Formalización de paneles arbitrales por caso de la Mina: ¿qué cambia con las demandas contra Panamá?

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que la reciente conformación de paneles arbitrales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en los arbitrajes presentados por First Quantum Minerals y Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation, relacionados con el cierre de la mina de Donoso operada por Cobre Panamá, no implica que se haya levantado la suspensión de los procesos.

“Que se conforme el panel no significa que se deja la suspensión de los arbitrajes... Que exista un panel no significa que los arbitrajes se volvieron a montar ni que el panel va a decidir sobre un arbitraje suspendido. Los arbitrajes están suspendidos,” afirmó el ministro.

Según la información publicada en el portal del Ciadi, estos paneles se completaron el 10 de septiembre, quedando conformados por Gabrielle Kaufmann-Kohler como presidenta, designada por acuerdo de ambas partes; Bernard Hanotiau, designado por las empresas demandantes; y Mónica Pinto, designada por el gobierno panameño.

El abogado y conocer de asuntos arbitrajes internacionales, Michael Rodríguez, explicó a La Estrella de Panamá que la constitución de los paneles forma parte del proceso, aunque los arbitrajes sigan suspendidos.

Señaló que los paneles solo tendrían relevancia si los casos fueran archivados definitivamente o si alguna de las partes solicitara reanudarlos.

Asimismo, destacó que es poco probable que alguno de estos arbitrajes vuelva a tener movimiento a menos que se de alguno de los escenarios previamente detallados.

El titular del Mici insitió que la constitución de los paneles es una formalidad procesal y que solo entrarían en acción si Minera Panamá decidiera reanudar los procesos en el futuro.

Por su parte, Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), señaló que la creación de los tribunales debe analizarse con cautela, pero advirtió sobre la “falta de transparencia” en la comunicación oficial.

A juicio de la abogada, el gobierno no mantenido una comunicación oportuna y abierta con el tema de la mina, lo que genera suspicacia sobre el manejo que se está dando.

Recordó que no se mencionan otros arbitrajes, como los iniciados por Franco Nevada por $5.000 millones.

Además, criticó que la auditoría para la que se contrató a la empresa SGS Panamá tiene un alcance limitado, dejando por fuera casi la mitad de los compromisos ambientales del proyecto.

Este medio buscó la versión de la empresa Cobre Panamá, quienes señalaron que estos reiteraron que en noviembre de 2023 inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que el mismo fue “descontinuado tras” conversaciones con el Gobierno.

La compañía también aceptó suspender un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, y reiteró su “disposición” a mantener el diálogo con las autoridades panameñas para contribuir a una solución para el país y su población.

Por su parte, Moltó detalló que actualmente el Estado, a través del Ministerio de Ambiente y el MICI, realiza una “auditoría integral” de la mina de Donoso, la cual se extenderá entre cinco y seis meses, aunque podría concluir antes.

“La auditoría es la herramienta principal del Estado para entender qué pasó y cómo está eso en este momento”, afirmó Moltó.

Confirmó que Minera Panamá es una empresa legalmente establecida que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de su contrato, “no realiza” operaciones de extracción, limitándose a labores de mantenimiento de la gestión segura y control ambiental.

El ministro aseguró que los resultados de la auditoría se comunicarán de forma transparente y servirán de base para que el presidente José Raúl Mulino defina los próximos pasos en la relación con la empresa.

Grupos ambientalistas han criticado este proceso, señalando que existen ‘graves deficiencias’, al excluir 170 compromisos ambientales del Estudio de impacto ambiental (EsIA) y no realizar nuevos muestreos, lo que limita la evaluación de impactos clave en seguridad, agua, aire y biodiversidad.

Mientras denuncian que estas omisiones dificultan la defensa del Estado frente a arbitrajes, el Ministerio de Ambiente asegura que la auditoría abarcará todos los compromisos ambientales, sociales, legales y tributarios, incorporando la consulta pública con más de 260 participantes.