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Actualizado
- 25/02/2024 00:00
Creado
- 24/02/2024 17:39
El propósito es determinar si se ha producido o no una vulneración de los derechos humanos de los funcionarios
La Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de la Presidencia. El fundamento de esta investigación radica en la posible violación de los derechos humanos de los servidores públicos, específicamente debido al pago incompleto del décimo tercer mes.
Según un comunicado de prensa, Eduardo Leblanc González, el Defensor del Pueblo, ha exigido a las entidades gubernamentales y otras instituciones relacionadas con esta investigación que presenten un informe en un plazo no superior a 5 días hábiles. El objetivo de este informe es determinar si se ha producido o no una vulneración de los derechos humanos.
Además, el Ombudsman ha otorgado autorización a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos para llevar a cabo inspecciones en cualquier institución pública y realizar otras diligencias pertinentes.
A principios de febrero de 2024, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el establecimiento de un tope salarial para el cálculo del décimo tercer mes de los funcionarios. Esta decisión sentó las bases para la actual investigación de la Defensoría del Pueblo.
En una comunicación durante la semana, el Gobierno informó que el primer pago correspondiente a la partida de abril de 2024 se realizará en dos fechas y se calculará en función del salario de cada funcionario. El primer desembolso se efectuó el viernes 23 de febrero, mientras que el remanente necesario para completar esta primera partida se desembolsará en abril de 2024.
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