Aulas a medias: deserción escolar se mantiene mientras sigue conflicto docente

Alrededor del país, 3.112 centros educativos vuelven a abrir sus puertas hoy lunes para el inicio del año lectivo. Más de 876.605 estudiantes están llamados a ocupar sus pupitres. Pero hay 10.288 niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo, según las estadísticas publicadas en el portal “Meduca SIG” del Ministerio de Educación (Meduca).

La cifra contrasta con el discurso de recuperación educativa, en el 2023 habían 9.343 estudiantes lejos del pizarrón, pero en los últimos dos años: 2024 y 2025, la barrera de los más de 10.000 mil que tiraron los lápices no se reduce.

De acuerdo a Irán Smith, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), el fenómeno responde a múltiples causas, desde una mala situación económica familiar, hasta la mala infraestructura de las escuelas.

“La deserción va a empeorar, porque hay una brecha entre las realidades del estudiante y lo que se quiere implementar. Estamos bajo el vaivén político de quien administra la cartera educativa, a pesar de que se nos dice que hay que despolitizar la educación”, expresó la docente.

Las diferencias que existen entre los estudiantes de áreas rurales y los de áreas urbanas, las dificultades para desplazarse y llegar a los centros educativos, así como la pobreza extrema que se vive en las áreas apartadas son factores a tomar en cuenta, señaló la educadora.

Precisamente, el Meduca es la entidad del gobierno central con menor ejecución presupuestaria en inversión al 2025 con solo 17,2% o $209.000.0000, similar a lo ejecutado en los años de la pandemia, reporta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, las modificaciones en programas vitales para evitar el abandono escolar como el Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) o el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) han desfavorecido a los niños y jóvenes más vulnerables, resaltó la docente.

En el caso de este último, según Smith, la actual administración del Meduca decidió equiparar a todos los estudiantes a recibir $60 bajo este fondo, cuando en 2019 se había reformado para que en 300 corregimientos con altos niveles de pobreza en Panamá se brindara $100 por niño; mientras que por cada estudiante con discapacidad comprobada se recibiría $150 para suplir sus necesidades.

“No es que sea mediocridad, pero es que no se le puede exigir 4.0 a un estudiante con una situación económica delicada, con desintegración familiar o que estudia con hambre”, apuntó en cuanto a las modificaciones al PASE-U.

Esto se debe a que el PASE-U, antes llamado beca universal, se entregaba de manera general a todo el estudiantado sin tener como requisito un promedio de 3.0 en las notas. Actualmente, el programa beneficia a más de 671.000 estudiantes, informa el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

A esto se suman condiciones estructurales en áreas apartadas: trayectos extensos, caminos peligrosos y contextos culturales donde algunos padres priorizan que sus hijos trabajen desde edades tempranas para contribuir al sustento familiar.

La deserción debe ser una de las prioridades del sistema en Panamá, consideró el presidente de la subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise.

“En vez de gastar millones en laptops, por qué no priorizar una política de alimentación escolar, transporte, innovar en las prácticas pedagógicas, todas estas son razones del por qué desertan nuestros estudiantes”, dijo Bloise, diputado de Vamos a este diario.

El impacto es más severo en las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala, donde se concentran los mayores niveles de abandono en primaria, premedia y media, registran las estadísticas del Meduca SIG.

Del total de estudiantes que dejaron las aulas el año pasado: 4.017 eran de premedia, otros 3.397 de educación media y 2.874 corresponden a estudiantes de primaria.

La Estrella de Panamá consultó al Meduca sobre las estrategias para desalentar el retiro de más alumnos y las alternativas para quienes abandonan sus estudios, pero transcurrida una semana del cuestionario, no hubo respuesta.

De igual manera, este medio contactó a la titular del ministerio, Lucy Molinar, y al hacerle la misma pregunta contesto: “No me da la vida, ¿no podemos dejar el tema para otro momento?”

Por su parte, el secretario general de Asoprof, Fernando Ábrego, señaló que “si se está trabajando en una reforma a la Ley Orgánica de Educación, el ministerio debe procurar que estudiar sea obligatorio en todos sus niveles y para eso la educación nacional debe ser gratuita”.

Sin embargo, el inicio de clases también está marcado por otra ausencia. Más de 200 docentes separados tras las protestas del año pasado contra la nueva ley de la Caja del Seguro Social (CSS) permanecen en un escenario jurídico incierto, según datos de la Asoprof.

A pesar de que han pasado ocho meses desde la separación del cargo de estos docentes, no está claro si todos fueron reemplazados ni bajo qué criterios.

Tampoco se conoce qué asignaturas imparten los sustitutos, en qué niveles o si recibieron la capacitación previa que tradicionalmente antecede al arranque del calendario escolar.

Desde el año pasado, Jaime Castillo, asesor de la ministra de Educación, señaló que esta información “debería hacerse pública” y así se publicó en el reportaje de La Estrella de Panamá “Sin lista ni nombres: la opacidad del Meduca ante los reemplazos docentes”, del 28 de julio de 2025, pero el ministerio tampoco contestó las interrogantes sobre este asunto para este nuevo reporte periodístico.

En el plano judicial comienzan a surgir precedentes al respecto toda vez que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá resolvió el 27 de enero que fue violatorio la suspensión del salario y remoción de su cargo a la profesora Benilda González mientras se desarrollaba la investigación administrativa.

González fue parte de los profesores que se negaron a retornar a sus puestos de trabajo tras 80 días de protesta, de acuerdo al Meduca. El fallo del Tribunal Superior que ordenó su restitución fue certificado el 20 de febrero.

Para expertos en derecho como el vicedecano de Derecho de la Universidad de Panamá (UP), Francisco Flores, la decisión podría marcar pauta. “Cada caso es diferente pero otros tribunales podrían guiarse de la sentencia [establecida en el caso de Benilda González]”, explicó a este diario.

Por su parte, el abogado y catedrático Enrique Jaén sostuvo que cada situación deberá analizarse individualmente, aunque recordó que la normativa establece que quien no trabaja no cobra.

Mientras que para la Asoprof, el fallo representa “la prueba más contundente de que el Meduca y el gobierno no respetan el Estado de Derecho”, expresó el dirigente Fernando Ábrego.

Según el dirigente, el tribunal dejó claro que no se puede afectar el derecho al trabajo y que los docentes tenían intención de regresar a clases. Afirmó que dentro de la Asoprof se discutió suspender la huelga antes de que el ministerio hiciera un llamado formal.

“Además de notas, tuvimos reuniones con el Meduca pero incumplió con la declaración de principios que firmamos. El Meduca es juez y parte en este proceso contra los docentes y eso va en perjuicio de los docentes separados”, explicó.

La entidad presentó recursos de reconsideración, aclaración y revisión del fallo, pero el tribunal respondió que no puede equipararse la huelga con el abandono del cargo alegado por el Meduca.

Además, el tribunal calificó la paralización de 2025 como un hecho de “interés nacional” y recordó que la huelga es un derecho consagrado en la Constitución.

Mientras tanto, los procesos en contra de los docentes continúan su curso. “Esperamos que se haga justicia en los tribunales, con otro gobierno o en las instancias internacionales”, concluyó Ábrego.