Contraloría denuncia penalmente a Panama Ports y exdirectivos de la AMP
- 18/11/2026 12:07
La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles irregularidades relacionadas con el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC), que podrían constituir delitos contra la Administración Pública.
La denuncia, presentada el 17 de noviembre a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, incluye a quienes integraron como principales y suplentes la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante ese período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.
La acción judicial surge de los posibles hallazgos contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, además de sus respectivas adendas.
Auditoría examinó una década de operaciones
La fiscalización comprendió el período entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Durante ese proceso, la Contraloría evaluó, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.
Según la institución, el informe identificó posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública. Por esa razón, remitió al Ministerio Público la documentación y la información correspondiente para que adelante las investigaciones.
La denuncia busca que las autoridades competentes examinen los hechos y determinen si existen responsabilidades penales.
El Ministerio Público deberá determinar responsabilidades
La presentación de la denuncia no representa una declaración de culpabilidad contra las personas o la empresa mencionadas. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos, establecer si se cometieron delitos y determinar quiénes podrían ser responsables.
La Contraloría recordó que los servidores públicos tienen la obligación de informar a las autoridades competentes sobre hechos que, durante el ejercicio de sus funciones, puedan presentar características de delito.
La entidad también anunció que continuará con sus labores de fiscalización y remitirá a las autoridades cualquier hallazgo o posible irregularidad que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.