Cuestionan financiamiento al proyecto Barro Blanco

Un estudio solicitado por la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) y el Banco de los Países Bajos para el Desarrollo (FMO), que financian el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, pone en duda las informaciones de carácter ambiental y social que sustentaron la financiación del proyecto.

El estudio lo realizó un panel independiente por solicitud de DEG (Alemania) y FMO (Holanda) y cuyo informe final fue emitido el pasado viernes 29 de mayo.

‘El panel de expertos independientes concluyó que los prestamistas no cumplieron con sus propias políticas al momento de la aprobación del proyecto', recalca el informe.

Una de las más llamativas apreciaciones del panel fue que ‘si bien los prestatarios (bancos) estaban, al momento del primer desembolso, informados de muchos de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, no contaban con toda la información necesaria'.

Seguido, señala que los representantes de las entidades bancarias tomaron posteriormente las medidas necesarias para informarse a profundidad, lo que les permitió adquirir los elementos necesarios para determinar que el primer informe sobre pueblos indígenas era insuficiente. Lo que sucedió fue producto, más de ‘una demora en informarse, que un rechazo a informarse', señala el documento.

El informe del panel independiente, integrado por Stephen Gibbons, Maartje van Putten y Michael Windfuhr, se da como repuesta a las quejas presentadas por la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, y el Movimiento 10 de Abril, apoyada por las oenegés SOMO y Both Ends de los Países Bajos y el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, organismos que pusieron en duda las buenas intenciones de los dos bancos.

LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO

Aunque en el informe se señala que para los organismos financieros era difícil proteger los petroglifos ubicados en el área a inundar, el tema del patrimonio cultural ‘no fue plenamente evaluado durante la evaluación del proyecto'.

La evaluación del proyecto se inició en el 2012 y en ese momento los bancos no estaban totalmente informados, de manera que no podían evaluar adecuadamente si la empresa Generadora del Istmo S.A (Genisa), que construye el proyecto, tenía la capacidad de cumplir las normas pertinentes, indica el documento.

Los cuestionamientos a las entidades financieras no terminan. El panel consideró que al momento de aprobar el financiamiento del proyecto, la evaluación de los bancos sobre el impacto del proyecto a la biodiversidad y el ecosistema tenía ‘ graves limitaciones'.

‘Si bien había una gama de acciones e informes ambientales identificados, se subestimaron varios factores importantes de impacto ambiental', recalca el documento.

Esto quedó demostrado por el hecho de que dichos factores fueron identificados posteriormente en los informes del segundo asesor independiente en asuntos ambientales y sociales y también en los informes elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El organismo internacional realizó un peritaje en el 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo entre la empresa y los indígenas, a raíz de las protestas para exigir la cancelación del proyecto. El informe del PNUD concluyó, entre otras cosas, la afectación de 6 hectáreas de las áreas anexas de la comarca.

SOMO y Both Ends, al igual que otras organizaciones ambientales, emitieron un comunicado que señala que los bancos ‘violaron sus propias políticas al no evaluar adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas antes de aprobar un préstamo de $50 millones para Genisa'. El comunicado está fundamentado en el informe del panel de expertos independiente.

Los organismos ambientales cuestionan que los bancos, sin embargo, no se comprometen a tomar ninguna medida para mitigar los problemas causados.

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PLAZO Y CONCLUSIONES

Los bancos debieron hacer más consultas antes de dar el préstamo.

Los ngäbes buglés han dado un plazo hasta el próximo 15 de junio para que el Gobierno encuentre solución al conflicto.

Los bancos debieron destinar más recursos para analizar la situación política y social.

No entendieron en su justa dimensión la resistencia de las comunidades a la ejecución del proyecto.