¿A dónde va Vamos?

La República de Panamá está instalada en una crisis general que afecta lo económico, lo social, lo institucional y lo estrictamente político. Este último aspecto se expresa fundamentalmente en una muy grave descomposición de los partidos políticos, lo que determina el rumbo indeseable por el que discurre la Nación. Es por ello que la coalición Vamos constituye un fenómeno político que debe llamar nuestra atención.

No se requiere de un profundo análisis político ni conocimientos especiales para llegar a la conclusión de que los partidos políticos panameños, participantes en las pasadas elecciones generales de mayo de 2024, carecen de una expresa ideología reconocible y, por lo tanto, de un concreto proyecto de país. Es a través de sus declaraciones y más específicamente por sus acciones, muchas veces contradictorias, que se puede inferir la naturaleza ideológica subyacente de sus dirigentes.

Lo anterior hace válida la pregunta: si no tienen un expreso y específico proyecto ideológico de país ¿cuál es el objetivo de la encarnizada lucha electoral a la que se someten unos y otros cada cinco años?

Evidentemente, hay un objetivo indiscutible: la captura y administración del Presupuesto General del Estado por el dirigente del grupo ganador de las elecciones, que en el periodo presidencial de cinco años ronda los 175.000 millones de dólares. Esa importante cifra, que no incluye siquiera los 40.000 millones que en el mismo período se evadirán en impuestos, bastarían y sobrarían para resolver los más angustiantes problemas que padece una población de tan solo 4 o 4,5 millones de habitantes. La solución de los problemas sociales dependerá del proyecto político que lleve a la conducción del Estado quien resulte triunfador en la lucha electoral.

Cuando esta inmensa cantidad de dinero público es administrada de forma rigurosamente honesta e íntegra, orientada su inversión a resolver los más angustiantes problemas del país, en solo un quinquenio se podría dar un salto de gigante en el desarrollo nacional. Por el contrario, si esa gigantesca suma de dinero se asume como botín, para lo que en palabras de José Martí “le crezcan en la alcancía los ahorros”, entonces el país puede incluso ahondar la desigualdad y la pobreza, agravándose los problemas ya conocidos.

Aunque no son los únicos, la corrupción y la opacidad que la acompaña son dos cánceres que corroen la salud del régimen político panameño y lastran toda posibilidad de desarrollo social y la ampliación de las libertades democráticas. En efecto, la corrupción recorre todo el entramado institucional del Estado, desde los corregimientos a los ministerios, y en razón de ello la opacidad se hace necesaria en su condición de encubridora de los pequeños y grandes actos de corrupción.

No creo necesario recurrir a los grandes y estremecedores actos de corrupción que ya no nos sorprenden dada su cotidianidad. Solo recurriré a unos pocos ejemplos que, por descarados y públicos, nos indican la gravedad de la situación:

La descentralización paralela afecta por corrupción a centenares de corregimientos, afectando a centenares de millones de balboas.

Siete instituciones del Estado suman $170 millones en seguros privados, dejando en claro de esta perversa manera que los servicios de salud que brinda el Estado no son confiables para estos privilegiados.

Hay instituciones como el Tribunal Electoral en que sus funcionarios son beneficiarios de seguros de vida y parcialmente del de sus automóviles.

La Asamblea Nacional recibe alrededor de 100 millones anuales para su funcionamiento, cuando hay diputados actuales y del pasado que aseguran que podría funcionar perfectamente con 30 millones anuales.

Y para colmo de la opacidad de estas “pequeñas” corruptelas, la Dirección General de Contrataciones Públicas no puede proporcionar información sobre los beneficiarios finales de las empresas que participan en licitaciones públicas de cuantía mayor de $500.000. Con ello se blindan por ley actos de dudosa licitud.

Queda claro que el oxígeno de la corrupción es la opacidad; sin ella, la corrupción se reduciría a hechos aislados. Por el contrario, la corrupción como cáncer de la sociedad requiere necesariamente de la opacidad para poder alcanzar el grado de metástasis y corroer todo el cuerpo del Estado.

Toda organización de más de dos personas, cuyo objetivo fuese alcanzar el poder político, es un partido político. Otra cosa muy distinta es alcanzar el reconocimiento legal de partido político, lo que dependerá de las exigencias de las distintas legislaciones existentes, las que, según sea el país, son extraordinariamente poco exigentes o muy exigentes.

Dicho lo anterior, acordemos que la coalición Vamos es un partido político que no ha iniciado el reconocimiento legal electoral para poder competir como tal en las elecciones. Son más de dos, tienen bancada legislativa propia y tienen por objetivo el poder político. Todo la define como un partido político.

Esa nueva situación surge sorpresivamente el domingo 5 de mayo de 2024 en las elecciones generales. Un grupo de jóvenes, de manera no prevista, alcanza a conquistar 20 puestos en la Asamblea de Diputados, algo que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, es un hecho inédito a nivel mundial. En efecto, en su primera elección alcanzaron un poco más del 28 % del pleno de la Asamblea.

¿Cómo se explica este extraordinario fenómeno electoral? El hartazgo de un importante sector de la población por los abusos de los partidos políticos en la corrupción y la opacidad. Y puesto que la coalición Vamos se definió, se identificó y se construyó en lucha y denuncia de la corrupción y la opacidad, un importante sector de la sociedad le otorgó su apoyo y confianza, con lo que se desdibuja el argumento de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen porque votan por ellos, y queda claro que los pueblos votan por las opciones que les convienen cuando las identifican y entienden.

Ahora bien, ¿es suficiente un programa contra la corrupción y la opacidad? No cabe la menor duda de que ese programa es necesario, pero no es suficiente. De ahí la división al 50 % en la votación de la Ley 462, ley que requería disponer de un proyecto país del que la coalición Vamos no disponía ni dispone aún. De ahí el abandono de dos de sus miembros que se han adherido a dos bancadas legislativas distintas, una de ellas contraria a los valores con los que se construyó la coalición Vamos. Y finalmente, ha sido pública la adhesión de varios diputados de Vamos a una alianza legislativa que incorpora a Panamá a una lucha y enfrentamiento internacional entre dos potencias mundiales, siendo Panamá ajena a tales enfrentamientos, y alejándonos decididamente de nuestra posición de búsqueda de la neutralidad.

De no lograrse prontamente en la coalición un acuerdo sobre un proyecto de país que supere las limitantes de la lucha contra la corrupción y contra la opacidad, el agrietamiento de Vamos se profundizará, dando al traste con un proyecto que ameritó el respaldo de sectores importantes del pueblo panameño en toda la geografía nacional.

La búsqueda de un régimen político que convierta la corrupción en casos aislados, que impida la metástasis de ese cáncer, y que para ello arroje luz donde hoy impera la opacidad, siendo necesarios aunque no suficientes, son valores que debemos proteger y aupar, en el camino de construir una amplia democracia a la que todos y todas debemos aspirar, si es que queremos superar ese “capitalismo de amiguetes” denunciado en su momento por un exministro de Economía y Finanzas, para orientarnos hacia el estado de bienestar que debemos tener por objetivo.