Restricciones establecidas a raíz del Covid-19 carecen de 'validez jurídica': Fundación Libertad

La Fundación Libertad expresó que "la forma en que se han emitido las restricciones a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19 carece de validez jurídica ya que estas se han dado a través de decretos ejecutivos y no a través de los mecanismos especificados en la Constitución para este fin, lo que constituye una violación a la Carta Magna de Panamá".

Las medidas impuestas han traído consigo una serie de retos a las garantías constitucionales de la ciudadanía y existe la preocupación entre organizaciones de la sociedad civil en cuanto a los precedentes que estas medidas puedan sentar en el futuro, señaló la Fundación en un comunicado.  

"Desde Fundación Libertad, buscamos transparencia y consenso en cuanto a las decisiones que nos impactan a todos y educar a la población de sus derechos y responsabilidades", acotó el representante legal de la Fundación.  

Brenes explicó que la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, que declara el Estado de Emergencia, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, y no en el artículo 55 de la Constitución, El Gobierno ha implementado una serie de controles que suspenden el libre tránsito, la reunión pacífica, así como el ejercicio de las profesiones, generando múltiples afectaciones económicas y jurídicas a todos los panameños. Restricciones que constituyen una extralimitación de funciones por parte del Órgano Ejecutivo, puesto que no se siguió el procedimiento requerido por la Constitución Política para suspender estas garantías.

"Estas medidas crean un precedente de que solo con un decreto, el Ejecutivo pueda ordenar cierres de empresas y confinar poblaciones. La violación de las libertades constitucionales crea un precedente nefasto para la democracia y deja a los ciudadanos indefensos ante futuros abusos de poder", advirtió Brenes.

Desde marzo hasta la fecha, se han presentado más de 10 acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia en contra de distintos decretos emitidos por el Ejecutivo.

Brenes detalló que dentro de toda la controversia sobre el proceder legal de los órganos del Estado, se presenta la disyuntiva entre la protección de la salud, la cual es la intensión de estos decretos, y la reactivación económica, así como la restitución de más de 230,000 contratos a trabajadores en todo el país.

En esa línea, indicó que ninguna de las normas enumeradas como fundamento de derecho señalan una facultad expresa al ejecutivo, Ministerio de Salud (Minsa)  u otra autoridad para limitar o suspender las garantías fundamentales, al margen de las normas internas.

El Decreto Ejecutivo No. 490 del 17 de marzo de 2020, por ejemplo, señala entre sus fundamentos de derecho al Código Sanitario, sin embargo, sus numerales 9 y 10 del Artículo 85 se refieren específicamente a la cuarentena de personas contagiadas, en caso de epidemias.

"Las medidas impuestas por el Minsa están desvinculadas de la realidad de los panameños que deben trabajar para llevar el pan a su casa y las ayudas sociales no son cónsonas con la dignidad de sus beneficiarios, por lo que es crucial agilizar los procesos para permitir la reactivación de las actividades económicas y que la gente pueda volver a trabajar", dijo la Fundación Libertad.