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- 15/01/2026 00:00
Más de la mitad de la población no identifica una institución confiable, según la encuesta Vea Panamá, que evidencia un déficit estructural de legitimidad estatal
El malestar económico convive con un deterioro profundo de la confianza institucional.
El 44,6% de los ciudadanos afirma que no confía en ninguna institución del país, mientras que un 11,2% responde que no sabe o prefiere no contestar.
Esa es una de las lecturas que deja la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basado en 1.510 entrevistas cara a cara aplicadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas.
El levantamiento, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, permite observar no solo fotografías puntuales, sino la evolución de la percepción ciudadana a lo largo de varios momentos del último año y medio.
En conjunto, más del 55% de la población no identifica una sola institución que considere confiable.
Este dato es particularmente significativo, porque habla menos de una crisis puntual y más de un déficit estructural de legitimidad.
La ausencia de referentes institucionales sólidos debilita la capacidad del Estado para articular consensos, implementar reformas y canalizar demandas sociales.
Entre quienes sí mencionan alguna institución confiable, la confianza se concentra en entidades de carácter técnico u operativo.
La Autoridad del Canal de Panamá lidera con 6,7%, seguida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos (5,7%) y el Sistema Nacional de Protección Civil, Sinaproc (5,6%).
Se trata de instituciones asociadas a la gestión eficiente, la respuesta a emergencias y la prestación directa de servicios.
En contraste, las instituciones del sistema político y de control aparecen con niveles de confianza considerablemente más bajos.
El Tribunal Electoral obtiene un 4,4%, la Corte Suprema de Justicia un 3,2%, la Contraloría General de la República un 2,8% y la Caja del Seguro Social apenas un 2,0%.
Este patrón sugiere que la ciudadanía distingue entre instituciones que “resuelven” y aquellas que “deciden”.
Se valora la eficiencia operativa, pero se mantiene una fuerte desconfianza hacia los espacios donde se ejerce el poder político, judicial y fiscalizador.
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