El costo de un error: Panamá pagará $14.9 millones por hospital que nunca se construyó

El Estado panameño pagará 14.9 millones de dólares a la empresa española Acciona Construcción S.A. por un hospital oncológico que nunca llegó a construirse. La decisión quedó formalmente encaminada luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida por 7.5 millones de dólares solicitado por el Ministerio de Salud (Minsa), como parte de un acuerdo extrajudicial negociado para cerrar una disputa internacional que se arrastra desde hace más de una década.

El acuerdo establece un pago total de 14,979,484.37 dólares, que será desembolsado en dos partes: el 50% durante 2026 y el 50% restante en 2027. Según explicó el Minsa, la negociación busca evitar una condena mucho mayor contra el Estado panameño en tribunales internacionales.

La escena dentro de la Comisión de Presupuesto estuvo marcada por incredulidad, molestia y fuertes cuestionamientos políticos. Mientras el sistema público de salud enfrenta escasez de medicamentos, hospitales deteriorados y pacientes esperando atención especializada, diputados criticaron que Panamá termine pagando millones de dólares por una obra que nunca pasó de planos y documentos técnicos.

El caso se remonta a 2014, cuando durante el gobierno de Ricardo Martinelli se adjudicó a Acciona la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional, un megaproyecto valorado inicialmente en cerca de 160 millones de dólares que incluía diseño, construcción, equipamiento biomédico y mantenimiento.

La obra prometía resolver el histórico déficit de atención oncológica en Panamá. Sin embargo, el proyecto quedó cancelado pocos meses después del cambio de gobierno.

En enero de 2015, la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela, a través del exministro de Salud Francisco Javier Terrientes, decidió rescindir unilateralmente el contrato alegando que el “plan médico funcional” presentado no respondía a las necesidades reales del sistema sanitario.

La cancelación abrió la puerta a un arbitraje internacional.

Acciona reclamó inicialmente 70.7 millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional por supuestos gastos administrativos, financieros, diseño, fianzas y lucro cesante.

Durante la sustentación en la Asamblea, el ministro encargado de Salud, Manuel Zambrano Chang, defendió el acuerdo alcanzado por el actual gobierno argumentando que el Estado enfrentaba el riesgo de una condena mucho mayor si el litigio continuaba.

“Se aspiró a pagar 70.7 millones, se verificó rubro por rubro con técnicos, ingenieros y abogados, y se logró bajar a 14.9 millones”, explicó Zambrano.

Según detalló el funcionario, el acuerdo ya cuenta con el aval de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo de Gabinete.

Pero las explicaciones no lograron calmar las críticas dentro de la comisión.

Uno de los diputados más duros fue Beterai Richards, por la libre postulación y miembro de la bancada Seguimos, quien cuestionó que el Estado termine desembolsando millones de dólares pese a que la obra jamás se ejecutó físicamente.

“Aquí no hay una obra física, no hay ni un solo bloque puesto. ¿Cómo se justifica pagar 14.9 millones de dólares por algo que no se construyó?”, reclamó Richards.

El diputado fue más allá y responsabilizó directamente a quienes tomaron la decisión de cancelar el proyecto hace más de diez años.

“Quien tomó la decisión de frenar esto en el 2014 debería estar preso”, sostuvo.

La indignación aumentó cuando el Minsa presentó el desglose de los montos que serán pagados a la empresa española.

De acuerdo con la sustentación oficial, los 14.9 millones incluyen 4.24 millones de dólares por el anteproyecto y planos, 157 mil dólares por gastos de fianzas, 1.9 millones en comisiones bancarias, 105 mil dólares en gastos administrativos y 6.8 millones por costos financieros y bancarios.

El detalle provocó nuevas críticas entre diputados.

“Ustedes le creyeron esas cifras a la empresa. No tenemos una obra física, no tenemos un oncológico nuevo y el Estado panameño va a terminar pagando 14 millones”, insistió Richards.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, también cuestionó el acuerdo alcanzado por el gobierno y recordó antecedentes polémicos vinculados con proyectos desarrollados por Acciona en Panamá.

