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- 06/10/2025 18:34
Peñalba es acusada de presuntas irregularidades incluyendo nombramientos que no cumplen los requisitos legales y la asignación de funciones fuera de su competencia.
El abogado panameño Abdiel E. González Tejeira presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia criminal contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, por presunta extralimitación de funciones y otros delitos relacionados con la administración pública.
La acción legal se fundamenta en supuestas irregularidades en la creación y asignación de cargos y funciones dentro de la estructura del municipio.
González Tejeira argumenta que, según la Ley N°106 de 1973 y sus modificaciones, únicamente el Consejo Municipal tiene la facultad de crear o suprimir cargos municipales, así como asignar funciones, periodos, asignaciones y viáticos.
Sin embargo, asegura que la alcaldesa emitió el Decreto Alcaldicio N° 03 del 6 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial Digital N° 30149, a través del cual asignó funciones y nombró personal en direcciones del municipio que le correspondían exclusivamente al Consejo Municipal.
La denuncia detalla que el decreto permitió la creación de cargos y la asignación de funciones en la Dirección de Obras y Construcciones, incluyendo la designación de una ingeniera en Marítima Portuaria como directora, cuando los requisitos legales establecen que el cargo debe ser ocupado por un ingeniero civil o arquitecto.
Además, la acción legal señala que la alcaldesa habría asignado funciones propias del Ingeniero Municipal, sobrepasando sus competencias legales.
La denuncia incluye una solicitud de entrevistas a varios funcionarios del Municipio de Arraiján que podrían aportar información sobre las acciones de la alcaldesa.
González Tejeira advierte que, de comprobarse las irregularidades señaladas, podrían configurarse prácticas conocidas como “red de botellas”, debido a los nombramientos y asignaciones de funciones presuntamente efectuados al margen de la ley.
La Fiscalía Anticorrupción será la encargada de determinar si procede abrir una investigación formal sobre los hechos denunciados.
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