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Gobierno endurecerá control sobre empresas eléctricas con multas millonarias
- 04/08/2026 19:21
El Ejecutivo propone cambios al mercado eléctrico para fortalecer la regulación, mejorar el servicio y proteger a los consumidores. Gobierno propone multas de hasta $20 millones a eléctricas
El Gobierno propone elevar el control sobre las empresas distribuidoras de electricidad, aumentar las sanciones por incumplimientos y establecer nuevos mecanismos de protección para los usuarios, mediante un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Nacional.
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante el Legislativo el proyecto que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones.
La iniciativa busca responder a las quejas recurrentes por fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio y daños a electrodomésticos, además de las dificultades que enfrentan los usuarios para presentar reclamos y obtener compensaciones o indemnizaciones.
Entre las medidas propuestas figura un aumento significativo de las sanciones. Las empresas prestadoras del servicio eléctrico podrán recibir multas de hasta $20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.
El proyecto también establece mecanismos para que los usuarios reciban créditos cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio.
ASEP podría intervenir a las distribuidoras
Una de las medidas de mayor alcance de la propuesta es la posibilidad de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) intervenga a una empresa prestadora del servicio público de electricidad.
La intervención podría ocurrir mientras la empresa corrige una falta, durante el proceso de rescisión o resolución administrativa del contrato, o hasta la terminación de la licencia correspondiente.
Para ejecutar la medida se designaría un interventor, cuya remuneración correría por cuenta de la empresa intervenida.
El proyecto establece además que el interventor no podrá mantener vínculos comerciales o profesionales con la empresa objeto de la intervención, sus filiales o su grupo económico durante los dos años posteriores.
La medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras se resuelven situaciones que puedan comprometer su prestación.
El proyecto establece nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras en su relación con los clientes.
La propuesta contempla mayor transparencia en la información que las empresas deben suministrar, plazos definidos para responder los reclamos y el reconocimiento de créditos cuando se incumplan las normas de calidad establecidas en la regulación vigente.
También busca fortalecer las herramientas de supervisión de la ASEP y ampliar las facultades de fiscalización y cumplimiento normativo.
La iniciativa plantea, además, ampliar las facultades de cobro coactivo para procesos administrativos relacionados con el resarcimiento económico a los clientes finales.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca modificar la relación entre las empresas prestadoras y los consumidores, con mayores obligaciones para las primeras y mecanismos de protección más definidos para los usuarios.
La propuesta también introduce cambios en las reglas de competencia y estructura del mercado eléctrico.
El Ejecutivo plantea ajustes para evitar escenarios de concentración excesiva y preservar condiciones de competencia efectiva.
El proyecto incorpora mecanismos para fomentar una mayor competencia en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica.
La medida cobra relevancia ante eventuales cambios en la estructura de propiedad de las empresas distribuidoras, al establecer reglas que buscan evitar que el mercado quede concentrado en pocos participantes.
Llevar electricidad a 150 mil familias
El proyecto incorpora también un componente de expansión de la cobertura eléctrica.
La propuesta establece como obligación inherente a la actividad de distribución la electrificación de áreas rurales que actualmente no cuentan con el servicio, aunque sean zonas no servidas, no rentables y no concesionadas.
La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, indicó que esta disposición podría permitir que unas 150 mil familias que actualmente no cuentan con electricidad accedan al servicio.
Para facilitar esas inversiones, el proyecto incorpora ajustes regulatorios que permitirían reconocerlas dentro de la estructura de costos del sector.
La intención es generar condiciones económicas que hagan viable la expansión de las redes hacia áreas donde la prestación del servicio no resulta rentable bajo las condiciones actuales.
La reforma también amplía las obligaciones de las empresas de distribución eléctrica para impulsar la modernización del sistema.
Entre las medidas figuran la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión.
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