Flores: un mes después del terremoto, la pobreza también quedó bajo los escombros

En este corregimiento de Tonosí, donde el 27.6% de la población vive en pobreza multidimensional, las familias afectadas por el sismo del 9 de octubre siguen entre refugios improvisados.

La casa todavía está en pie, pero ya no es un lugar seguro para vivir. La cocina sufrió daños, los cimientos necesitan reparaciones y los servicios de agua y electricidad requieren instalaciones nuevas. Desde afuera, la vivienda parece resistir el terremoto del 9 de octubre. Por dentro, sus habitantes saben que regresar no depende solamente de abrir la puerta.

A pocos metros, en una antigua galera utilizada para guardar ganado, la vida transcurre entre carpas, mosquitos, humedad y la incertidumbre. Allí, decenas de personas encontraron refugio después del movimiento sísmico que golpeó esta región de Azuero. Treinta días después, el lugar todavía funciona como albergue improvisado.

La emergencia dejó algo más que paredes agrietadas y viviendas destruidas. También expuso las dificultades económicas de familias que, antes del terremoto, ya enfrentaban limitaciones para satisfacer sus necesidades básicas.

Las primeras noches después del terremoto fueron especialmente difíciles.

Flores, corregimiento del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, registra una incidencia de pobreza multidimensional del 27.6%, según el Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimiento 2023, del Gabinete Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El indicador corresponde a una población de 753 habitantes y un índice de pobreza multidimensional de 0.113. En otras palabras, más de una de cada cuatro personas del corregimiento enfrenta privaciones en distintas dimensiones de su calidad de vida.

El dato antecede al terremoto y no mide sus consecuencias. Sin embargo, permite dimensionar el contexto social de una comunidad donde perder la vivienda o tener que asumir reparaciones estructurales representa un golpe especialmente difícil para los hogares con menos recursos.

Treinta días sin respuestas

En una de las carpas permanece una familia de cinco hijos. La madre, Librada Domínguez, de 32 años, observa con preocupación el futuro de sus pequeños. La menor tiene seis meses y la mayor, 13 años. Su vivienda necesita reparaciones y los niños todavía no recuperan la tranquilidad.

“El miedo de los niños también; no se sienten seguros en la casa”, cuenta.

Las primeras noches después del terremoto fueron especialmente difíciles. Cerca de 50 personas compartieron el espacio y, durante las tres primeras noches, algunas familias durmieron sentadas en una esquina de una carpa, bajo la lluvia.

“Dormíamos sentados, imagínese, yo con mi bebé, debajo de la lluvia”, recuerda Domínguez, mientras tres caballos comen pasto en la parte trasera.

La tragedia también golpeó directamente a su familia. La casa de su padre quedó completamente destruida. Allí estaba su hermana, una paciente de cáncer con metástasis que permanecía encamada, y su padre, quien tiene una pierna amputada.

La evacuación ocurrió mientras las paredes cedían. Su madre y otros familiares intentaron sacar a la paciente en medio del derrumbe.

“Mi papá sacó fuerza, no sé de dónde tenía fuerza, con una tía mía, para sacar a mi hermana de ahí, y fueron cayendo paredes de una vez”, relata.

Ahora, mientras algunos familiares buscan alternativas para reconstruir, ella intenta encontrar la manera de regresar a su propia vivienda. No basta con que la estructura todavía esté en pie. Hace falta dinero para reparar los daños y restablecer los servicios básicos.

La asistencia alimentaria y otros aportes, según su testimonio, llegaron principalmente de empresas privadas.

La situación tampoco resulta sencilla en la galera. Domínguez cuestiona los intentos de las autoridades de trasladar a las familias hacia carpas instaladas en sus propios terrenos. Explica que su lote se encharca y que esas estructuras no ofrecen condiciones para cocinar ni permanecer durante un periodo prolongado.

A los problemas de alojamiento se suman los mosquitos y episodios de vómitos y diarrea que afectaron a varios residentes.

La asistencia alimentaria y otros aportes, según su testimonio, llegaron principalmente de empresas privadas, particulares y ciudadanos que colaboraron.

Sobre la reconstrucción de las viviendas por parte del Gobierno, expresa poco optimismo.

“Que levanten las casas así rápido, difícil”, afirma.

Las inspecciones también desesperan

James, otro residente de Flores, comparte esa frustración. Para él, los 30 días posteriores al terremoto no representan una recuperación, sino una prolongación de la misma emergencia.

“A mi parecer, en 30 días casi estamos lo mismo. Estamos, pues, vamos a decir que un poquito peor”, afirma mientras muestra las carpas donde duermen los damnificados.

Su principal reclamo apunta al proceso de evaluación de las viviendas. Explica que distintos equipos llegan a inspeccionar las estructuras, pero después otros funcionarios deben repetir las revisiones. Según su relato, personal de Estados Unidos participa actualmente en las evaluaciones y todavía esperan otra inspección.

La sucesión de visitas, sin una respuesta definitiva sobre cuándo podrán regresar, aumenta la desesperación.

“Eso es lo que nos tiene desesperados porque queremos entrar a nuestras casas”, expresa.

Las carpas, que al principio representaron una alternativa para protegerse, ahora muestran el desgaste de una emergencia que se prolonga.

“Esto ya pienso yo que ya no aguantamos más”, dice.

