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Contraloría ordena secuestro de bienes a exdirector de la CSS por $2.9 millones
- 19/05/2026 16:35
Auditoría forense detectó pérdidas millonarias en medicamentos vencidos, compras excesivas y traslados de fondos de la Caja de Seguro Social al Gobierno Central
La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes, cuentas bancarias, vehículos y créditos contra el Estado del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, hasta por 2.9 millones de dólares, tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades en el manejo de insumos médicos y medicamentos durante su administración.
La medida precautoria quedó establecida en la Resolución 3988-2025-LEG/UA del 25 de noviembre de 2025, remitida posteriormente al Registro Público de Panamá para la inmovilización de propiedades registradas a nombre del exfuncionario.
Según el documento oficial, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense identificó “compras excesivas de insumos médicos quirúrgicos y medicamentos” que terminaron en pérdidas millonarias por vencimiento de productos, además de “traslados de partidas millonarias desde la Caja de Seguro Social hacia el Gobierno Central sin controles adecuados”.
Las irregularidades investigadas abarcan el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, años marcados por la pandemia, la crisis hospitalaria y las constantes denuncias por desabastecimiento en la CSS.
La auditoría sostiene que la entidad emitió resoluciones de descarte por 2,913,121.24 dólares debido a medicamentos e insumos médicos “no aptos para el consumo humano”, situación que habría impactado directamente la atención de consultas externas, cirugías y otras especialidades médicas.
El expediente agrega que la pérdida patrimonial se originó por “la falta de atención” en distintos servicios médicos, en momentos en que pacientes y gremios denunciaban escasez de medicinas y demoras quirúrgicas en hospitales públicos.
La Contraloría sostiene que existen elementos suficientes para adoptar medidas precautorias y garantizar los resultados de un eventual proceso de cuentas.
Por ello, la resolución ordena el secuestro de propiedades inscritas en el Registro Público, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, tarjetas de crédito, vehículos y cualquier crédito que el exdirector mantenga contra el Estado.
“El registrador deberá abstenerse de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el secuestrado con posterioridad a la comunicación de secuestro”, señala la nota enviada al Registro Público.
La medida también alcanza fondos depositados en bancos, cooperativas e instituciones financieras del país.
El caso coloca nuevamente a la CSS bajo escrutinio público, luego de años de cuestionamientos por compras médicas, desabastecimiento y manejo financiero durante la administración pasada.
Durante la gestión de Lau Cortés, la institución enfrentó fuertes críticas por la falta de medicamentos, atrasos en cirugías y reclamos de pacientes por la atención hospitalaria, especialmente tras la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Ahora, las investigaciones de la Contraloría apuntan a determinar si parte de esas decisiones administrativas causaron una afectación patrimonial al Estado.
La resolución aclara que las medidas precautorias no suspenden el derecho del investigado a presentar reconsideraciones o recursos legales, aunque estos no detienen la ejecución inmediata del secuestro de bienes.
El proceso se mantiene bajo investigación de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias patrimoniales y financieras relacionadas con el caso.
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