Contrato minero: fideicomisos, concesiones y beneficios fiscales

Minera Panamá pagará $395 millones al Gobierno panameño por obligaciones tributarias, regalías y declaración jurada al 31 de diciembre de 2021 y 2022. El pago debe hacerse efectivo dentro de los 30 días posteriores a la publicación en Gaceta Oficial del nuevo contrato de concesión de 12.995 hectáreas para la explotación de cobre, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, que será por un periodo de 20 años prorrogables.

Así lo establece el contrato entre el gobierno y la empresa, que ha sido publicado en la plataforma Ágora (https://agora.gob.pa/ContratoMineraPanama), por 30 días, en aras de la transparencia y, para la consulta pública del proyecto Mina de Cobre Panamá.

La décima novena cláusula del contrato establece que este es un “pago acordado” entre las partes para finiquitar las obligaciones tributarias. Por lo tanto, el Estado libera a la empresa concesionaria de cualquier responsabilidad que pueda haber por tributo, regalías o declaración en dicho periodo, así como sus respectivos recargos, intereses, multas o penalidades. A cambio, la empresa concesionaria renuncia a las solicitudes de créditos fiscales para pagos de impuestos municipales.

El Estado, sin embargo, reconocerá la inversión de infraestructura realizada por la concesionaria al momento de la publicación del contrato con un crédito fiscal de $37 millones.

Este documento también establece una hoja de ruta de los ingresos que recibirá el Estado por la concesión minera, los tiempos establecidos de operación, los compromisos de la empresa con el fisco y la creación de un plan de cierre de mina, entre otros temas.

En la primera cláusula, el Estado se compromete a otorgar a una afiliada de la concesionaria una concesión o concesiones de exploración de oro, plata, molibdeno, en el área de la concesión, pero fuera del área de cobertura de las operaciones mineras actuales.

El ingreso mínimo que debe garantizar la empresa minera al Gobierno panameño es de $375 millones anualmente. Adicionalmente debe pagar regalías por el 12% y 16% en función de la ganancia bruta. Y 2% como regalía mínima.

El contrato establece los compromisos de la empresa por derechos de uso y servidumbre fuera del área de concesión. Este pago también se realizará anualmente y durante la vigencia del contrato, a razón de $10 por hectárea o fracción de hectárea. Y cánones por el uso de agua.

La empresa también pagará impuestos sobre la renta, impuestos de dividendos, impuestos de remesa, de ITBMS por sus compras.

Los ingresos que recibe el gobierno de la operación minera –hasta la suma de $400 millones– serán asignados de la siguiente manera: 50% al programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), 20% para el aumento de las jubilaciones y pensiones a $350 mensuales, 25% para becas y proyectos de municipios aledaños y 5% a la construcción del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar Docente.

Para el manejo de este dinero se establecerá el fideicomiso “Conquista del Atlántico”, que tendrá como fiduciario al Banco Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, como fideicomitente. Los ingresos estatales de la actividad, que excedan los $400 millones, pasarán al Tesoro Nacional.

El plan de cierre de la mina debe contemplar un plan de recuperación ambiental y abandono de acuerdo con el estudio de impacto ambiental. En material ambiental, la empresa está obligada a presentar al Ministerio de Ambiente un plan de contingencia que aplique tecnología adecuada y eficiente para la captura de sustancias químicas en ríos y cuerpos de agua ubicados en el área de concesión y fuera de estas que hayan sido afectadas por la actividad minera. La empresa también implementará un mecanismo de producción limpia y economía circular.

El contrato tiene una duración inicial de 20 años a partir del 22 de diciembre de 2021. En caso de que la vida útil de la mina exceda el contrato inicial y en caso de que no se haya dado incumplimiento, la empresa concesionaria podrá solicitar una prórroga de otros 20 años. Y si la vida útil de la mina excede el plazo de la prórroga, podrán acordar una adicional en los términos y condiciones que estimen las partes.

El cumplimiento de las obligaciones del contrato estará sujeto a una fianza por la suma de $70 millones, que se mantendrá vigente durante toda la concesión y en caso de prórroga. Esa fianza será “irrevocable” y se emitirá en el Ministerio de Comercio e Industrias y en la Contraloría de la República de Panamá.

Una cláusula anticorrupción que permite al Estado dar por terminada la relación si se comprueban actos de corrupción en los que haya incurrido la empresa, también se ha incluido en el contrato. Y la creación de la oficina especial del Estado, con un máximo de seis funcionarios para labores de supervisión, monitoreo, control, seguimiento y verificación de las normas ambientales y labores mineras, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En diciembre de 2021 quedó en firme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 21 de diciembre de 2017, que establecía la inconstitucionalidad del contrato ley 9 del 25 de febrero de 1997, de las operaciones mineras.

Durante 14 meses, el gobierno y la empresa trabajaron para crear un nuevo contrato acorde con la ley, que reflejara con exactitud los compromisos pactados.

“Responsablemente, nuestro equipo redactor tomó el tiempo necesario para lograr un texto que protegiera los intereses del pueblo panameño”, mencionó el titular de Comercio e Industrias, Federico Boyd Alfaro, previamente.

Después de la consulta pública, el contrato debe ser presentado al Consejo de Gabinete y, después de su aprobación, a la Contraloría General de Panamá. Posteriormente debe ser sustentado en la Asamblea Nacional de Diputados.

Si es aprobado por los diputados, debe ser sancionado por el presidente, Laurentino Cortizo, como ley de la República.