Caen exrepresentante y extesoreros por presuntas irregularidades en fondos públicos de La Chorrera

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), aprehendió a un exrepresentante y a dos extesoreros de la Junta Comunal de El Coco, en el distrito de La Chorrera, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Estas diligencias se realizaron en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí, como parte de una investigación relacionada con el supuesto manejo irregular de fondos públicos durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024.

De acuerdo con el Ministerio Público, las acciones fueron autorizadas previamente por un juez de garantías y permitieron la ubicación de diversos indicios vinculados a las investigaciones en curso.

La investigación se originó por presuntas irregularidades en la administración de recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales correspondientes al periodo del 2 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.

En este expediente, la Fiscalía investiga una posible lesión patrimonial al Estado por $52,838, fondos que estaban bajo la responsabilidad de los funcionarios aprehendidos.

Como parte de las pesquisas, se incorporó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual señala inconsistencias en los desembolsos efectuados por la Junta Comunal de El Coco y la falta de documentación que justifique el uso de 147 cheques.

Además, el Ministerio Público mantiene una segunda investigación derivada de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Programa de Desarrollo de Interés Social.

Según la auditoría realizada por la Contraloría, se detectó la ausencia de documentos que sustentaran el uso de 324 cheques, situación que habría provocado una afectación económica al patrimonio estatal por $128,823.

La suma de ambos casos representa un posible perjuicio económico al Estado de aproximadamente $181,661.

Las tres personas aprehendidas serán puestas a órdenes de un tribunal de garantías para la celebración de las audiencias correspondientes.

Durante estas diligencias, la Fiscalía Anticorrupción solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que considere pertinentes dentro de la investigación.