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- 07/09/2026 16:28
El contralor anunció una ampliación pedida por el Ministerio Público y sostuvo que ahora corresponde proteger los activos portuarios del Estado
El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, afirmó que Panamá difícilmente podrá recuperar los $853 millones que, según una auditoría de la institución, dejó de percibir debido a las condiciones pactadas con Panama Ports Company (PPC).
Durante la sustentación del presupuesto de la Contraloría para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Flores fue consultado sobre las acciones necesarias para que esos recursos regresen al Estado.
El funcionario recordó que, de acuerdo con los cálculos de la entidad fiscalizadora, Panamá debió recibir aproximadamente $1,337 millones durante la relación contractual, pero solo habría percibido $483 millones.
“Esa es agua debajo del puente que no vamos a recoger”, expresó Flores. Posteriormente, ante la insistencia de un diputado sobre si el dinero se había perdido, el contralor respondió afirmativamente.
Flores atribuyó lo ocurrido a las decisiones adoptadas por funcionarios panameños y señaló que el país debe concentrarse ahora en recuperar y proteger sus activos, así como ponerlos en condiciones de generar los beneficios que no obtuvo durante la concesión.
Contraloría entregará ampliación al Ministerio Público
El contralor informó que la institución trabaja en una ampliación solicitada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones relacionadas con PPC.
“Esperamos tener esa ampliación concluida en las próximas dos o tres semanas para hacérsela llegar al Ministerio Público”, indicó.
Flores sostuvo que corresponderá a las autoridades judiciales establecer responsabilidades y determinar si existen mecanismos para recuperar parte de los fondos mediante los procesos contra quienes resulten involucrados.
La auditoría presentada por la Contraloría en abril de 2025 también señaló presuntos incumplimientos por más de $300 millones, operaciones con empresas relacionadas y dudas sobre las inversiones exigidas para renovar la concesión. La entidad aseguró que PPC solo pudo sustentar $690 millones de los $1,000 millones requeridos.
PPC rechazó esos señalamientos y afirmó que había invertido $1,700 millones en los puertos de Balboa y Cristóbal y pagado $668 millones al Estado. También ha defendido la legalidad de sus actuaciones y de la prórroga contractual.
De la renovación al fallo de la Corte
El contrato original fue aprobado mediante la Ley 5 de 1997 para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Sus condiciones económicas fueron modificadas en 2002 y la concesión fue prorrogada en 2021 por otros 25 años.
La renovación ocurrió durante la gestión del excontralor Gerardo Solís. Su administración realizó una auditoría que concluyó que PPC había cumplido sustancialmente sus obligaciones. Flores cuestionó posteriormente esa interpretación y sostuvo que la prórroga no contó con el refrendo de la Contraloría.
En julio de 2025, Flores presentó acciones para anular el contrato y declarar su inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió el 29 de enero de 2026 declarar inconstitucional la Ley 5 de 1997, así como la prórroga y sus actos relacionados. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial en febrero.
Tras la decisión, el Estado asumió el control de las terminales y activó un esquema transitorio para mantener su operación, mientras se define el modelo permanente de administración.
Presupuesto solicitado
La Contraloría solicitó aproximadamente $149.9 millones para 2027, frente a los cerca de $145 millones recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La entidad pidió incorporar $4.8 millones adicionales provenientes de sus propios ingresos.
Al 31 de julio de 2026, la institución había ejecutado el 75.5% de su presupuesto modificado de $152.2 millones.
¿Qué papel tuvo la Contraloría dirigida por Gerardo Solís en la renovación de la concesión de PPC?
Durante su gestión se realizó una auditoría que concluyó que PPC había cumplido sustancialmente sus obligaciones. Ese informe fue utilizado por la Autoridad Marítima para sustentar la prórroga de 2021, aunque Anel Flores sostiene que la renovación nunca recibió el refrendo formal de la Contraloría.
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