Orden de prisión preventiva contra dos de los policías

PANAMÁ. A menos de 48 horas del confuso incidente que se registró en San Carlos en el que fallecieron dos menores de edad de una misma familia, la Fiscalía Auxiliar de la República formuló cargos penales a dos unidades de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) de la Policía Nacional.

Las acusaciones de la Fiscalía van en contra de una teniente y un teniente por ‘homicidio doloso’, tras la muerte de los dos menores que iban dentro de un vehículo sedán de color rojo.

En primera instancia, se investigaba a cuatro unidades de las nueve que estuvieron en el retén policial, el miércoles 25, frente a la estación policial del distrito de San Carlos. Las autoridades policiales, durante la conferencia de prensa del jueves, se negaron a revelar el motivo del retén policial, aduciendo que se podría viciar el proceso.

Rafael Baloyes, jefe de la Unidad de Homicidios de Panamá Oeste, detalló que tras dos días de investigaciones se concluyó que a las unidades se les levantaría cargos por atentar ‘contra la vida y la integridad personal’ de los menores.

La decisión fue tomada después de practicar diligencias periciales y recoger los testimoniales. En base a las pruebas recaudadas y la trayectoria de las balas, se llegó a la conclusión de que solo dos personas, vestidas de civil, miembros de la Policía, serían los procesados.

Para Baloyes ‘hay pruebas científicas que nos dan la certeza de que estas dos personas tuvieron participación en la comisión del hecho’.

Dentro del vehículo de las víctimas se contabilizaron seis impactos de balas, entre los que fueron a la anatomía de los infantes y produjeron los decesos.

Los impactos de bala se hicieron en dirección de atrás hacia delante del auto. Ingresaron por el parabrisas y el maletero, detalló el jefe de la Dirección de Homicidios de Panamá Oeste.

Ambas unidades —según el jefe de Homicidios del Oeste— se le debe tomar la declaración indagatoria, ellos deben rendir sus descargos y posteriormente las autoridades decidir la medida cautelar, de acuerdo a lo que dicta el Código Judicial, pues no irían a La Joya ni a La Joyita.

La procuradora de la Nación, Ana Belfon, aclaró que en esta etapa del proceso no se puede hablar de responsabilidad penal, sino de vinculación en los hechos.

DESTITUYEN A POLICÍAS

El director de la Policía Nacional, Julio Moltó, a unas horas de conocer que la Fiscalía iniciaba el proceso contra dos unidades de la DIP, involucrados en el confuso incidente de San Carlos, informó que las cuatro unidades que son investigadas las separaba de su puesto.

La decisión del director de la Policía incluye a un teniente, un sargento (que ya se le formularon cargos) y dos agentes, de los cuales dos fueron puestos a órdenes del MP.

Según Moltó, la medida se tomó porque se ‘ha determinado que hubo claras faltas en los procedimientos oficiales, en vista de esto se ha procedido hoy (ayer) a separar del cargo a cuatro miembros de la institución’.

Informes de la Policía detallan que los uniformados buscaban —luego de una información— a un prófugo de la cárcel y dispararon contra el auto en que viajaba la familia en dirección hacia un hotel de playa en Coclé.

El funcionario aseguró no tener conocimiento sobre expedientes en contra de las unidades separadas del cargo.

EXIGEN DEROGACIÓN DE LEY

Organizaciones de Derechos Humanos alzaron sus voces ayer en contra de la Ley 74, que establece que el miembro de la policía no podrá ser detenido en los casos de delitos cometidos por motivo del uso de la fuerza letal.

Para la Alianza Ciudadana pro Justicia, es un ‘retroceso en materia de derechos humanos y nos coloca en peligro a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país’.

En un comunicado, la Alianza pro Justicia detalla que el Estado ‘no puede apadrinar ni otorgar privilegios a quienes actúan al margen de la ley en detrimento de la integridad física y la vida de los ciudadanos’.

Lo sucedido en San Carlos es una muestra del abuso del que podemos ser víctimas los ciudadanos si los miembros de la policía se creen impunes y por encima de la Ley, sigue el comunicado de la organización.

Hicieron una llamado a que se derogue la Ley 74 del 29 de octubre del 2010. Lo mismo hizo el Colegio Nacional de Abogados.

La comunidad indostana en Panamá, en tanto, programó una marcha para el lunes 28 de octubre.

La caminata saldrá de la Plaza 5 de Mayo hacia la Presidencia de la República, y vestirán de blanco.

‘CRÍMENES IMPUNES’

En Panamá se han registrado varios casos en que unidades de la Policía han estado envueltos en supuestos ‘incidentes confusos’.

Entre los casos está el que ocurrió el 16 de agosto de 2007, en Isla Viveros, en el pacífico panameño, donde falleció el obrero Luigi Argüelles, de 23 años. Argüelles se encontraba protestando por irregularidades en una empresa que desarrollaba un proyecto en el lugar.

El 18 de octubre, también del 2007, la empresaria Gina García Eleta se presentó a la sucursal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de Corozal, sin percatrse de que el lugar estaba siendo asaltado. Resultó muerta.

Las investigaciones arrojaron que un grupo de agentes que se encontraba en la sede del Servicio de Protección Institucional se percataron del asalto y abrieron fuego contra los asaltantes quedando García Eleta en medio de la balacera y falleciendo en el lugar

El resultado de las investigaciones arrojó que la empresaria no murió por una bala de las que usa el SPI. Pero, se determinó que existió irregularidades con la custodia de las armas involucradas que mantenía la Policía.

Otro de los casos se registró el 25 de mayo de 2009, cuando los hermanos Dagoberto y Rigoberto Pérez fueron acribillados a tiros frente a las costas de Panamá Viejo cuando viajaban hacia Playa Leona, en La Chorrera, tras una faena de pesca.

Los acusados por este hecho fueron indultados por el presidente de la República Ricardo Martinelli y el ministro José Raúl Mulino.

En el 2010, en el marco de las protestas en rechazo a la Ley 30, también conocida como ‘ley chorizo’, fallecieron en Bocas del Toro, el indígena Antonio Smith y el obrero Virgilio Castillo.

Algunos testigos que estaban cerca de las víctimas, ambos indígenas, aseguran que fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional.