Costa Rica advierte de que no podrá gestionar a migrantes

A pocos días del final esta semana del Título 42, una normativa sanitaria que permite a Estados Unidos expulsar en caliente a migrantes, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, aseguró este lunes 8 de mayo que su país solo puede procesar un número limitado de personas que se encuentren de camino hacia el norte.

Las afirmaciones de Tinoco se conocen dos semanas después de que el Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que en los primeros cuatro meses de 2023 por la selva de Darién pasaron más de 127 mil inmigrantes.

“Nosotros podríamos procesar bien 250 a 400 migrantes diarios de sur a norte, pero no, como sucedió en septiembre y octubre pasados, 4,000 diarios”, advirtió el ministro costarricense de Exteriores en declaraciones a EFE durante una visita a Viena, la capital de Austria.

El canciller recordó que el próximo 11 de mayo termina la aplicación del Título 42 en las fronteras entre Estados Unidos y México, lo que hace esperar “una nueva ola migratoria” en Centroamérica.

Tinoco destacó además que en Nicaragua a muchos migrantes “les cobran un monto por transitar”, lo que les obliga a quedarse un tiempo en Costa Rica para trabajar y ahorrar, con el objetivo de seguir su tránsito hacia Estados Unidos.

“Tenemos una tasa de desempleo del 11% que no queremos engrosar (más todavía)”, señaló el canciller con respecto al casi millón de inmigrantes, en su mayoría de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, que se encuentran actualmente en el país centroamericano, de unos 5,1 millones de habitantes.

“Los volúmenes y las cantidades de refugiados alcanzan proporciones que rayan ya lo imposible de financiar para el Estado costarricense”, concluyó Tinoco, quien cuantificó los fondos públicos necesarios para ese fin en unos $200 millones.

Según datos oficiales, Costa Rica cuenta con unas 607 mil personas extranjeras regularizadas en estos momentos, un 60% de ellas son nicaragüenses, que huyeron de su país por la mala situación económica y por la represión política bajo el régimen de Daniel Ortega.