Fernando Carrillo Flórez: “La nueva pandemia es el autoritarismo”

En un momento en que Colombia acaba de caer 13 puestos en el Índice Global de Democracia y se acerca peligrosamente a la categoría de “régimen híbrido”, y mientras América Latina vive bajo la presión de la polarización, la desinformación y la concentración de poder, las reflexiones de Fernando Carrillo Flórez sobre cómo defender la democracia desde la propia democracia adquieren una urgencia inaplazable.

En agosto del año pasado participé —invitado por Manuel Alcántara, politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP)— en una serie de diálogos sobre el futuro de la democracia. Algunas de aquellas conversaciones contaron con la presencia del colombiano Fernando Carrillo Flórez: abogado, escritor y socioeconomista. Fue uno de los artífices de la histórica Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia, y exministro de Justicia y del Interior. Hoy es vicepresidente del grupo Prisa, el mayor conglomerado de comunicación, educación y entretenimiento en español y portugués. En uno de esos diálogos, Carrillo presentó su libro más reciente, Sin miedo: Defender la democracia desde la democracia, una obra que, lejos de ser un ejercicio académico, se lee hoy como una guía práctica para enfrentar las amenazas que ya están aquí.

El libro es una urgente defensa del Estado de derecho y sus libertades, que debemos llevar a cabo los ciudadanos para resistir el creciente autoritarismo mundial. En lo personal, estos fructíferos diálogos organizados por Manolo Alcántara y el libro de Carrillo Flórez me brindaron el marco conceptual y el empuje democrático para proponer, junto a la diputada Grace Hernández y otros colegas del arte, lo que hoy es el proyecto de ley para la regulación de los pabellones nacionales y oficiales. La cultura debe seguir las mismas reglas democráticas que las demás áreas del Estado.

Este domingo se realizan elecciones generales en Colombia. Las siguientes reflexiones del propio Carrillo Flórez, expuestas en sus charlas y en una larga entrevista concedida a El Visitante, resultan muy pertinentes para entender la importancia del diálogo nacional, la educación democrática y la participación ciudadana.

La democracia es una batalla que hay que pelear todos los días

Es difícil explicarles a las nuevas generaciones que a la democracia no la mueve ni la inercia ni la historia. La democracia es una batalla que hay que pelear todos los días. La nueva pandemia es el autoritarismo y todo el mundo está pensando en modo autoritario.

No sé si se acuerdan, pero en España [y en Panamá] había un aceitico que se le echaban a todas las cosas que sonaban o chirriaban: se llamaba “Tres en uno”. Y aquí el tres en uno es el autoritarismo, el populismo y el caudillismo, la fórmula que está desbaratándolo todo.

Las categorías de izquierda y derecha ya no sirven para nada. Esa es una de las tesis centrales del libro: el problema no es ser de izquierda o derecha, sino demócrata o autoritario. Y desde ahí es donde hay que catalogar a la gente.

En España tienen una gran expresión: el “cordón sanitario”. Hay que crear un cordón, una especie de muralla. Yo le digo “la muralla democrática”, independientemente de que sea de derecha, centro o izquierda. Hay que defender los principios y los valores de la democracia, que es en última instancia lo que está en entredicho.

Esto, por ejemplo, aplicado al sector privado, lo podemos ver en los criterios ESG, que son aquellos que usan las empresas para medir el impacto y la sostenibilidad más allá de los resultados financieros, como son la esfera social, la ambiental y la de gobernanza. Sobre el tema del sector privado metido en los sistemas públicos, Adela Cortina, catedrática valenciana de Ética y Filosofía Política, sostiene que la empresa del futuro será social o no será.

Los apologistas del “sálvese quien pueda”

Una gran cantidad de principios universales se están poniendo en entredicho. La revisión es tan profunda que los mismos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que aparecían como la meta trascendental de todos los países del globalismo, e incluso del derecho internacional y de la política internacional, se han tirado por la borda. Los perpetradores de este estado de las cosas son los apologistas del “sálvese quien pueda” y del nacionalismo extremo.

Una constelación de principios universales —desde los derechos humanos hasta la cooperación internacional— se está sometiendo a una revisión radical. Lo que hasta hace poco parecía un consenso incuestionable se desmorona: incluso la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que representaba la meta compartida de la comunidad internacional, se ha tirado por la borda gracias a aquellos que anteponen el “sálvese quien pueda” nacional a cualquier compromiso global.

