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- 29/10/2025 00:00
Los diputados del oficialista partido Realizando Metas, junto a los del PRD y Cambio Democrático, votaron en contra, en primer debate, de los dos proyectos de ley presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez, que buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción
Con los votos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático, el oficialista Realizando Metas planchó en la Comisión de Gobierno los dos proyectos de ley que presentó el procurador de la Nación, Luis Gómez, que buscaban fortalecer las investigaciones sobre delitos contra la corrupción.
Se trata del proyecto de ley 291, que adoptaba la Ley General Anticorrupcion, y el proyecto de ley 292, que modificaba artículos del Código Penal relativo a los delitos contra la administración pública. Este último, incluso, proponía penalización a las “botellas”.
Las iniciativas fueron presentadas en julio pasado y tres meses después, y a cuatro días de que termine la sesión ordinaria del pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobierno sometió a primer debate los proyectos de leyes.
Los diputados Luis Eduardo Camacho, Shirley Castañedas, de Realizando Metas; Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, así como los suplentes de Jairo Salazar y Raphael Buchanan, del PRD; votaron en contra. Mientras que los diputados de Vamos Janine Prado, Roberto Zuñiga y Luis Duke, así como el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, votaron a favor de las iniciativas.
Los dos proyectos habían generado debates a lo interno de la Asamblea y fuera del pasillo legislativo porque tanto diputados como sectores de la sociedad civil organizada exigían discutir y aprobar las iniciativas.
El diputado Camacho en varias ocasiones se había referido al tema, incluso llegó a decir que “cuanto más lo presionaban, más lento se ponía” y alegaba que los proyectos no se discutían porque estaba a la espera de la emisión de conceptos de algunas entidades.
Este martes, el diputado oficialista se volvió a referir al tema al iniciar el debate. “Hoy se encuentran en el orden del día (los proyectos de leyes) porque nos llegaron finalmente las emisiones de conceptos que habíamos solicitados a diversas agrupaciones y entidades. Este debate no se da por prisiones de medios de comunicación o de diputados , el debate se da porque los proyectos cumplieron con los requisitos que tenemos para el análisis”.
Las explicaciones de Camacho fueron refutadas por el diputado Duke, quien le recordó que para el proyecto de ley sobre amnistía, que buscaba beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli, fue discutido en primer debate sin la necesidad de emisión de conceptos. La iniciativa fue rechazada en abril pasado.
Al debate, este martes, estuvo el secretario general del Ministerio Público, Jorge de la Torre, quien sustentó que las propuestas respondía a una realidad innegable como es la corrupción que afecta considerablemente los sistemas democrático.
El flagelo de la corrupción es de una gran magnitud que en los círculos académicos se habla de este fenómeno como “hechos de lesa democracia”.
Explicó que los proyectos pretendían establecer disposiciones especiales para hacer más operativas y efectivas las investigaciones, logras el enjuiciamiento de los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, así como cualquier conducta delictiva que cause lesión patrimonial al Estado.
De la Torre también explicó que las entidades públicas afectadas por un delito no solo presentarán la denuncia, sino que se convirtiera en gestores activos del proceso, es decir en querellantes.
Una medida que adoptó el Ministerio de Gobierno, mediante un decreto ejecutivo, que ha sido cuestionado por diversos sectores al considerar que es una “procuraduría paralela”.
Para el diputado Camacho no se trata de una problema por falta de leyes, sino de voluntad y uso selectivo de la ley. “No lo veo dar ni una herramienta más al Ministerio Público para que utilice esas herramientas con selectividad”, insistió.
La diputada Castañedas, quien también ha sido abogada de Martinelli, dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto de ley porque violaba la Constitución y que la propuesta era retroatraer el sistema inquisitivo en las investigaciones judiciales.
“Panamá no es un país pobre: es un país empobrecido por la corrupción. Cada año se pierden más de $1,700 millones que podrían ser 10 hospitales regionales, 140 escuelas o 400 km de acueducto”, reaccionó la diputada Prado.
El diputado Duke también reaccionó al rechazo. “Ningún argumento valido para votar en contra, sólo falta real de voluntad de querer debatir y avanzar en materia anticorrupción estos proyectos”, dijo.
No son los únicos proyectos anticorrupción que la Comisión de Gobierno, que preside Camacho, ha rechazado.
Procurador Gómez reacciona: ‘Es lamentable’
El procurador general de la Nación, Luis Gómez, expresó su decepción por la decisión de la Comisión de Gobierno de archivar los proyectos de ley que buscaban agilizar las investigaciones por corrupción.
En declaraciones exclusivas para La Estrella de Panamá, Gómez señaló que resulta preocupante que los diputados solo hayan debatido el primer artículo de la propuesta de Ley General Anticorrupción antes de rechazarla, cuando el documento contenía 71 artículos orientados a fortalecer la investigación penal, garantizar la oportunidad procesal y asegurar la certeza del castigo.
“Combatir la corrupción es tarea de todos. Es una responsabilidad compartida entre quien denuncia, quien investiga, quien juzga y, sobre todo, quienes aprueban las normas que rigen las investigaciones”, subrayó el procurador.
Añadió que persistirá en su esfuerzo por reforzar las herramientas legales del Ministerio Público, dado que la lucha contra la corrupción “es una labor continua y en constante evolución”.
“El delito se adapta y se sofistica, y por eso las normas deben actualizarse conforme a las nuevas realidades criminales. Por ejemplo, el delito más representativo contra la administración pública —la corrupción— mantiene una pena de solo dos a cuatro años. Eso significa que no se considera grave, y que un delincuente primario puede evitar la prisión mediante multa o trabajo comunitario”, explicó.
Gómez advirtió además que los plazos de prescripción actuales son demasiado cortos, lo que podría permitir la impunidad en casos emblemáticos, como Blue Apple y Odebrecht.
“El proyecto de Ley General Anticorrupción duplicaba esos términos de prescripción. Sin embargo, esa propuesta ni siquiera fue discutida en primer debate”, concluyó.
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