Contraloría prepara demanda para frenar jubilaciones especiales en la Corte Suprema

Crece el rechazo por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de permitir una jubilación del 100 % para magistrados y jueces de este poder del Estado, tras la creación de un fondo de pensiones especiales con el Acuerdo N.° 407, publicado en Gaceta Oficial el pasado viernes 8 de agosto.

El contralor de la República, Anel Flores, se refirió la tarde de ayer sobre este acuerdo. Confirmó que desde la Contraloría se está preparando una demanda de inconstitucionalidad sobre el fondo de retiro especial.

“Estas personas están ganando 20 veces más de lo gana el panameño de a pie. Esas son cosas que nos deben llamar a la reflexión. Estas autoridades ganan un buen salario, por lo tanto, no están para estar pidiendo aumentos. No es el tiempo correcto”, criticó Flores.

Sin embargo, también aclaró que la demanda que planea presentar será revisada por los propios magistrados que aprobaron el Acuerdo N.° 407. “Espero que ellos reflexionen y que tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía porque ese dinero puede ser utilizado para tantas cosas que requiere el panameño”.

Con la demanda en proceso de preparación, el contralor afirmó que agotará todos los recursos posibles para frenar lo que, a su juicio, constituyen “abusos” en una economía que, según dijo, no está en condiciones de sostener esos incrementos.

”Los goles vienen todos los días de todos lados. Veo que no van a parar. Me siento mal al igual que el resto de los panameños: decepcionado de estas autoridades por la forma y la falta de conciencia, así como del juega vivo”, declaró.

Por otro lado, la exmagistrada de la CSJ Elizabeth de Troitiño dijo que el fondo de pensiones especiales es una decisión que compromete al sistema de justicia y el Poder Judicial como órgano del Estado, al cual se le demanda confianza y credibilidad en su actuar.

Asimismo, explicó que este tema seguirá causando rechazo y cuestionamientos entre los panameños, “considerándola como otra expresión más del poder que se descalifica”, debido a los recientes reclamos por las jubilaciones, el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) y los “grandes pendientes que clama la sociedad”.

“Si hay una crisis económica que impide dar las respuestas sociales básicas a la población, no se puede aceptar más privilegios para unos y escasez para otros. Además, la legalidad [del acuerdo] requiere de la mayor claridad y precisión jurídica”, comentó a La Estrella de Panamá.

Quienes también se expresaron negativamente sobre el fondo de pensiones fueron los diputados de la bancada Seguimos de la Asamblea Nacional. En un pronunciamiento conjunto, Ernesto Cedeño Alvarado, Grace Hernández, José Pérez Barboni y Betserai Richards advirtieron de que esta disposición invade competencias de la Asamblea Nacional, a la que consideran el órgano legítimo para la creación de leyes.

También advirtieron de que la medida representa una mayor carga y presión fiscal sobre el Presupuesto General del Estado, por lo que pidieron un papel más activo de control y fiscalización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

“No estamos de acuerdo con fueros y privilegios”, subrayaron los diputados, reafirmando su postura contra beneficios especiales que, según indican, comprometen los recursos públicos y la equidad en el sistema de jubilaciones.

El acuerdo aprobado por la CSJ beneficiará a 133 jueces y magistrados que están próximos a jubilarse, así como a las personas en estos cargos que a futuro reciban este beneficio.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también se pronunció sobre la medida, calificándola de “imprudente, inoportuna y éticamente cuestionable”.