despertado el rechazo de las comunidades aledañas y de los estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura (INA), quienes se oponen a que la cárcel sea levantada en los predios del centro educativo. A esta oposición se suma otro obstáculo: los terrenos propuestos arrastran un historial de inundaciones, una condición que abre dudas sobre la viabilidad de la obra, eleva los costos de construcción y pone sobre la mesa el reclamo para que el penal sea establecido en otra zona.

En la comunidad hay preocupación por la instalación de la cárcel y el comportamiento de los ríos Santa María y Cañazas, cuyos cauces bordean los terrenos del Instituto Nacional de Agricultura (INA) y son ampliamente conocidos por provocar inundaciones durante la temporada lluviosa.

“No es recomendable realizar ningún tipo de construcción a menos de 50 metros de un río, y mucho menos en terrenos propensos a inundarse. Es una situación que ocurre prácticamente todos los inviernos. Alrededor del 75 % de estas áreas son inundables. Las autoridades no han explicado cómo piensan atender este problema en caso de que se construya la cárcel”, afirmó a La Estrella de Panamá Federico Velázquez, miembro de la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura (Adeina).

El médico veterinario agregó que tampoco se ha informado cuál será el sistema de manejo de las aguas residuales del futuro centro penitenciario ni si el proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento. De no ser así, advirtió, existe el riesgo de que las descargas contaminen los ríos Santa María y Cañazas, una situación que podría agravarse debido a la alta vulnerabilidad del área frente a las inundaciones.

Sobre este aspecto, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, reconoció este miércoles 1 de julio, durante una entrevista concedida en el marco de la instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, que las características hidrológicas del terreno representan un factor que debe ser evaluado antes de avanzar con la construcción del complejo penitenciario.

“Para mí esa área no es la más adecuada. Considero que se puede buscar otro lugar para desarrollar el proyecto. Es una geografía muy compleja. Cuando el río Santa María crece, empuja el caudal del río Cañazas y termina inundando una parte importante de los terrenos del INA”, manifestó Murillo.

El funcionario recordó, además, que la región sufrió inundaciones de gran magnitud en 1983 y nuevamente en 1998, eventos que incluso bloquearon el acceso al Instituto Nacional de Agricultura. Por ello, remarcó que se debe reevaluar la idoneidad del sitio antes de definirlo como sede del futuro centro penitenciario.

La Adeina habría presentado una solicitud formal a la Presidencia de la República el pasado 19 de junio, donde argumentaba las razones por las que considera que la construcción de una nueva cárcel tendría consecuencias negativas tanto para la educación como para el medioambiente.

En la comunicación dirigida al presidente José Raúl Mulino, propusieron como alternativa que se ubicara en un terreno de 300 hectáreas sin titular, situado entre la comunidad de La Coloradita, en el corregimiento de Peña, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

Según explican, esa extensión de terreno se encuentra alejada de los centros poblados, lo que, además de reducir el impacto sobre las comunidades, permitiría impulsar actividades agropecuarias que contribuirían a sufragar parte de los costos de funcionamiento del futuro penal.

Con una inversión estimada de 177.2 millones de dólares y capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, el Ministerio de Gobierno avanza con el proceso de licitación pública del proyecto. Según el Ejecutivo, la iniciativa busca ampliar la capacidad del sistema penitenciario panameño y aliviar la sobrepoblación que desde hace años afecta a las cárceles del país, una problemática que volvió a quedar en evidencia tras la fuga de 195 reclusos del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida en junio.

La iniciativa también ha generado manifestaciones pacíficas por parte de la comunidad estudiantil del Instituto Nacional de Agricultura (INA). Un grupo de aproximadamente 60 estudiantes ha expresado su rechazo a la construcción del nuevo centro penitenciario dentro de los terrenos de la institución.

Vázquez, quien aclaró que no se oponen a la construcción de una cárcel, sino a que se ubique en los terrenos del INA, indicó que, en caso de evaluarse un relleno del terreno ante el problema de las inundaciones, esto incrementaría aún más el costo de la obra. Los egresados consideran que un penal de esa magnitud en ese lugar desvirtúa el propósito de los terrenos de la institución: estar al servicio de la formación de bachilleres agropecuarios que atiendan las necesidades de la producción nacional y la soberanía alimentaria.

Fundado en 1940, el INA cuenta actualmente con una matrícula de 160 estudiantes y fue concebido como un centro de formación destinado a fortalecer el desarrollo del sector agropecuario, especialmente en las provincias centrales. En sus inicios, el plantel disponía de unas 840 hectáreas destinadas a la enseñanza, la investigación y la producción agrícola. Sin embargo, con el paso de los años, su patrimonio territorial se ha reducido hasta las cerca de 500 hectáreas que conserva en la actualidad.