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- 01/09/2025 00:00
La deuda del Estado panameño llega a $57.515 millones en julio de 2025, la cifra más alta de nuestra historia. El dato refleja una tendencia que preocupa: en 13 meses, de junio 2024 a julio 2025 y se cuestionan los “movimientos cosméticos” de las autoridades para administrarla, una señal que genera “desconfianza”.
El país se ha endeudado adicionalmente en más de $5.700 millones en lo que va de esta administración.
En junio de 2024 el saldo era de $51.813 millones, según la información de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Solo en los primeros siete meses de 2025, el incremento fue de $3.778 millones, pero expertos advierten que a eso hay que sumarle la deuda de los proyectos llave en mano, la deuda de las empresas donde el Estado es el dueño, la deuda generada mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP) y las cuentas por pagar a los proveedores.
La estrategia de los bonos
Pero, además, se observa una tendencia de pagar con bonos deudas del Estado, una práctica que, según el experto en economía, Ernesto Bazán, pareciera intensificarse en la administración Mulino.
Por ejemplo, la semana pasada el Consejo de Gabinete aprobó emitir títulos de valores para cumplir con los aportes del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).
Se trata de las contribuciones entre 2020 - 2023 por $1.200 millones más $690 millones en intereses, en cuatro pagarés.
Adicionalmente, el MEF comenzó a pagar, a partir de mayo 2025, la obligación generada de $271 millones a los bancos que participan en el Régimen de Intereses Preferenciales Hipotecarios, según nota de prensa de la misma entidad.
Esta no es una práctica nueva. En 2024, mediante decreto ejecutivo, el gobierno anterior canceló $651 millones a los bancos locales en concepto de intereses preferenciales e incentivos fiscales en materia de restauraciones en el Casco Antiguo, de las solicitudes de créditos validadas al 31 de enero de 2024.
A lo anterior se suma el pago del aporte de $960 millones a la Caja de Seguro Social producto de la ley 462 que reformó el sistema de pensiones y fuentes a lo interno del MEF, que pidieron no ser citadas, indicaron que se baraja esta posibilidad, toda vez que existe un problema con los ingresos.
Mientras tanto en el primer semestre del año se recaudaron ingresos por $3.911 millones, $875 millones por debajo de la meta del MEF.
Además, el ministro del MEF, Felipe Chapman reafirmó en una reciente comunicación oficial que “en ningún momento se ha hablado de aumento de impuestos, reforma fiscal o reforma tributaria”.
Contrariamente, desde mayo que este diario publicó que la actual administración se sigue endeudando para pagar planilla y subsidios debido a que el ahorro corriente es negativo porque los ingresos corrientes no son suficientes para pagar los gastos corrientes.
Ante la consulta de este medio, la viceministra de Economía, Eida Grabriela Sáiz, indicó que “se está analizando y revisando el régimen de incentivos fiscales, exoneraciones tributarias, entre otros para determinar el beneficio en la economía”.
Sin embargo, más allá de las acciones referentes a mejorar la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms) como la lotería fiscal, no ha habido un solo reporte de otras estrategias para mejorar la evasión fiscal o la brecha de incumplimiento tributaria que supera los $8 mil millones solo en impuesto sobre la renta.
Movimiento ‘cosmético’
¿Para qué se pagan los compromisos con bonos?, Bazán explicó que cuando se cumple una obligación a través de un instrumento de deuda, se evita aumentar los gastos, ya que no hay un pago en efectivo.
“Sin embargo, se aumenta la deuda. Es decir, en la práctica, es evita aumentar el déficit fiscal, pero se aumenta la deuda directamente”.
A su juicio se trata de un “movimiento totalmente cosmético, porque cuando se busca reducir el déficit fiscal, se hace precisamente para no aumentar la deuda, porque ese “hueco financiero“ suele cubrirse con mayor endeudamiento”.
Según el también analista de riesgo no tiene sentido reducir el déficit fiscal, si el efecto, en el mayor endeudamiento es el mismo. “Definitivamente, no es una buena práctica en la gestión de las finanzas públicas” y es una práctica de “falta de transparencia para mejorar indicadores como el déficit fiscal, lo que genera desconfianza”.
Panamá vive una “difícil situación fiscal” por la estrechez fiscal heredada de la administración anterior “producto del mal manejo de la pandemia” y la transparencia del uso de los recursos que se adquirieron a través de deuda, recordó el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira.
Sin embargo, aunque se trata de un problema heredado y una situación que puede empeorar, “lo que contribuye a empeorar la situación es la falta de voluntad política de perseguir y castigar a los grandes evasores fiscales”.
“Se piensa en términos de posible consolidación fiscal en la que casi siempre se termina incrementando el pago de impuestos y castiga a los que ya pagan impuestos y se premia a los que evaden”, acotó.