Empresarios proponen una ‘ruta balanceada’ para definir el futuro de la mina

Una ruta balanceada es la propuesta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) tras la presentación, el pasado 30 de septiembre, del informe final sobre el sitio minero ubicado en Donoso por parte de la Comisión Interministerial.

Aurelio Barría, presidente del gremio empresarial, planteó en su columna dominical que el país no puede volver al modelo anterior ni desconocer las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente la mina en su condición actual.

Sin embargo, los datos del informe dimensionan el desafío que atraviesa el istmo por la mina: un cierre sin acuerdo tendría un costo de entre $2,600 y $3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años. A esto se suman reclamaciones arbitrales por al menos $27,000 millones, que no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.

Aunque estas cifras no determinan el camino, pero sí muestran sus implicaciones, de acuerdo a la Cciap. Si los costos recaen sobre el Estado, se comprometerían recursos que también están destinados a educación, salud, infraestructura y otras prioridades nacionales.

“Panamá cuenta con mayores elementos para abordar esta decisión”, destacó Barría.

Desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Cámara ha señalado la necesidad de atender el sitio con responsabilidad técnica y ambiental. En este escenario, plantean la necesidad de contar con información independiente y transparente que permita tomar una decisión orientada a proteger los intereses del país, sin trasladar los costos a los panameños.

Por otro lado, la recomendación ofrece beneficios potenciales para evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes y ordenar la transición.

Pero también exige afrontar riesgos y establecer condiciones claras: una base jurídica sólida, una fecha definitiva, recursos protegidos para el cierre y una fiscalización rigurosa e independiente.

Por ello, la Cámara considera razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esta etapa permitiría conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva.

Mientras Panamá decide cuál será el rumbo de la mina, aún quedan aspectos por definir: la figura jurídica y su compatibilidad con el fallo y la Ley 407; el régimen fiscal y la participación del Estado; el alcance de cualquier operación; la fecha y las garantías de cierre; la terminación de los arbitrajes; así como la fiscalización ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas.

También deberán asegurarse oportunidades para las comunidades directamente impactadas, los trabajadores y las empresas panameñas, además de fortalecer las capacidades de los municipios.

Finalmente, la transparencia no puede ser un requisito más. Debe acompañar todo el proceso: desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada etapa.