Basura y poder: el origen político de la AAUD y por qué la crisis de San Miguelito revive viejos conflictos

La gestión de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de Panamá no solo ha sido foco de debate, tensiones políticas y crisis de salubridad estos últimos días.

En este contexto similar pero hace más de 10 años, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) surge como un intento de estructurar institucionalmente el manejo de la basura, pero también como producto de disputas políticas que marcaron su creación e impacto.

La AAUD fue creada formalmente mediante la Ley 51 del 29 de septiembre de 2010, con el objetivo de convertirse en una entidad pública especializada para planificar, administrar y operar los servicios de aseo urbano y domiciliario, inicialmente en la ciudad de Panamá, con facultades para extenderse a la gestión integral de residuos sólidos y rellenos sanitarios como Cerro Patacón.

La ley le dio autonomía interna y la obligó a respetar los contratos existentes al recibir los servicios de los municipios bajo un modelo centralizado desde el Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, su surgimiento no estuvo exento de controversias políticas. Aunque la AAUD nació legalmente en 2010, su impulso y operatividad estuvieron marcados por disputas entre fuerzas políticas municipales y nacionales, como fracturas entre Cambio Democrático y Panameñismo en la Alcaldía de Panamá, fenómeno visible durante la gestión del entonces alcalde Bosco Ricardo Vallarino, del Panameñismo.

Vallarino se separó del cargo en medio de un ambiente de tensiones y crisis administrativas internas, mociones que se relacionaron con agendas políticas y rupturas de alianzas, evidenciando cómo los vaivenes partidarios pueden enturbiar iniciativas técnicas públicas.

Aunque la creación de la AAUD responde a un mandato legal de 2010, actores políticos vinculados a la Alcaldía, como Bosco Vallarino —quien desempeñó funciones ejecutivas en el Municipio de Panamá— tuvieron influencia indirecta en el debate y gestión de los servicios municipales de recolección de desechos durante su administración.

Su salida y los conflictos surgidos entre partidos como Cambio Democrático y el Panameñismo generaron incertidumbre sobre la continuidad y coordinación entre instancias municipales y la entonces naciente AAUD, afectando orgánicamente la articulación político-técnica de la institución.

En años recientes, Panamá Metropolitana y particularmente San Miguelito enfrentan una de las crisis más fuertes en la recolección de residuos sólidos. Con focos de acumulación que alcanzaron cientos de puntos críticos, las calles y barrios se vieron sobrecargados de basura, con riesgos sanitarios y ambientales evidentes.

Ante ello, a principios de este año —cuando se terminó el contrato con Revisalud S.A. y no se garantizó una transición operativa fluida— el Consejo de Gabinete autorizó a la AAUD a asumir temporalmente la recolección, transporte y disposición final de desechos en San Miguelito para atender una emergencia sanitaria que afectaba a más de 200 mil residentes.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, y autoridades han desplegado equipos pesados, más de 40 camiones volquetes, retroexcavadoras y brigadas de barrido en operativos especiales de limpieza. En pocos días, la entidad informó la recolección de miles de toneladas de basura acumulada, bajo un esfuerzo considerado “paliativo” e insuficiente frente a la escala del problema.

Aunque la intervención de la AAUD ha permitido mitigar focos críticos de desechos y ha evitado brotes sanitarios a corto plazo, la crisis estructural de la recolección aún no está resuelta: la operación temporal no garantiza continuidad sostenible ni mecanismos propios para gestionar la basura diaria con eficiencia permanente; depender temporalmente del Estado indica que persisten brechas logísticas, contractuales y de coordinación interinstitucional.

Este escenario revela que la AAUD, por sí sola, ha tenido un impacto limitado en resolver de fondo los problemas de gestión de desechos, aunque ha actuado como un músculo institucional para responder a emergencias cuando los mecanismos regulares fallan.

La crisis ha reabierto el debate sobre la descentralización de servicios públicos. Originalmente, los municipios tenían la responsabilidad de sus servicios de aseo, pero la creación de la AAUD centralizó funciones para el área metropolitana.

La emergencia de San Miguelito, sin embargo, ha mostrado la necesidad de articulación entre instancias locales y nacionales, así como modelos híbridos que permitan mayor autonomía técnica a los gobiernos municipales sin perder capacidad de respuesta estatal cuando se requieren recursos extraordinarios.

En el ámbito legislativo, los diputados Luis Eduardo Camacho de Realizando Metas (RM) y Raúl Pineda del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han anunciado que presentarán un proyecto de ley para la creación de una AAUD específica para San Miguelito.

Aunque aún está en fase de formulación, la iniciativa busca dar un marco legal que permita a ese distrito gestionar de forma especializada sus residuos, con personalidad jurídica propia y recursos asignados, para atender de manera más directa y eficiente la problemática local de aseo urbano sin depender exclusivamente del gobierno central.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, ha cuestionado la constitucionalidad de las operaciones de la AAUD en el distrito. La semana pasada presentó una demanda de nulidadante la Corte Suprema de Justicia, alegando violaciones a la autonomía municipal.

Actualmente la AAUD despliega equipos mecánicos diversos —camiones volquetes, compactadores, retroexcavadoras— y una plantilla de personal técnico y operativo para barrido, fumigación y recolección. Aunque no existe una cifra pública consolidada actualizada sobre el total de funcionarios y maquinaria, en operativos recientes se han usado decenas de camiones y equipos pesados, además de personal de campo reforzado para responder ante emergencias como la de San Miguelito.

El pasado viernes, la Contraloría General de la República decidió no refrendar los contratos para la recolección de basura en San Miguelito al detectar inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias que hacían inviable su validación.

Según el ente fiscalizador, estos contratos provocarían una duplicidad del servicio, ya que la AAUD fue autorizada para asumir plenamente la recolección, transporte y disposición final de los residuos en el distrito a partir del 19 de enero de 2026.

Entre las irregularidades señaladas figuran la falta de permisos obligatorios de la AAUD, la ausencia de un Permiso Sanitario de Operación vigente, ambigüedades sobre toneladas a recolectar, montos mensuales y plazos de pago, así como pagos por excedentes sin sustento legal ni presupuestario. Además, no existe una partida presupuestaria clara en el presupuesto municipal 2026 ni estudios de mercado o análisis de costos certificados.

La decisión intensificó el conflicto entre el Gobierno central, la Alcaldía de San Miguelito y la AAUD. En una reunión a puerta cerrada con concejales y el administrador de la AAUD y la alcaldesa Irma Hernández denunció falta de información, ausencia de un plan concreto y exclusión de su administración, asegurando que se vulnera la autonomía municipal y que el conflicto tiene un trasfondo político. También recordó que la decisión del Ejecutivo fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por su parte, la AAUD negó motivaciones políticas y defendió su intervención como necesaria para evitar una crisis sanitaria, asegurando que en dos semanas se logró una mejora significativa en la recolección. Moreno adelantó que el plan operativo será presentado próximamente, garantizó que no habrá aumento en la tasa de aseo y que los recursos se destinarán exclusivamente al servicio. Concejales, aunque reconocen avances, exigen una hoja de ruta clara y rendición de cuentas periódica.