Bernal sugiere al contralor Flores auditar fondos de la CTDA en la Universidad de Panamá

La CTDA es la encargada de fiscalizar, revisar y aprobar los programas, planes y sedes de estudios en todas las universidades particulares de Panamá

El catedrático y asesor presidencial, Miguel Antonio Bernal, sugirió al Contralor, Anel Flores, iniciar una auditoria de los fondos que recauda y administra la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), adscrita a la Universidad de Panamá.

La CTDA es la encargada de fiscalizar, revisar y aprobar los programas, planes y sedes de estudios en todas las universidades particulares de Panamá.

Las declaraciones de Bernal surgen luego de conocer que desde la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) hay cuestionamientos por la inusual demora en la tramitación de solicitudes de aprobación de actualización de planes de estudio y nuevas carreras por parte de CTDA.

La CTDA cobra por adelantado a las universidades particulares el 50% de la tarifa para la tramitación de solicitudes, pero estaría incumpliendo el plazo de 30 días que da la ley para darle contestación a las universidades.

Bernal precisó que esta investigación debe involucrar, además de la Contraloría, al Ministerio de Educación e incluso, el Ministerio Público.

Aseguró que la CDTA, que preside el Rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, y la secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin, está limitando “con premeditación” las acreditaciones de nuevas carreras que solicitan las universidades particulares.

Expresó Bernal que el Contralor “está autorizado por ley para hacer una investigación”.Desde la AUPPA han sido críticos del manejo de McLaughlin en la CTDA.

El Presidente de AUPPA, José Nieto Rojas, envió al Presidente de la República, José Raúl Mulino, una carta en la que detalla una “situación preocupante” que afecta a las universidades particulares.

“Nos hemos visto afectados por un incumplimiento de los plazos establecidos en el Resuelto 723-AL del 21 de marzo de 2022 (resuelto que complementa la Ley 52 de 2015). Este retraso en la aprobación o negación de carreras y programas nuevos, que puede oscilar entre 1 y 3 años, está generando una gran incertidumbre y limitando el desarrollo académico”.

Advierte que el manejo dentro de la CTDA “deja a nuestro país rezagado en comparación con el resto de América Latina en materia educativa”.

El presidente de AUPPA explica que la CTDA, según el marco legal vigente, tiene la responsabilidad de asegurar que se cumplan los plazos estipulados de revisión. Sin embargo, es evidente que lo que se está ocasionando es un proceso de evaluación prolongado y que actúa en detrimento de nuestras universidades.

Nieto argumentó que la CTDA “no tiene la facultad de detener indefinidamente los procesos de evaluación y su reglamentación, bajo el pretexto de falta de instrumentos o de expertos”.

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