“A una empresa como Acciona, que tiene un historial de obras atrasadas y deficientes, no se le puede dar el beneplácito tan fácil”, afirmó.

Adames advirtió además que el dinero comprometido para la indemnización podría utilizarse para atender necesidades urgentes dentro del sistema sanitario.

“Estos 7.5 millones podrían usarse para salvar centros de salud que se están cayendo”, reclamó.

Las críticas de los diputados ocurrieron en una sesión donde también se discutieron otros traslados millonarios para el Minsa, incluyendo fondos para limpieza hospitalaria, compra de medicamentos, ambulancias, saneamiento y hemodiálisis.

Precisamente, durante esa misma jornada, diputados también cuestionaron la licitación por más de 80 millones de dólares impulsada por el Minsa para limpieza y desinfección de hospitales públicos, lo que aumentó el tono crítico sobre el manejo financiero de la institución.

Mientras se aprueban pagos multimillonarios derivados de errores administrativos del pasado, el sistema público de salud sigue enfrentando fuertes carencias operativas.

La situación del actual Instituto Oncológico Nacional se convirtió en uno de los principales puntos del debate.

Pacientes oncológicos enfrentan largas listas de espera, hacinamiento y limitaciones de espacio dentro de instalaciones que llevan años operando por encima de su capacidad.

El también diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raphael Buchanan, cuestionó quién asumirá responsabilidad patrimonial por las decisiones que llevaron al Estado a enfrentar este pago.

“Estamos pagando por un error administrativo de funcionarios que ya no están, mientras en la calle la gente se muere esperando una cama”, afirmó Buchanan

El diputado también preguntó: “¿Dónde está la responsabilidad patrimonial? ¿Quién responde por estos actos?”

Uno de los momentos que más impacto generó dentro de la comisión ocurrió cuando el director nacional de Infraestructura de Salud, Abiel Escobar, reveló que los planos elaborados por Acciona sí terminarán siendo utilizados por el Estado panameño.

“Nosotros pudimos evaluar el reclamo porque recibimos el anteproyecto. Esos planos están siendo usados ahora”, explicó Escobar.

La revelación aumentó aún más el debate político debido a que esos mismos planos serán utilizados por la Caja de Seguro Social para el futuro proyecto oncológico dentro de la Ciudad de la Salud.

Aunque la Comisión de Presupuesto terminó aprobando el traslado con 11 votos a favor y sin votos en contra, varios diputados dejaron constancia de su desacuerdo y adelantaron posibles investigaciones sobre las responsabilidades administrativas detrás de la rescisión del contrato.

Nuevo Oncológico

En febrero pasado inició oficialmente la construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional (ION), un proyecto que llega después de más de una década de retrasos, contratos fallidos y promesas incumplidas. La obra se levantará en la Ciudad de la Salud y busca responder al colapso que enfrenta el actual hospital oncológico ubicado en Ancón, donde cientos de pacientes deben soportar largas filas, hacinamiento y demoras para recibir atención médica.

Durante el acto de orden de proceder, el presidente de la República, José Raúl Mulino reconoció que el país acumuló “trece años de promesas incumplidas” alrededor del proyecto. El mandatario aseguró que anteriores administraciones priorizaron otros gastos mientras el sistema oncológico permanecía rezagado frente al aumento de casos de cáncer en el país.

La nueva infraestructura tendrá una inversión de $72 millones y estará a cargo de la empresa Riga Services. El contrato establece un plazo de ejecución de 26 meses, aunque el presidente pidió acelerar los trabajos para intentar inaugurar el hospital en octubre de 2027. El complejo contará con tecnología de última generación, áreas de hospitalización, servicios especializados y nuevos espacios para diagnóstico y tratamiento.

El proyecto forma parte de un convenio entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para integrar los servicios de la Ciudad de la Salud y ampliar la cobertura médica oncológica. Según datos oficiales, el actual ION realizó más de 168 mil consultas externas durante 2024, reflejando la creciente presión que enfrenta el sistema público para atender a pacientes asegurados y no asegurados.