Las intervenciones de EU

E ntre los otros conflictos internos que convulsionaban al país en esos días existía un movimiento a favor de la anexión de Panamá a los Estados Unidos; adicionalmente estaba el hecho de la permanente amenaza de intervención norteamericana en virtud del artículo constitucional 136 y las constantes solicitudes que en este sentido hacían ilustres ciudadanos políticos panameños entre los que se encontraban Pablo Arosemena y Ricardo Arias, contrarios a Urriola Garrés, quienes veían en su actuar las intenciones de convertir su gobierno en una dictadura que le perpetuara en el poder por encima de los derechos ciudadanos. A raíz de la publicación del Decreto N° 80 Arosemena y Arias enviaron un memorándum al encargado de Negocios de los Estados Unidos William Jenning Price en Panamá, solicitándole que su gobierno tomara cartas en el asunto.

Aludiendo a estos hechos dicen Arúz y Pizzurno:

‘La medida de por si arbitraria, creó el natural descontento y recelo en los políticos desafectos al régimen y dio lugar a un clima tenso en que incluso se preveían confrontaciones armadas. Al día siguiente del Decreto Ejecutivo, Pablo Arosemena y Ricardo Arias, entonces en la oposición, elevaron un memorándum al Encargado de Negocios de Estados Unidos en Panamá, exponiéndoles su quejas por lo que calificaban una medida extralimitada e inconstitucional, que a su juicio obedecía a la intención de Urriola de perpetuarse en el poder. Advertían los denunciantes que ello iba además en perjuicio de los intereses comunes de Panamá y Estados Unidos, en particular en lo relativo a la seguridad del Canal Interoceánico. En consecuencia, hacían un ferviente llamado a fin de que los Estados Unidos procedieran a restablecer el orden constitucional ‘previniéndole al Gobierno de Panamá el deber en que está de verificar las elecciones en las fechas que la ley señala’. Al mismo tiempo, recordaban que el Artículo 136 de la Constitución facultaba ampliamente al Gobierno estadounidense para ello. Más aún, sostenían que los intereses comunes de ambas naciones así lo exigían, ‘pues de no encontrarse un remedio pacífico para los males que amenazan al país, el gobierno (de Panamá) se convertiría en una dictadura insoportable, que necesariamente originaría conflictos y violencias’.’ 1

Esta situación caótica y tales solicitudes, hicieron que el 25 de junio el Encargado de Negocios norteamericano notificara a la Cancillería panameña que su parecer era que el discutido Decreto no era constitucional y que sería conveniente su derogación. Finalmente se decidieran los norteamericanos a ejercer la facultad constitucional de la que eran beneficiarios y el 28 de junio de 1918 a las 2:00 p. m. penetró el cuerpo de marinos de los buques anclados en nuestras costas, al mando del General Blatchford y ‘fuerzas militares estadounidenses acantonadas en la Zona del Canal’ 2 a las ciudades de Panamá y Colón para ‘garantizar’ la paz en ambas ciudades y para ello, desplazaron a la policía nacional, prohibieron la prostitución y que las cantinas dieran servicio al público, patrullaron las ciudades, amedrentaron a las autoridades al usurparles sus funciones, y en fin hicieron todo lo que un agente invasor suele hacer en estas circunstancias. No conformes con esto y alejándose de su facultad constitucional, cumplido un mes, las provincias de Chiriquí y Veraguas fueron ocupadas alegando que esto era preciso en virtud de la seguridad de los ciudadanos americanos en el istmo. De Veraguas, Panamá y Colón se retiraron pronto pero en cambio en Chiriquí se instalaron hasta el mes de agosto de 1920 y esto obedecía en parte, a que durante los gobiernos anteriores al de Urriola el desorden administrativo y el abigeato habían sido moneda de curso corriente, aunada a los asesinatos de los que fue víctima inclusive un ciudadano americano de apellido Denham. La gestión de Urriola Garrés puso freno a estos abusos pero la invasión de la provincia se prolongó por dos años.

