Colón promete resistir: ‘la tierra no se vende’

Ayer Colón se despertó como lo venía haciendo desde hace cuatro días pero con más dolor por la muerte de un niño y más temor por los antimotines, el Senafront y las violaciones a los derechos humanos que se denunciaron durante todo el día. Igual, desde la mañana en la calle 10ª Central se leían pancartas que repetían la consigna que los locales llevaron a las dos marchas de la tarde y juran defender hasta el hartazgo: ‘‘Colón no se vende’’.

Por esas horas el Frente por la Democracia se reunía para tratar de adivinar cuál era el escenario de heridos, presos y desaparecidos. Algo imposible. Lo que sí supieron era que agentes de la Policía Nacional ingresaban a las casas de algunos vecinos de la ciudad y, sin orden judicial, apresaban a la gente. Entonces, junto a familiares de víctimas y detenidos, se dispusieron a marchar al cuartel para pedir por ellos. Fueron más de 200 a gritar que les devolvieran a los encerrados sin proceso. Por la tarde fueron más, convocados por la Iglesia, a pedir que el gobierno escuche y entienda para que haya paz.

‘Muerte de ngäbes, muertes en Colón’, decían las arengas, para remarcar la trilogía nefasta que parió el gobierno de Ricardo Martinelli y regó también por las redes sociales: Bocas del Toro, los ngäbes en Chiriquí y, ahora, Colón.

ALLANAMIENTOS

‘Entran a tu casa sin ninguna orden y tu estás con tu niño y tienes que defender a tu niño ¿qué vas a hacer si ellos tienen armas y uno no’?, decía en una esquina un joven del sector conocido como Tumba Fría cuando los agentes de la DIJ y la Policía Nacional ingresaron al edificio Fénix a sacar ‘malandros’ bajo el causal de vandalismo, según dijeron.

Ese no fue el único allanamiento realizado en la ciudad de Colón ayer. Después de los enfrentamientos entre los agentes policiales y la sociedad civil el pasado viernes, el Gobierno busca a los responsables de las manifestaciones: quieren sancionar a los que protestaron.

A pocos metros del Fénix llegaban uno a uno, o en grupo, jóvenes de diferentes barrios y procedencias sociales. Bajaban del carro policial esposados.

Familiares angustiados, madres llorando, vecinos curiosos, se amontonaban en los portones del Cuartel de Policía de la calle 12, reclamándole a los agentes que dejaran ver a las personas detenidas. No fue posible.

Dirigentes de partidos políticos y de la sociedad civil hicieron denuncias públicas sobre detenidos por persecución política. También dos abogados presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a Walid Saied, un abogado colonense que había sido acusado por el presidente Martinelli de ‘azuzar y financiar’ los disturbios del viernes y del que no se sabía el paradero.Incluso circuló un video casero donde se muestra la secuencia en la que un agente corre hacia un menor detenido, tirado en el suelo y que no opone resistencia, y lo patea con fuerza una y otra vez. Todo eso, alimentado por el desconcierto, impulsó el reclamo en la puerta del cuartel policial. Algunos sabían que su gente estaba allí. Familias como la de la doctora Santizo, indignadas porque Roberto y Juan Carlos, dos de los jóvenes del linaje de profesionales, fueron sacados de su casa a la fuerza y en el intento hasta los niños sufrieron. ‘La policía llegó tirando gases lacrimógenos por las ventanas y ante la asfixia nos tocó salir’, narra la galena llorando. Los cogieron a la fuerza, la madre y la hermana intervinieron y las golpearon. ‘Imagínese lo que pueden haberles hecho adentro del penal’, dijo. Mientras tanto, el Frente por la Democracia organizaba su plan de acción: determinar qué ha pasado con las personas detenidas, cuántos son, dónde y en qué condiciones están, bajo qué cargos se les detuvo. Extraoficialmente se hablaba de 150 personas detenidas. Las autoridades dijeron que eran 125. La comisión de abogados caminó hacia el centro policial y se encontró con negativas. ‘Venimos como representantes de las personas detenidas’, decían algunos de los 20 abogados de la comisión. La respuesta fue rotunda: ‘Ustedes no pueden representar a nadie’.Y ahí el intento vano de negociación: ‘¿Por qué? según la ley todos los detenidos tienen derecho a un abogado de oficio’. Ni defensa ni listas ni información, aunque el artículo 22 de la Constitución garantiza que todos los privados de libertad tienen derecho a un abogado.

MÁS MARCHAS

La Iglesia, como los empresarios, los partidos políticos y la sociedad civil, también se hizo eco de la situación y convocó a una marcha a las 3:00 p.m.

‘Policías asesinos’, ‘Fuera Leopoldo Benedetti’, ‘Martinelli, abajo tu gobierno’, gritaban algunos. Una decisión arbitraria, señalaban muchos. Y eso parece: el gobierno de Martinelli quiso vender las tierras de la Zona Libre de Colón tras el anuncio de austeridad en las finanzas del Estado, por un hueco de 400 millones de dólares. Aunque las autoridades pensaron en comerciar Farfán y Amador, optaron por la zona franca. La presión política deshizo en julio las intenciones de venta. Martinelli envió la propuesta a la Concertación, donde fue rechazada. Pero tres meses después volvió: ‘Uno vende porque hay oportunidad’, insistió el Presidente. Fuentes han adelantado que los avalúos de las tierras podrían llegar a los 100 millones de dólares. 35 millones de dólares serán destinados a obras sociales en Colón. La matemática simple arroja resultados irrisorios: sería, en promedio, 144.67 dólares por cada uno de los 241 mil 928 habitantes que tiene el lugar.‘Lo que está pasando ahora en Colón es la crónica de una muerte anunciada’, explicó el abogado Javier Ayarza. Y recuerda que desde hace tres meses, cuando la ley era aún proyecto, el pueblo colonense y los empresarios venían insistiendo en la negativa porque no se sentían representados. El Gobierno le pagó a algunos colonenses que son minoría, dijo el empresario Edgar rtíz, el tiempo pasó y en tres debates la Asamblea aprobó la Ley 72, que según él es inconstitucional porque en Panamá no se pueden vender los rellenos de mar y la Zona Libre de Colón está construida sobre rellenos. Colón, por supuesto, se despertó en la oposición a esa aprobación de Presidencia por su inconstitucionalidad y porque nunca preguntaron, dice un colonense. No hubo un referendo ni nada que incluyera a la ciudadanía. La gente se enojó y salió a las calles todos los días, como ayer.

Mientras ellos coronaban otra jornada de protestas con la quema de un muñeco de Sergio ‘Chello’ Gálvez, el presidente de la Asamblea que los mandó a llorar al cementerio, las noticias de las violaciones de los derechos humanos seguían llegando. Locales vandalizados, policías custodiando, toque de queda a las 4 de la tarde.

Y hay gente que no quiere denunciar por temor a represalias. Más cuando ven llegando comitiva tras comitiva de agentes de Senafront. ‘¿Qué hacen policías de Frontera en una ciudad de 220 mil habitantes?’, decía el consultor Gilberto Toro.

Igual, siempre, la resistencia en Colón: no se negocia con la tierras de todos. Una actitud que se demostró con dos marchas, denuncias y el la promesa de perseverar.