Gobierno abre licitación para megacomplejo penitenciario en Divisa

Las cárceles de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas albergan más de 2,000 internos en espacios diseñados para 745 personas. El Ministerio de Gobierno abrió una licitación por $177.2 millones para construir uno de los mayores complejos penitenciarios del país.

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Con una capacidad proyectada para 3,000 privados de libertad y una inversión de $177.2 millones, el Gobierno lanzó la licitación pública para construir el nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales en Divisa, una obra que busca ampliar la capacidad del sistema penitenciario panameño en medio de los persistentes problemas de hacinamiento que afectan las cárceles del país.

El acto público fue publicado el pasado 8 de junio en el portal Panamá Compra y constituye uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria más ambiciosos impulsados por el Estado en los últimos años.

La obra será desarrollada en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, y forma parte de los planes gubernamentales para fortalecer la capacidad operativa del sistema carcelario mediante la construcción de instalaciones que incorporen mayores estándares de seguridad, clasificación penitenciaria y programas de rehabilitación.

Gobierno abre licitación para megacomplejo penitenciario en Divisa

La magnitud del proyecto guarda relación con la presión que enfrentan varios centros penitenciarios de las provincias centrales. Datos del Sistema Penitenciario reflejan que las cárceles de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas albergan actualmente 2,012 privados de libertad en instalaciones con capacidad para 745 personas. Los centros de Las Tablas, Santiago y Penonomé registran los mayores niveles de sobreocupación, con tasas de hacinamiento de 555%, 400% y 330%, respectivamente. En conjunto, la región mantiene una población penitenciaria que supera en más de 1,200 personas su capacidad oficial.

De acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos, el complejo fue concebido para albergar una población penitenciaria de 3,000 internos, distribuidos entre procesados y condenados. El diseño contempla módulos de mínima, media y alta seguridad, además de espacios especializados para la atención de distintos perfiles de privados de libertad.

La infraestructura incluirá pabellones de alojamiento, edificios administrativos, áreas de visitas familiares, clínicas, cocinas, comedores, talleres de capacitación laboral, aulas educativas, biblioteca y espacios deportivos.

El proyecto también contempla la construcción de una red integral de servicios básicos y seguridad. Entre las exigencias del pliego figuran sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, telecomunicaciones, videovigilancia, controles biométricos y mecanismos electrónicos de acceso.

Según la documentación oficial, el complejo deberá responder a un modelo penitenciario orientado a la clasificación de la población privada de libertad y a la resocialización, mediante programas educativos, laborales, deportivos y de atención médica.

Las especificaciones establecen que la instalación contará además con infraestructura para custodios y personal administrativo, incluyendo dormitorios, áreas de capacitación, comedor, lavandería y dependencias de seguridad.

La licitación da continuidad a una iniciativa anunciada previamente por el Gobierno como parte de su estrategia para transformar el sistema penitenciario nacional. En ese momento, las autoridades presentaron el proyecto como una respuesta a las limitaciones de infraestructura que enfrenta el país y a la necesidad de ampliar los espacios destinados a la custodia y rehabilitación de personas privadas de libertad.

Especialistas en temas penitenciarios han señalado en diversas ocasiones que el hacinamiento, la insuficiencia de instalaciones y la elevada cantidad de detenidos sin condena continúan siendo algunos de los principales desafíos del sistema carcelario panameño, factores que han impulsado el debate sobre la necesidad de nuevas infraestructuras y reformas en la política penitenciaria.

Las empresas interesadas en participar en el proceso tendrán hasta el próximo 23 de julio para presentar sus propuestas. La reunión previa y homologación fue convocada para el 2 de julio en las oficinas del Ministerio de Gobierno ubicadas en el Palacio de Gobierno, en el Casco Antiguo.

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