Los principales responsables de este retroceso son los apologistas del nacionalismo extremo, que han convertido la soberanía en un pretexto para desmantelar el orden multilateral y erosionar las instituciones democráticas desde dentro.

En esta misma línea, el economista profesor de Harvard Danny Rodrik formuló lo que se conoce como el trilema de la globalización o trilema de Rodrik. Según su tesis, la democracia, la soberanía nacional y la integración a la economía global son tres objetivos incompatibles cuando se persiguen a la vez. Se pueden combinar dos, pero nunca los tres al mismo tiempo.

Los golpes de Estado blandos

En fecha reciente, el tema central en una sesión de la Corte Constitucional de Colombia —la institución encargada de velar por la supremacía e integridad de la Constitución— era la estrecha relación entre democracia y constitucionalismo: dos caras de la misma moneda.

Cuando se ataca la democracia se ataca la Constitución, el Estado democrático de derecho y el Estado social de derecho. Y lo mismo sucede cuando se desvirtúa, devalúa o se vacía de contenido una Constitución. Ese es precisamente el fenómeno que estamos presenciando hoy.

Se trata de golpes de Estado de un nuevo tipo: sin botas militares ni tanques en las calles, sin violencia visible. Pero hay una destrucción silenciosa y sistemática desde dentro de las instituciones. Se las vacía de sentido, se las desprestigia y se siembra desconfianza entre la ciudadanía. Es la táctica que los regímenes autoritarios han perfeccionado para adueñarse del entramado institucional sin necesidad de romperlo formalmente.

La mentira como modelo de negocio

Hay que recordar el debate que se dio en Alemania por el surgimiento del partido de extrema derecha “Alternativa por Alemania” (AfD). Los propios mecanismos legales otorgaron la potestad de sacar del juego democrático a candidaturas que buscaban destruir los valores constitucionales o generaban violencia, odio y resentimiento. Esto nos llama a la teoría de la barrera de protección, de la muralla democrática que mencioné antes.

Quien no está dentro de la muralla, no siente que debe participar en los procesos democráticos, sobre todo cuando está incitando a la violencia, al odio y al resentimiento. Obviamente, esto último es lo que se ve en la superficie, porque en el fondo está la red oscura (dark web), y toda esa capacidad que tiene la mentira como modelo de negocio de los medios de comunicación.

En una ponencia en el Congreso de Empresarios en Colombia hablé de la gravísima situación de los medios periodísticos en este momento. La publicidad tradicional se acabó. Las redes sociales la han absorbido por completo. Hoy la publicidad es digital y la prensa está en crisis —salvo The New York Times— y en esto incluyo a El País.

Aparte de darse distintas razones por las dificultades financieras que podemos tener, también es porque no somos prensa sensacionalista, porque la prensa alcantarilla es la que está haciendo dinero en este momento.

Michael Stott, editor jefe de Financial Times para América Latina, decía que hoy en día el modelo de negocio de los medios es nada más y nada menos que la mentira. Ya ni siquiera las noticias falsas: la mentira abierta.

Sobre el tema de las noticias falsas, el escritor español Javier Cercas decía que es mucho más fácil propagar la mentira que decir la verdad. Un periódico como El País tiene 50 periodistas tratando de contener las noticias falsas que llegan todos los días a la Redacción. Se ha creado un mecanismo, por ejemplo, de verificación de audio. Son muy pocos los medios en el mundo que hacen esto hoy, porque lo rentable es exactamente lo contrario. Entre más escándalo y más falsedad haya, es más rentable.

El síndrome de la rana hervida

El modelo que funciona es exactamente el que destruye los principios democráticos, que crea tribus polarizantes dentro de las redes. Uno podría decir que la polarización es indispensable o que puede llegar a serlo para la democracia. Pero no es solo la polarización. Es la radicalización, el extremismo, el odio que se fomenta. Todo está entrelazado.

Un capítulo de mi libro, que titulé “El capital democrático”, habla del capital financiero, humano y social; incluso del capital político: nociones difíciles de describir. En cuanto al capital democrático, radica en la fortaleza de las instituciones democráticas.

En Colombia, donde estamos ya claramente frente a un régimen autoritario, la pregunta es: ¿Qué tanta es la tensión que todos los días se le pone a un país con una tradición democrática como Colombia? No sé si van a aguantar las instituciones.

