ANAM evalúa cambios en EIA

PANAMÁ. Luego de frecuentes modificaciones a la reglamentación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el gobierno se plantea un nuevo cambio.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) esta vez impulsa la idea de reunir en un solo documento la cadena de reformas a los EIA que se vienen haciendo desde los primeros días de la actual administración gubernamental.

Para eso contrataron al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) como consultores. El resultado ha sido una propuesta que el organismo empresarial ha sometido a consulta pública en un proceso que despierta preocupación entre los conocedores del tema.

Rodrigo Noriega, abogado del Centro de Incidencia Ambiental, aseguró que este documento tiene vacíos y que no ha sido debidamente consultado. No se explica por qué el tema del cambio climático y de organismos genéticamente modificados no está bien planteado.

La Fundación MarViva, en tanto, advirtió que el informe no tiene las opiniones técnicas legales de todos los sectores involucrados. Es ‘fundamental’ que las contenga ‘para asegurar la protección del medio ambiente’, dice Zuleika Pinzón, directora ejecutiva de la organización.

Las legislaciones aprobadas durante esta administración han marcado una tendencia hacia la reducción del tiempo de aprobación de los EIA. Para Noriega, esto ‘puede prestarse para beneficiar a la inversión privada’.

La primera modificación ocurrió el 14 de agosto de 2009. Ese día se firmaron dos Decretos Ejecutivos: el 122 y el 123. El primero establecía la creación de una Ventanilla Única para agilizar los trámites de los EIA. El segundo reducía el tiempo de aprobación a 55 días los de alto impacto, a 35 días los de impacto medio y a 5 días los de bajo impacto.

Aprobado durante la administración de Javier Arias, el decreto dejó en shock a los ambientalistas. Aseguraban que la nueva ley establecía períodos relativamente cortos para aprobar o negar las solicitudes.

La norma no duró dos años. El 26 de octubre de 2010 se creaba la polémica Ley 30, popularmente conocida como ‘ley chorizo’ porque incluía varias regulaciones en una sola. Una de esas era la Guía de Buenas Prácticas, que abría la posibilidad de que los proyectos del Gobierno no usaran los EIA, narró Harley Mitchell, abogado ambiental.

La polémica legislación fue derogada tras una intensas protestas que llevaron al país a una de las peores crisis sociales de este gobierno. Diez meses después una nueva ley regiría este procedimiento.

NUEVO ‘DECRETO CHORIZO’

Pero el remedio fue peor que la enfermedad. El 5 de agosto del 2011 se firmó el Decreto Ejecutivo 155. Y de una vez se refleja la tendencia a reducir los tiempos para los EIA. Los de alto impacto tendrían 40 días para ser aprobados y 20 días los de impacto medio. La regulación puso de cabeza a los ambientalistas, que se unieron para rechazarla. Al menos 28 organizaciones se pronunciaron contra la nueva ley aduciendo que debilitaba la gestión ambiental. Pero, la entonces administradora de ANAM, Lucía Chandeck, defendió a capa y espada el nuevo ‘decreto chorizo’, como fue bautizado. No se pudo hacer nada. El tiempo establecido para aprobar los EIA sigue vigente.

El 23 de agosto del 2012 se publicó el Decreto Ejecutivo 975, que ajustaba el procedimiento para modificar o no los EIA.

A juicio de Noriega y de Mitchell, estos cambios lo único que han hecho es acelerar la velocidad para las evaluaciones de los EIA y limitar la participación ciudadana. Desde esta perspectiva ‘no han sido los mejores’, sostiene Mitchell.