Confirman detención para exfuncionaria de la AIG por estafa en sistema del vale digital

Actualizado
  • 27/02/2024 00:00
Creado
  • 26/02/2024 19:18

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional para una funcionaria de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), señalada por el delito de estafa y otros fraudes, específicamente por la presunta manipulación de la base de datos o sistemas informáticos en perjuicio de beneficiarios del sistema vale digital.

El caso es seguido por la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

A la mujer de 49 años, quien ocupaba el cargo de supervisora de operaciones de la AIG, se le imputaron 13 cargos por el mismo delito en perjuicio de 13 personas beneficiarias del Programa Vale Digital, teniendo como resultado la medida cautelar de detención provisional en seis de las causas desarrolladas durante el 15 y 16 de febrero de 2024.

La fiscal de circuito Auris Rodríguez indicó ante el Tribunal Superior de Apelaciones que aún prevalecen los riesgos procesales, tales como el peligro que representa la imputada por la pluralidad de casos que mantiene y la gravedad de la naturaleza del delito, para solicitar la medida cautelar.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre del año 2022, cuando la imputada valiéndose de su condición de funcionaria tenía acceso a la plataforma CedulaD, por lo que realizó modificaciones en las credenciales de acceso en la cuenta de usuario de diversos beneficiarios del programa de vale digital, proporcionándole dicha información a terceras personas que efectuaron, de forma ilícita, el cambio del beneficio en diversos comercios ubicados en el distrito de San Miguelito.

No es la primera vez que se dan imputaciones y detenciones por estafas relacionadas con el denominado vale digital. En octubre del año pasado, la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana imputó cargos por el delito de estafa a ocho personas, entre ellas dos funcionarios, quienes alteraron el sistema del vale digital perteneciente al plan de Panamá Solidario.

De acuerdo con el expediente, se alteraba la base de datos de la AIG, cambiando el número de pin y el subsidio económico se hacía efectivo en un comercio distinto al que frecuentaban las víctimas.

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