Colisiones menores: ¿quién responderá por los daños?

PANAMÁ. Entra el 2011 y los más de 300 mil propietarios de autos a nivel nacional deben enfrentarse a nuevas disposiciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). De esos, unos 40 mil vehículos de la ciudad capital sufrirán un alza en el impuesto de circulación vehicular.

El primero de los casos regirá desde el 1 de febrero de 2011. La ATTT busca que las colisiones menores no produzcan tranques vehiculares, al tiempo que establece sanciones de hasta 50 dólares a aquellos conductores que obstaculicen las vías, sin que se hayan registrado personas lesionadas.

La segunda disposición intenta recaudar fondos para las arcas municipales de la capital para invertirlos en proyectos, tales como estacionamientos soterrados y el embellecimiento de la ciudad. Este incremento, que dependerá del precio del auto, se empezará a cobrar a partir del 1 de marzo próximo.

Ambas medidas dejan una serie de preguntas entre los propietarios de autos, como por ejemplo, qué tan efectivo es resolver un problema de choque leve sin la presencia de un agente de la policía para que las empresas aseguradoras cumplan con lo pactado en el acuerdo cuando una de las normas establecidas por ellas es no aceptar su responsabilidad sin el visto bueno de la agencia.

Otra es el temor de la ciudadanía de que el ‘remedio sea peor que la enfermedad’ al desatarse enfrentamientos entre los involucrados en un choque sin que lleguen a acuerdos amistosos en la corresponsabilidad del incidente. La falta de educación y concientización en el tema puede provocar que casos como estos lleguen hasta las corregidurías y juzgados de tránsito sin necesidad.

De concretarse un acuerdo entre las partes, el mayor riesgo para el afectado es la validez de la póliza de seguro al momento del choque, dejándolo a merced de su suerte y de la buena voluntad de las compañías aseguradoras.

En la ATTT, el director del Registro Vehicular, Nicolás Brea, explicó que para evitar este tipo de anomalías se llegó a un acuerdo con la Asociación Panameña de Aseguradoras (APADEA) para que sus clientes no queden desprotegidos al momento de una colisión. ‘Si bien es cierto acordamos junto a la APADEA el decreto, ellas están conscientes de la necesidad de despejar las vías cuanto antes y por lo tanto se comprometieron a cumplir a cabalidad el compromiso con sólo llenar un formulario único y aceptar responsabilidades al momento del incidente. El funcionario reconoció que existe malestar con el tema de las aseguradoras, pero adelantó que actualmente se reúnen con la APADEA para modificar las normas que aplican las aseguradoras al momento de una colisión.

Sobre la depreciación de los carros cuando ocurre un accidente, en la APADEA informaron que nada tiene que ver el valor del auto al momento de hacerle frente a un caso y lo que determina la cobertura es la capacidad máxima o mínima de la póliza de daños a terceros.

El abogado y ex director de la ATTT Carlos Harris coincide con la opinión de la mayoría de los clientes de aseguradoras. ‘Te están obligando a quedar en manos de las compañías aseguradoras, que no siempre cumplen, porque rehúyen su compromiso’.

Harris considera necesario establecer normas específicas que obliguen a las aseguradoras a pagar por daños a terceros. También que se dé a conocer cómo se tramita un seguro y cuál es su aplicación en la realidad.

Carlos Rabat, asesor de seguros y jubilado de la compañía aseguradora ASSA, está consciente de la molestia de las personas y responsabiliza a la falta de información que existe al momento de la compra de una póliza de seguro. ‘Las personas no se informan lo suficiente; es necesario que conozcan el alcance del mismo, el límite de pago y vigencia, pero por sobre todo, que estén al día en su pago anual’.

Rabat reconoce que es necesario educar a las personas porque son normas que ya se ponen en práctica en otros países con buenos resultados.

El alza del impuesto de circulación vehicular es otra medida que ya cuestionan los abogados porque, alegan, existen fallos ante disposiciones similares que podrían señalar el decreto municipal como inconstitucional.