El magistrado Fábrega y el misterioso expediente

Cuando los máximos representantes del Órgano Judicial se reunieron, el pasado viernes, para escuchar las preocupaciones de la sociedad civil en materia de administración de justicia, nadie preguntó al magistrado Luis Ramón Fábrega sobre el status del misterioso expediente 120-15.

Fábrega, actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y quien no oculta sus aspiraciones por dirigir esta corporación, fue una de las caras más activas que enfrentó al denominado Movimiento Independiente (Movin) y otras figuras de la sociedad civil y representantes de gremios empresariales, quienes, en un hecho sin precedentes, acudieron al palacio Gil Ponce tras una invitación del magistrado presidente José Ayú Prado.

De manera monolítica, los líderes cívicos propusieron a la CSJ que, entre otros aspectos, aplicara? lo más pronto posible? herramientas para acelerar los procesos, hecho que, en teoría, ayudaría a fomentar la transparencia y fortalecer la percepción positiva entre los juzgadores.

El magistrado Fábrega fue la voz más beligerante entre sus pares para apoyar, de manera irrestricta, los reclamos de la sociedad civil. Es más, alabó el esfuerzo que adelanta su colega Harley Mitchell, quien impulsa en la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley, cuya finalidad es que los magistrados cuenten con términos fijos para resolver los cientos y cientos de casos que maneja la CSJ.

Entre los asistentes se escuchó un rumor de aprobación unánime luego de escuchar las palabras de Fábrega. Pero aparentemente todos desconocían la existencia del expediente 120-15.

Resulta que el abogado Rubén García Paredes fue destituido, el pasado febrero, de su cargo de secretario general del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP). La destitución fue aprobada por dos de los tres magistrados de este despacho colegiado: Manuel Cupas y Anabelle Padilla, cuyos periodos ya vencieron, pero, de manera inexplicable, el Órgano Ejecutivo no ha procedido todavía a decretar sus respectivos reemplazos. La tercera magistrada, Zaira de Latorraca, salvó su voto.

García Paredes interpuso ante la CSJ un amparo de garantías constitucionales. Luego del reparto, el caso se adjudicó a Harley Mitchel, quien procedió, de manera inmediata, a decretar la suspensión del acto aludido, pero los magistrados Cupas y Padilla no acataron la orden judicial.

Aunque la resolución final del expediente 120-15 (que favorece a García Paredes) ya cuenta con las ocho firmas del pleno de la CSJ para respaldar la sentencia de Mitchell, desde hace más de dos meses este caso guarda el sueño de los justos en el despacho del magistrado Fábrega, quien ha advertido que está en contra de la mayoría y, por ende, redactará un salvamento de voto.

Este expediente 120-15 ha sido objeto de varios impulsos procesales, una acción legal que permite el Código Judicial para acelerar los procesos. Mitchell se hizo eco de estas reiteradas solicitudes, a tal punto que ha enviado a su colega Fábrega tres notas ?con tonos conciliatorios? para que este magistrado honre sus palabras que, con tanta seguridad y firmeza, manifestó el pasado viernes ante los miembros de la sociedad civil organizada.