Denuncian en Panamá ante la CIDH abusos de mineras canadienses en América Latina

Persecución a opositores, impunidad judicial, corrupción y daños ambientales graves son las denuncias que comparten ciudadanos alrededor de Latinoamérica contra empresas mineras canadienses operando en sus países. Este martes 27 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en Panamá una audiencia dirigida a Canadá, y las obligaciones internacionales de las empresas extractivas.

Antes de la audiencia, miembros representantes de seis países latinoamericanos denunciaron en conferencia de prensa los abusos vividos en sus países.

Uno de ellos fue José Luis Abarca, cuyo padre, Mariano Abarca, fue asesinado en México tras oponerse a un proyecto minero.

“Mi nombre es José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, asesinado el 27 de noviembre del 2009 por una empresa canadiense, Blackfire. Hemos venido aquí a la ciudad de Panamá a solicitar una audiencia ante la Comisión para que sea admitida una demanda que tenemos ante el gobierno canadiense desde el 2023. Una demanda, una lucha y una exigencia de justicia por parte de la familia, por parte de organizaciones civiles y por parte de otros defensores de derechos humanos y ambientalistas”, manifestó Abarca.

En este caso, se denuncia corrupción por parte de las autoridades mexicanas que recibían pagos de la empresa minera presuntamente a cambio de controlar a Abarca, llegando a detenerlo sin pruebas de crímenes. A pesar de múltiples reportes avisando que su vida estaba en peligro, Abarca no solo no fue protegido, sino finalmente asesinado. Las investigaciones continúan para encontrar a los responsables tras su asesinato, pero su hijo culpa a la empresa, la cual siempre operó en México con el apoyo de la embajada canadiense.

Las denuncias contra mineras canadienses en Latinoamérica no se limitan a México. La panameña Leysi Rodríguez compartió la realidad que se vive actualmente en Donoso con el proyecto minero.

“Hemos vivido la estigmatización y la criminalización por parte de las autoridades y de la misma empresa minera, tratando a nuestras organizaciones de narcos, como bien lo dijo el presidente de la República. Siempre se nos tacha de izquierdista, de revoltosos y de toda clase de nombres para amedrentar y para desestabilizar nuestras organizaciones y dejarnos mal ante el público, sabiendo que sólo defendemos nuestros derechos como pueblos campesinos y pueblos indígenas de la región y que nos preocupamos por el principal recurso de este país que es el agua y que lo necesitamos de manera saludable”, declaró.

El abogado Carlos Bichet, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) se refirió a la responsabilidad que tiene el gobierno de Canadá sobre lo que hacen las empresas de su país en la región.

“La mina de cobre Minera Panamá es la octava mina más grande del mundo y una de las más grandes en Centroamérica. Y eso hace alusión a que no escapa del gobierno canadiense el tener obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos de debida diligencia, supervisión, monitoreo y responsabilidad por los impactos que esa minería pueda tener no solamente en el medio ambiente, sino también en las personas defensoras de derechos humanos, de los territorios y la naturaleza, que día tras día se alzan en la defensa de la naturaleza y su territorio”, afirmó Bichet.

La abogada canadiense Charis Kamphuis, del Justice & Corporate Accountability Project, habló sobre la realidad en Canadá y las expectativas que tienen sobre la audiencia de hoy.

“Desde el año 1999, Canadá está enterada de estos impactos, daños, de estas violaciones, en muchos casos por sus propios estudios y procesos federales. Desde el año 2002, los órganos de la ONU han emitido más de 11 declaraciones, junto con varias declaraciones de la Comisión de la OEA, expresando profunda preocupación por esta situación”, advirtió Kamphuis que tiene un doctorado en el Osgoode Hall Law School. “Sin embargo, Canadá sigue dando amplios y fuertes apoyos al sector y a las empresas mineras canadienses en el extranjero. Da apoyo político a través de la diplomacia económica, da apoyo económico, préstamos favorables y también da apoyo legal, varios tipos de apoyo. Da al mismo tiempo, no tienen mecanismos adecuados ni efectivos para facilitar acceso a la justicia cuando hay daños, no tiene requerimiento de investigar, de sancionar, de dar reparaciones a las víctimas y los afectados. Eso significa que Canadá está fallando en cumplir con sus obligaciones internacionales. Y este es el mensaje que vamos a dar a la Comisión Interamericana el día de hoy”, concluyó.