El Niño reduciría hasta 20% la producción de arroz mientras crecen dudas por fondo de $80 millones

El fenómeno de El Niño comenzará a dejar pérdidas importantes en la agricultura panameña. Las primeras proyecciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) anticipan que la producción nacional de arroz podría disminuir entre 15% y 20%, mientras que la cosecha de cebolla registraría una reducción aproximada de 15% como consecuencia de la falta de agua.

El panorama cambia según el cultivo y la región. Mientras el arroz de secano y la cebolla enfrentan los efectos del déficit de lluvias, la producción de plátano ya resulta perjudicada por el exceso de precipitaciones registrado en determinadas zonas.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, presentó estas estimaciones este jueves 3 de septiembre durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional. Explicó que todavía no es posible calcular un porcentaje general de pérdidas para todo el sector, debido a que el impacto dependerá del comportamiento del clima, la ubicación de las fincas y las características de cada rubro.

“Dependiendo de la zona del país, la afectación puede darse por sequía o por exceso de lluvia”, señaló el titular del MIDA.

Aunque se espera una reducción en la producción de arroz, Linares aseguró que Panamá cuenta con inventarios suficientes para garantizar el abastecimiento en el corto plazo. El ministerio revisa mensualmente las existencias disponibles y, según la situación actual, no considera necesario autorizar importaciones.

Las zonas bajo mayor vigilancia incluyen Los Santos, Herrera, Coclé, sectores de Veraguas y Bocas del Toro, aunque el seguimiento se extiende al resto de las regiones productivas.

El deterioro de las condiciones climáticas también amenaza a la ganadería. La diputada Janine Prado advirtió que en Veraguas ya existen productores sin suficiente agua, pozos o abrevaderos, pese a que Panamá todavía atraviesa meses en los que normalmente se registran lluvias.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que la temporada seca se adelante y el déficit de precipitaciones se intensifique entre diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

Prado pidió al MIDA explicar cómo ayudará a los ganaderos con el suministro de pacas y cuestionó que se evalúe comprar empacadoras sin precisar dónde se sembrará el pasto, cuánto demorará su crecimiento, quién suministrará el producto o mediante qué procedimiento será adquirido.

Linares reconoció que la producción inmediata de forraje podría resultar insuficiente si el verano comienza antes de lo esperado. Ante ese escenario, adelantó que el Estado tendrá que comprar pacas, silos de maíz u otros alimentos para atender las necesidades urgentes del ganado.

“En este momento, si queremos ayudar con silos, pacas o silo de maíz, vamos a tener que comprarlo”, explicó.

Como estrategia de mediano plazo, el ministro planteó incentivar a pequeños productores para que se organicen en cooperativas, cultiven pasto y elaboren sus propias reservas. El Estado podría proporcionarles maquinaria temporalmente y trasladarla posteriormente a otros grupos.

El MIDA también trabaja en la compra de tres perforadoras y mantiene cinco procesos de adquisición relacionados con la respuesta a la falta de agua, según se indicó durante la sesión.

La diputada pidió que las direcciones regionales aumenten sus visitas a las fincas para conocer directamente las condiciones de los animales, el estado de los pastos y las necesidades de los productores.

A su juicio, existe una falta de seguimiento técnico en el territorio y el ministerio no está ofreciendo suficiente acompañamiento a pequeños agricultores y ganaderos.

Linares admitió que las regionales enfrentan limitaciones y reconoció que existen funcionarios que no realizan labores de campo. Mencionó el caso de médicos veterinarios con salarios de entre $4,000 y $5,000 que, además de estar jubilados, no pueden salir de sus oficinas.

El ministro sostuvo que el problema también responde a leyes especiales que limitan las posibilidades de reorganización institucional. Por ello, consideró necesario revisar las normas y abrir más espacios para jóvenes profesionales graduados en universidades panameñas.

“Tenemos que darle entrada y cabida a los jóvenes”, manifestó.

La comparecencia también puso bajo escrutinio el fideicomiso de hasta $80 millones creado por el Ejecutivo para atender el estado de emergencia nacional declarado ante los efectos de El Niño.

Prado cuestionó que la resolución no establezca una distribución específica por institución, actividad productiva o región. También manifestó preocupación por el periodo durante el cual estarán permitidas las contrataciones especiales y por el momento en que se conocerán los informes sobre el uso del dinero.

Según Linares, el MIDA solicitó aproximadamente $8.2 millones dentro del mecanismo de emergencia. El ministro prometió que la información sobre la utilización de esos recursos estará disponible en el sitio web de la entidad y aseguró que su despacho asumirá la responsabilidad de rendir cuentas.

Los fondos se sumarán al presupuesto de inversión del ministerio, calculado en aproximadamente $120 millones. Parte de ese dinero proviene del Fondo de Estabilización e Inversión Social y Económica y será destinado a proyectos para fortalecer el sector agropecuario, no al pago de compensaciones.

“Nosotros quisiéramos más”, reconoció Linares. Sin embargo, consideró que la combinación de los $8.2 millones y el presupuesto institucional permitirá desarrollar una respuesta más amplia hasta finales de 2027.

El estado de emergencia fue oficializado mediante la Resolución de Gabinete No. 80 del 25 de agosto de 2026, publicada posteriormente en la Gaceta Oficial.

La medida autoriza hasta $80 millones, sujetos a la disponibilidad presupuestaria de las vigencias fiscales 2026 y 2027. El dinero será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un fideicomiso constituido en el Banco Nacional de Panamá.

La cifra podrá ser aumentada o reducida posteriormente por el Consejo de Gabinete. Las instituciones estarán autorizadas para contratar obras, bienes y servicios mediante un procedimiento especial de emergencia hasta el 30 de junio de 2027.

Cada solicitud y su respectivo monto deberán recibir la autorización de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel. Linares explicó que el organismo está integrado por entre 10 y 15 entidades, entre las que mencionó los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Ambiente.

Los pagos tampoco estarán exentos de fiscalización: deberán contar previamente con el refrendo de la Contraloría General. Al finalizar la emergencia, cada institución tendrá que informar el nombre del contratista, el objeto del gasto, los bienes o servicios adquiridos y el monto desembolsado.

Los reportes deberán publicarse en PanamáCompra y cualquier saldo restante tendrá que ser reintegrado al Tesoro Nacional.

Consultado por La Estrella de Panamá, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el Gobierno dispone de varias posibles fuentes para financiar la atención de la emergencia.

Entre ellas mencionó un seguro para situaciones catastróficas, recursos del presupuesto y ahorros ya identificados exclusivamente dentro del Órgano Ejecutivo.

El seguro podría activarse cuando se produzcan eventos claramente establecidos en la póliza, como inundaciones o sequías. Para acceder a sus beneficios será necesario medir previamente el grado de afectación.

Chapman agregó que los recursos presupuestarios también deberán cubrir otras presiones, como los subsidios destinados al combustible, el transporte público, MiBus, el Metro de Panamá y la energía eléctrica.

Prado preguntó si el Ejecutivo contempla fórmulas para reducir los costos del combustible, la electricidad o el agua potable para los productores. Linares respondió que esa posibilidad deberá discutirse directamente con el MEF y aclaró que el proyecto del MIDA no incluye actualmente un apoyo específico para combustible agrícola.