Cabe preguntarse por qué razón el orden que debía prevalecer en la provincia chiricana preocupaba mucho a los americanos, tanto así que cuando Porras fue elegido primer designado en las elecciones del 11 de septiembre -1918- fue citado al Departamento de Estado, -pues se encontraba en esa ocasión en los Estados Unidos fungiendo como jefe de la misión diplomática de Panamá en Washington- y se le impartieron instrucciones en torno a varios asuntos y entre ellos el problema de ‘…colocar a Chiriquí en el mismo nivel de administración eficiente que Panamá y Colón’ 3 . Esta incógnita la despejan Araúz y Pizurno cuando dicen:

‘En realidad, la situación de Chiriquí revestía especial interés para los norteamericanos en virtud de varios factores. Entre ellos debemos menorar el hecho de que después de la finalización de las obras del Canal, algunos estadounidenses compraron tierras en esta Provincia y comenzaron a explotarlas. Esta situación crepó conflictos y tensiones, toda vez que los títulos de propiedad de las tierras y el deslinde de las mismas no estaban definitivamente aclarados. Además, en la Provincia había mucho cuatrerismos, al punto que éste fue uno de los argumentos esgrimidos por los norteamericanos para la permanencia de sus tropas. En efecto, en los primeros días de octubre de 1918 se realizó una reunión en la que participaron el Ministro Price el Comandante de las tropas acantonadas en el Istmo y varios Diputados de la Provincia de Chiriquí. En la misma, los norteamericanos manifestaron que los principales ganaderos del lugar se habían dirigido al jefe del destacamento estadounidense en David para solicitarles protección en contra de los cuatreros.’

La tensión entre los norteamericanos que habían adquirido tierras a muy bajo precio y se convirtieron en latifundistas estaba avalada por la actitud de ciertas autoridades de la provincia que ante el evidente abuso de los extranjeros en contra de los nacionales, lo que provocó quejas de los ciudadanos americanos y preocupó alas autoridades de la Zona del Canal.

‘Los Estados Unidos pretendieron justificarla [la intervención en Chiriquí] con el subterfugio inadmisible de brindar protección a sus nacionales, por lo que ‘permanecerían allí mientras las circunstancias así lo requirieran’, cuando lo que pretendían en realidad no era otra cosa que forzar a las autoridades panameñas a reconocer a William Gerald Chase derechos de propiedad que no tenía sobre una extensa zona de territorio conocida como Hato de San Juan.’ 4

El Presidente Ciro Urriola, no aprobó la intervención americana en el istmo, y presentó su queja ante el Presidente Woodrow Wilson, pero a pesar de que su actitud fue firme en cuanto a mantener y hacer valer la soberanía panameña frente a las intervenciones de las autoridades de la Zona del Canal en la política panameña, poco fue lo que realmente pudo hacer frente a tan grande presión. Incluso es de resaltar la actitud del Secretario de Instrucción Pública Guillermo Andreve, y del secretario privado de Urriola, Jeptha B. Duncan. Andreve decretó duelo en todas las escuelas de la República por motivo de la intervención norteamericana, lo que le valió la enemistad del prepotente Ministro norteamericano William Jenning Price, quien cargó en cólera contra él, pidió su destitución y le entorpeció cualquier aspiración política en los siguientes años. El Presidente no destituyó a su Secretario, sin embargo, éste renunció para evitarle mayores contratiempos. En todo este percance tuvo el apoyo solidario de Duncan.

Al final las reformas a la Constitución se dieron pero no contemplaron el tema de la modificación de los requisitos para ser presidente de la República, igual se efectuaron las elecciones de los concejales aún durante la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 80, el cual fue derogado el 2 de julio, y las de los diputados que escogerían a los designados del segundo periodo también se verificaron en la fecha establecida. En ambas elecciones ganó el Gobierno, tal y como lo constató la comisión revisora de las elecciones5. Una vez instalada la nueva Asamblea los Diputados escogieron a Belisario Porras como Primer Designado, Pedro Antonio Díaz como segundo y la tercera designación recayó sobre Ernesto Tisdel Lefevre.

Los americanos habían demostrado su simpatía por Ricardo Arias Ferraud para que sobre él recayese la ansiada escogencia, a su favor tenía las simpatías de Elbridge Gerry Greene, pero en su contra estaba su falta de popularidad.

Ciro Luis Urriola G. quien pretendía que se le eligiera Primer Designado, fue vetado por cuanto que su candidatura hubiese constituido una violación al Artículo 83 constitucional que exigía separarse seis meses antes de que fuera escogido para ejercer la presidencia, situación que para nada se ajustaba a su condición. Sin embargo llegó a enviar al Departamento de Estado de EEUU. un programa de gobierno en donde se plegaba a varias exigencia ya conocidas del gobierno norteamericano hacia Panamá, mismas que se le plantearon en su momento a Porras también, y de las cuales aceptó la mayoría pero con condiciones.

El doctor Ciro Luis Urriola murió por una falla cardiaca el 25 de junio de 1922 a las 3:00 am., en lo que en ese entonces era el Hospital de Ancón y que después fue conocido como Hospital Gorgas; hoy en esas instalaciones revertidas a Panamá funciona el Hospital Oncológico Nacional.