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- 04/09/2025 00:00
La comisión de Credenciales se reunirá hoy para analizar los 16 proyectos de ley que reposan desde julio de 2024, con propuestas para cambiar normas del Legislativo. La última reforma fue hace 15 años
La Asamblea Nacional ha decidido, quince años después de la última reforma a su Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emprender una serie de cambios que en el discurso oficial se presentan como la respuesta a una “deuda histórica” con la ciudadanía.
Sin embargo, el verdadero trasfondo político de esta avalancha de proyectos de ley es más complejo: los diputados enfrentan uno de los momentos de mayor desgaste de credibilidad en la historia reciente del Legislativo y, bajo presión social, intentan enviar una señal de transparencia.
La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, presidida por la diputada Dana D. Castañeda Guardia, convocó para hoy a los comisionados para la creación de una subcomisión que, en apenas 15 días hábiles, deberá revisar más de una docena de propuestas de modificación al reglamento.
La premura con que se busca avanzar refleja la urgencia política de los diputados por mostrar resultados rápidos, en un escenario en el que la opinión pública los sitúa en el centro de la crítica.
El contexto no podría ser más desfavorable para los diputados: el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa de 2023 colocó a Panamá con una calificación de 38,93 sobre 100, muy por debajo del promedio regional y en el puesto 10 de 14 países evaluados.
A ello se suma el Latinobarómetro, que confirma un desplome de la confianza ciudadana hacia el Parlamento, identificado por gran parte de los encuestados como uno de los principales focos de corrupción y clientelismo político.
Los proyectos incluyen medidas que, en teoría, buscan abrir la Asamblea al escrutinio público.
Se plantea la eliminación del voto secreto para que todas las decisiones legislativas sean públicas; la obligación de publicar planillas, gastos y presupuestos en datos abiertos; la transmisión de todas las sesiones —incluidas las de presupuesto—, y la regulación de prácticas de cabildeo con registro público de reuniones de los diputados.
También se incluyen prohibiciones explícitas al nepotismo y la definición de conductas indebidas, un reconocimiento tácito de que estas prácticas han sido la norma más que la excepción.
En paralelo, las propuestas pretenden introducir mecanismos de disciplina interna. Se habla de sanciones económicas por ausentismo, de eliminar privilegios, como la importación de autos exonerados o las franquicias telefónicas y postales, de establecer un voto de censura vinculante contra ministros que no cuenten con la confianza del pleno, y de obligar a los diputados a presentar informes de gestión como requisito para cobrar sus salarios.
El debate también toca aspectos de profesionalización: creación de nuevas comisiones permanentes en áreas como anticorrupción y transparencia, derechos humanos, ciencia e innovación; fijación de tiempos de debate para evitar leyes aprobadas al vapor, y la conformación de una Comisión Técnica de Mérito y Evaluación con representantes de la sociedad civil para opinar sobre nombramientos de alto nivel.
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