Gobierno autoriza pago de vacaciones trabajadas a miembros de la Fuerza Pública

El Gobierno autorizó mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 el pago de vacaciones vencidas y trabajadas a miembros de la Fuerza Pública, una medida que busca mantener operativas cientos de unidades policiales en medio de una ola de jubilaciones que presiona la capacidad operativa de los estamentos de seguridad.

La norma, publicada en Gaceta Oficial el 12 de junio de 2026, permite reconocer económicamente vacaciones acumuladas a unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), bajo la figura de servicio especial operativo.

Para financiar el programa, el Ministerio de Economía y Finanzas gestionó partidas presupuestarias por $3,165,000 para vacaciones por vigencia expirada y $531,250 para cuotas obrero-patronales, para un total de $3.6 millones.

La decisión formaliza una estrategia que el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, defendió semanas atrás ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Durante la sustentación de un traslado de partidas en la Asamblea Nacional, en mayo, Fernández explicó que la institución busca mantener activas unidades que han acumulado vacaciones durante años debido a necesidades operativas y falta de relevo.

“La idea de esta compra de vacaciones es básicamente reforzar las zonas de impacto, que son las que más nos están generando incidentes”, afirmó entonces el director policial.

Según detalló, el programa contempla pagos para 220 agentes, 220 cabos segundos, 200 cabos primeros, 160 sargentos segundos, 120 sargentos primeros y 80 subtenientes que permanecerán en servicio para fortalecer áreas consideradas prioritarias en materia de seguridad.

El propio decreto señala que el beneficio aplicará al personal juramentado comprendido entre los rangos de agente y teniente de la Policía Nacional, Senafront y Senan.

La medida surge en momentos en que la Policía Nacional enfrenta una reducción importante de personal por jubilaciones.

Durante la comparecencia legislativa, Fernández reveló que cerca de 2,000 agentes se retirarán este año y otros 2,000 podrían hacerlo el próximo, mientras las nuevas promociones policiales no alcanzan a compensar completamente esas salidas.

“Estamos jubilando alrededor de 2,000 personas este año y 2,000 personas el otro año”, señaló.

La situación ha obligado a la institución a buscar mecanismos para sostener el pie de fuerza mientras ingresan nuevos agentes.

De acuerdo con el decreto, los pagos serán administrados de forma centralizada por la Policía Nacional, incluso para las unidades de Senafront y Senan, previa certificación de elegibilidad de cada estamento.

La discusión en la Asamblea también dejó al descubierto otras presiones financieras dentro de los organismos de seguridad.

Diputados cuestionaron a las autoridades por el atraso en el pago de primas de antigüedad a exfuncionarios policiales, una obligación que el propio Ministerio de Seguridad reconoció como una deuda acumulada durante varias administraciones.

Según explicaron las autoridades, durante 2026 se destinaron recursos adicionales para atender esos compromisos, aunque admitieron que todavía existen montos pendientes significativos.

A ello se suman reclamos relacionados con la dotación de uniformes, botas y equipos para las unidades policiales, un tema que también fue abordado durante la sesión legislativa.

En este contexto, el nuevo decreto convierte en política oficial una medida temporal destinada a mantener más agentes en las calles mientras la institución enfrenta uno de los mayores procesos de relevo generacional de los últimos años.

La norma tendrá efecto retroactivo a partir del 15 de mayo de 2026 y mantendrá una vigencia operativa de tres meses.