El 10 de noviembre, cuando se cumplió un mes del terremoto, los recuerdos volvieron a la memoria de los residentes. Muchos estuvieron pendientes de las 12:56, la hora en que ocurrió el movimiento sísmico, mientras esperaban que no se repitiera una tragedia similar.

James reconoce que las réplicas disminuyeron considerablemente. Sin embargo, el temor ahora tiene otro rostro: no saber cuánto tiempo más permanecerán fuera de sus viviendas.

Su situación familiar refleja una dificultad adicional. Su hija tiene discapacidad y parálisis cerebral. Él explica que no cuenta con las condiciones para construir una casa por sus propios medios.

“Aunque me den el material, no lo puedo hacer. Así que necesitamos es que nos entreguen las casas, que podamos entrar y listo”, reclama.

La petición expone una realidad que las soluciones habitacionales deben considerar: no todas las familias tienen la capacidad física, económica o familiar para reconstruir por cuenta propia. En hogares con personas con discapacidad, enfermedades o movilidad reducida, la respuesta requiere algo más que la entrega de materiales.

La pobreza antes del terremoto

La vulnerabilidad de Flores no comenzó con el movimiento sísmico. Los datos del Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimiento 2023 muestran que el 27.6% de su población vive en condiciones de pobreza multidimensional.

El indicador contempla privaciones en distintas dimensiones de la vida, por lo que no equivale exclusivamente a falta de ingresos. Sin embargo, ofrece una referencia importante para comprender las dificultades que enfrentan los hogares cuando un desastre natural destruye su patrimonio o los obliga a abandonar sus viviendas.

En el distrito de Tonosí, la incidencia también presenta diferencias importantes entre corregimientos.

Guánico registra el porcentaje más alto, con 45.9%, seguido de Cambutal, con 32.6%; El Bebedero, con 29.4%; La Tronosa, con 28.3%, y Flores, con 27.6%.

Tonosí cabecera registra una incidencia de 20.9%, mientras que Isla de Cañas presenta 10.3%.

La comparación genera preguntas sobre la distribución de la ayuda y la logística de reconstrucción en las comunidades cercanas al epicentro.

Estas cifras muestran que el terremoto golpeó una región con realidades sociales distintas, pero donde varias comunidades ya enfrentaban importantes carencias antes de la emergencia.

En Flores, una vivienda dañada puede significar mucho más que una reparación pendiente. Para una familia sin capacidad de ahorro, el costo de recuperar una cocina, reforzar una fundación o restablecer los servicios básicos puede convertirse en una barrera para volver a casa.

La solidaridad sustituye las soluciones que esperan

En el caso de la familia Domínguez Alonso, algunas empresas privadas comenzaron a colaborar con la construcción de una nueva vivienda para el padre de Librada. Ella aclara que esos trabajos no responden a una iniciativa gubernamental, sino al apoyo de particulares.

También cuestiona la falta de continuidad de las visitas políticas. Recuerda que un diputado llegó al lugar y prometió regresar un martes, pero no volvió.

“Nada más vino a ilusionarnos”, reclama.

La familia observa diferencias en el avance de las soluciones habitacionales entre comunidades de la región. Mientras identifica trabajos de construcción y entrega de viviendas en sectores de Macaracas, como La Colorada, en Flores no percibe un avance similar por parte del Gobierno.

La comparación genera preguntas sobre la distribución de la ayuda y la logística de reconstrucción en las comunidades cercanas al epicentro.

Dos realidades después del terremoto

Antes del desastre, los residentes de esta zona conocían los riesgos de las crecidas del río. Este año, incluso, recibieron trabajos de adecuación en el cauce para reducir las inundaciones.

El terremoto, sin embargo, introdujo una amenaza distinta, para la que nadie estaba preparado.

Librada recuerda que su familia llegó a Flores después de trasladarse desde Olivita, una comunidad ubicada en las lomas, cuando ella tenía alrededor de nueve años. Regresar a aquel lugar tampoco parece una alternativa sencilla: quedan pocas viviendas y algunos familiares mantienen sus actividades y animales en esa zona.

El 27.6% de pobreza multidimensional que registraba el corregimiento antes del terremoto ayuda a entender por qué la recuperación no resulta igual para todos.

Mientras tanto, en la galera, la vida continúa entre las limitaciones de un refugio que ya no responde a las necesidades de quienes permanecen allí.

“Muchos están durmiendo tranquilamente en una cama con aire acondicionado, sin mosquitos, sin problemas de que si llueve se me va a mojar la carpa”, dice la madre de cinco hijos al describir las dos realidades que conviven después del terremoto.

En Flores, el desastre no terminó cuando dejaron de sentirse las réplicas con la misma intensidad. Para estas familias, la emergencia continúa cada noche que pasan fuera de casa, cada inspección que no ofrece una respuesta definitiva y cada día que deben resolver cómo alimentar, proteger y atender a sus hijos.

El 27.6% de pobreza multidimensional que registraba el corregimiento antes del terremoto ayuda a entender por qué la recuperación no resulta igual para todos.

Algunos pueden reparar sus viviendas. Otros necesitan ayuda para reconstruirlas. Y hay familias que ni siquiera pueden asumir la construcción por sí solas.

Treinta días después, James resume el reclamo de quienes todavía esperan una solución: “Necesitamos es que nos entreguen las casas, que podamos entrar y listo”.

En Flores, volver a casa dejó de ser una cuestión de tiempo. Para muchas familias, depende de que la ayuda llegue antes de que se agoten las fuerzas y los recursos para seguir esperando.

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