Contralor Flores sobre auditoria a PPC: ‘Hicimos lo que tocaba, los puertos son panameños’

El contralor general de la República, Anel Flores, reiteró que las acciones emprendidas por el Estado panameño en torno al contrato de Panama Ports Company se realizaron dentro del marco legal y que cualquier investigación posterior corresponde ahora al Ministerio Público.

Durante su participación en la edición matutina de TVN Noticias, el contralor explicó que la auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Panamá inició el 15 de enero de 2025 y, tras su culminación, la institución presentó dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá: una de nulidad y otra de inconstitucionalidad contra el contrato que regía la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

“La Contraloría General de la República, el 15 de enero del año 2025, se inició esa auditoría, concluyó y producto de lo que encontramos, por mandato de la ley y como el deber de un Contralor es proteger los dineros públicos de todos los panameños, presentamos ante la Corte Suprema dos demandas, una de nulidad y una de inconstitucionalidad”, dijo.

El funcionario recordó que el fallo de la Corte declaró inconstitucional el contrato, lo que posteriormente llevó al gobierno a intervenir la operación de los puertos y establecer una administración temporal mientras se avanza hacia un nuevo proceso de licitación.

Según Flores, la Contraloría ya cumplió con su función al realizar la auditoría y remitir los hallazgos a las autoridades correspondientes.

“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, encontramos lo que encontramos que no nos gustó y no era lo correcto para el país, pero bueno ya la corte falló”, señaló.

También dijo que la contraloría cumplió con su labor de cumplir con la pobalción panameña. “Nosotros culminamos con la labor por la cual estamos en este puesto, es cumplir con los panameños y el dinero de los panameños y siempre lo dijimos, los puertos son panameños y no estaban a la venta”.

El contralor también subrayó que el objetivo del proceso ha sido garantizar que los recursos del Estado se utilicen correctamente y que los contratos con empresas donde el país es socio generen mayores beneficios para Panamá.

Disputa legal internacional

Las declaraciones de Flores contrastan con la postura de Panama Ports Company (PPC) y su accionista CK Hutchison Holdings, que la semana pasada anunciaron nuevas acciones legales contra el Estado panameño.

La empresa informó que presentó un arbitraje internacional contra la República de Panamá bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, en el que reclama al menos 2 mil millones de dólares en daños tras la toma de control estatal de los puertos de Balboa y Cristóbal ocurrida el 23 de febrero.

Además, PPC interpuso un recurso contra el Decreto Ejecutivo No. 23, mediante el cual se ordenó la incautación de bienes, equipos e información de la empresa, calificando la medida como “extrema y arbitraria”.

La compañía también solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá la devolución inmediata de documentos privados que, según afirma, fueron confiscados sin una autorización judicial válida.

Por su parte, CK Hutchison amplió su notificación de disputa bajo un tratado bilateral de inversión, alegando falta de transparencia y comunicación por parte del gobierno panameño durante el proceso.

Tanto PPC como su accionista sostienen que las decisiones adoptadas por el Estado han afectado el clima de inversión extranjera y aseguran que continuarán ejerciendo todas las acciones legales disponibles frente a Panamá, sus autoridades y terceros involucrados.