Piden congelar deudas bancarias y pago de servicios básicos

En marco de la crisis sanitaria que vive Panamá por la llegada del coronavirus (Covid-19), el Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) exige al Gobierno Nacional a manera 'urgente' la creación de una ley que permita el congelamiento de las deudas bancarias y del pago de servicios básicos como la luz y el agua. 

El gremio expresó su preocupación ante el duro golpe que comienza a sufrir la economía panameña  y alegan que los abogados —que en su mayoría están auto empleados— comienzan a disminuir las actividades habituales que les permitían generar ingresos.

Los abogados piden "el respaldo del Estado panameño ante la caótica situación que se le avecina a Panamá con una economía que irá disminuyendo a tal punto que no podrán cubrir sus necesidades".

El gremio basa su petición en el artículo 50 de la Constitución Política de Panamá, que dice lo siguiente:  Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó un paquete de medidas económicas para ablandar el impacto económico a causa de la crisis producida por la llegada del Covid-19 al país. Entre las alternativas que se incluyen están los períodos de gracia para el pago de hipotecas de tres o seis meses; ajustes en la tasa de interés; modificación de la hipoteca para que el banco y su cliente puedan extender el periodo del plazo del préstamo, así como la disminución del monto del pago de las cuotas pendientes. 

Estas alternativas aplicarán a las  hipotecas de vivienda, préstamos personales, de autos, o tarjetas de crédito, según señaló el superintendente de Bancos, Amauri Castillo, a La Estrella de Panamá.

El pasado lunes 16 de marzo, la diputada Zulay Rodríguez presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca establecer una moratoria de 90 días para el pago de compromisos financieros con entidades estatales y privadas.