Gabinete autoriza proyecto que castigaría con cárcel el uso de capuchas en manifestaciones

El Consejo de Gabinete autorizó la tarde este martes 24 de febrero a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal para sancionar el uso de máscaras u otros mecanismos de ocultamiento del rostro durante manifestaciones y protestas.

Actualmente, el artículo No. 169 del Código Penal establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la conducta es cometida por un servidor público, la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión.

La iniciativa del Ejecutivo incorpora el artículo No. 169-A, que plantea que quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.

El texto también establece que, si a partir de esa conducta se facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por los delitos cometidos.

El Consejo de Gabinete también aprobó este martes la Resolución N.° 10-26, mediante la cual emite concepto favorable a la Adenda N.° 1 que prorroga la vigencia del contrato celebrado entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber para su establecimiento y desarrollo.

El contrato original fue aprobado a través del Decreto Ley No. 6 de 10 de febrero de 1998 y tenía una duración de 25 años, plazo que venció en febrero de 2023. Con la nueva adenda, el acuerdo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, en atención al interés público que representa la continuidad del proyecto Ciudad del Saber.

De acuerdo con la Resolución de Gabinete, el contrato mantiene un régimen especial que contempla incentivos fiscales a favor de la Fundación. En ese sentido, también se autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar el proyecto de ley que respalda la adenda, incluyendo la prórroga de la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber.

Estas exoneraciones abarcan el pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, entre ellos el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) y el Impuesto de Inmuebles, aplicables a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.

El documento oficial subraya que la prórroga de los incentivos fiscales se adopta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, conforme a la política fiscal del Estado.

Previo a la aprobación de la adenda, el pasado 6 de octubre de 2025, el ministro de la Presidencia señaló que, dado que el contrato fue suscrito entre esa entidad y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicho ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados.

Esta postura fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que concluyó que la Fundación ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato original.