Pasa como con el síndrome de la rana hervida: echas la rana a la olla con agua y le vas subiendo la temperatura hasta que revienta. Así, no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se va configurando un golpe de Estado.

Otra gran pregunta que surge es: ¿Cómo reaccionaría hoy un tribunal constitucional ante un golpe de Estado blando? Lo triste —y lo más preocupante— es que, en última instancia, todo termina dependiendo de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas.

Nadie puede anticipar con certeza cuál será su respuesta, porque estos golpes de Estado de nuevo tipo son extremadamente sofisticados. Se disfrazan de decisiones técnicas o de emergencia. Un ministro de Defensa o el propio comandante de las Fuerzas Armadas podría argumentar, por ejemplo, que al presidente le correspondía suspender las elecciones porque el orden público en Colombia es tan grave que hay 600 municipios donde ni siquiera pueden llegar los kits electorales. Y con eso, se consumaría el golpe sin que nadie lo llame por su nombre.

Entonces, ¿quién tiene la autoridad moral y jurídica para decir: “Aquí estamos ante un golpe de Estado”? ¿Y qué instrumentos reales tienen los jueces o el Tribunal Constitucional para contenerlo? Esa es la grave preocupación de nuestro tiempo: la sofisticación con que se vulneran las instituciones desde dentro y la tolerancia autoritaria que se ha instalado en amplios sectores de la sociedad y del propio Estado.

¿Cuánta desigualdad puede soportar una democracia?

¿Cómo defender las instituciones de la democracia? La respuesta aparece en un capítulo del libro. Hay que defender todos los días la pedagogía democrática, los temas de cultura democrática.

Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo recuperar una ciudadanía activa? Estamos tratando de crear en este momento una alianza por la democracia parecida a la que se dio en Brasil. Ya tenemos como 50 organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con gente joven, quienes saldrán a defender el proceso electoral en Colombia, que es el más vulnerado.

Un profesor alemán que estuvo recientemente en Bogotá relataba cómo, dentro del Parlamento alemán, se creó una oficina de defensa de la Constitución con facultades para expulsar del proceso electoral a quienes promuevan la violencia, el odio o el antisemitismo. Esa experiencia plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tipo de herramientas nuevas necesitamos en nuestras democracias para proteger sus principios fundamentales?

La obligación del sector privado —y de toda la sociedad— es defender los valores democráticos como un todo, actuando como una muralla que contenga los excesos. Porque la democracia ya no solo enfrenta amenazas clásicas. Hoy debemos pensar cómo contrarrestar las democracias plebiscitarias degradadas, esas en las que un líder autoritario convoca consultas populares ilegales para que el pueblo “legitime” políticas que erosionan el propio sistema.

La tesis central de mi libro —que interroga cuánta desigualdad puede soportar una democracia— tiene que ver precisamente con la participación. La lucha contra la desigualdad debe comenzar por darle voz real a los pobres. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿Cómo se defiende la democracia sin miedo —y también con miedo— desde la precariedad?

Cuando se aborda la relación entre democracia y sistema económico, o el tamaño del Estado, aparece un problema gravísimo que América Latina apenas ha discutido con profundidad: la capacidad fiscal de los Estados. Sin recursos suficientes, las reformas sociales que se necesitan son imposibles. Sigue pendiente el debate sobre la equidad de la tributación y, sobre todo, sobre la capacidad del Estado para financiar grandes transformaciones sociales.

En ese punto entramos en terreno complejo. El presidente Petro ha criticado, con razón, muchos aspectos del modelo neoliberal y del capitalismo salvaje. Pero la crítica, por sí sola, no basta. Falta una propuesta alternativa concreta: cómo redistribuir, cómo definir parámetros claros de política social, cómo financiar lo que se promete.

En Colombia, ante la incapacidad crónica del Congreso para aprobar reformas sociales, ha sido la Corte Constitucional la que ha impulsado los cambios más significativos. Ese camino —el de las sentencias estructurales— sigue siendo una de las pocas vías institucionales que quedan abiertas.

El gran desafío sigue siendo el mismo: construir un acuerdo nacional amplio, donde participen todos los sectores sociales, para definir de una vez por todas qué tipo de Estado social somos capaces de sostener y cómo lo vamos a financiar. Sin ese acuerdo, la democracia seguirá siendo frágil, por más elecciones que se celebren.

El autor es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).