Barro Blanco: la misma disputa, cuatro años más tarde

Al igual que hace cuatro años, los reclamos de los ngäbe buglés amenazan con romper el idilio con el nuevo gobierno. Pero en esta ocasión, la punta de lanza no es la minería, sino Barro Blanco, la casi mítica hidroeléctrica que en la comarca muy pocos —o tal vez nadie— quiere, por sus efectos negativos sobre la vida colectiva: taponará el río Tabasará, uno de los más caudalosos de la frontera Chiriquí-Veraguas y, según los indígenas, afectará su patrimonio natural y cultural.

Es como un déjà vu. Este lunes, un contingente de ministros empezará a escuchar las razones por las que los indígenas se oponen al megaproyecto, valorado en $120 millones. La primera cita será en Kiad. Isabel de Saint Malo y Silvia Carrera la liderarán.

El reclamo principal de los indígenas es, según Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril (M-10), la suspensión de la obra de la central energética operada por Generadora del Istmo, S.A. (Genisa).

Aunque hay diferencias entre el M-10 y una serie de congresos generales y locales ngäbes en algunos aspectos de la negociación, todos coinciden en que la obra sea clausurada.

Los indígenas quieren demostrar las fallas de la obra, su ilegalidad y su impacto sobre las tierras colectivas, protegidas por la Ley 10 de 2003, que segregó la comarca Ngäbe Buglé de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, convirtiéndola en el cuarto territorio más grande, y el séptimo más poblado del país.

LAS EXPECTATIVAS

El presidente Juan Carlos Varela, que había prometido el diálogo en campaña, tardó seis meses en recordarlo. Mientras, Barro Blanco avanzaba: en mayo pasado, su construcción llevaba 85% de adelanto. Hoy está por empezar a operar.

Miranda sostiene que las autoridades tradicionales están poco interesadas en el inicio de operaciones de la planta. Aseguran que Genisa incumplió un acuerdo de suspensión de labores firmado el 26 de marzo de 2012 mientras se revisaba el proyecto, maniobra con la que, insiste, la administración Martinelli congeló el descontento.

‘Ellos siguieron construyendo Barro Blanco mientras se hacían las inspecciones de campo, que fueron dilatadas por el gobierno: debían tardar tres meses y se demoraron año y medio’, argumenta.

El peritaje independiente, respaldado por Naciones Unidas, cuyas conclusiones fueron presentadas en septiembre de 2013, reconoció las debilidades en el proceso de consultas y participación del proyecto, y recomendó una serie de cambios técnicos en el proyecto.

‘Esperemos que ahora no haya intereses económicos detrás de Barro Blanco, como cuando estaba Martinelli’, advirtió Miranda.

Desde la expedición del documento de la ONU se han dado una retahíla de pujas y repujas legales: se tramitó una querella penal contra Ricardo y Manolo Miranda, del M-10, y la Corte Suprema de Justicia ordenó a Genisa no entrar a las fincas aledañas al río Tabasará (en donde residen indígenas), aunque legitimó después el Estudio de Impacto Ambiental de Barro Blanco.

Según el informe validado por Naciones Unidas, la central energética requerirá inundar 258.67 hectáreas para la operación del embalse en el río Tabasará, y cinco hectáreas adicionales para que la presa y la casa de máquinas funcionen.

EL PERFIL DEL DIÁLOGO

El gobierno ya ha recibido el pliego de peticiones de los indígenas y ha preparado su primera postura, hasta ahora no revelada. La comisión de alto nivel del Ejecutivo esperaba por la canciller De Saint Malo, que estaba en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Costa Rica.

La plantilla de ministros incluirá a Luis Ernesto Carles —quien en 2010, siendo viceministro de Trabajo, se enfrentó a los indígenas por las reformas a la Ley 30—, Rodolfo Aguilera, Milton Henríquez y Mirei Endara.

El sábado, un grupo de técnicos del gobierno visitó la hidroeléctrica, para, posteriormente, rendir un informe sobre sus condiciones a la comisión.

Por el momento, no se ha planteado un tiempo límite para las negociaciones, que deberán hallar ‘un punto de encuentro’ entre las partes de este conflicto.

SE GANA O SE PIERDE

El analista Renato Pereira sostiene que el debate es una ‘encerrona’ al gobierno, que deberá ‘decidir entre la hidroeléctrica y los intereses de los ngäbes’. Por un lado, dice, está la población ‘minoritaria’ pero con fuerza política de los ngäbes, y por el otro, el interés por una hidroeléctrica que aportará 28.56 megavatios a la red.

El argumento, sin embargo, no convence al sociólogo Marco Gandásegui, quien plantea que el mandatario deberá reivindicar su eslogan de campaña (‘el pueblo primero’).

‘Varela tiene muy claro el camino que debe seguir con Barro Blanco’, insiste.