Combatir la impunidad: el gran reto de Kenia Porcell

¿Qué clase de Ministerio Público quiere el Ejecutivo?

‘El Ministerio Público operará de acuerdo con los recursos que se destinen a su funcionamiento; si queremos uno mediocre, se destinará la mitad del presupuesto solicitado’, dijo a La Estrella de Panamá el ex fiscal primero de drogas Rosendo Miranda, a propósito de los retos que enfrentará el Ministerio Público tras el reciente nombramiento de Kenia Porcell Díaz.

Los desafíos que encara esta institución son complicados. En primer lugar, el crimen ha ido perfeccionando sus métodos; el narcotráfico, los homicidios y el blanqueo de capitales utilizan medios cada vez más sofisticados.

La visión de Miranda sobre los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que han salido a la palestra pública en los últimos meses lo ponen a uno a alzar las cejas y prestar atención: ‘Lo que hace más difícil este tipo de investigaciones es que se trata de delincuencia organizada y económica, que nace del mismo círculo empresarial, de los negocios, y no del tráfico de drogas o armas. La investigación de este tipo de casos requiere de métodos más refinados. Muchas de estas personas tienen cómo sustentar sus dineros’, dice.

Las expectativas sobre la gestión de Porcell son altas. La ciudadanía está cansada de ver en los medios de comunicación a nuevos ricos, y delincuentes sueltos y reprocha la justicia selectiva. Incluso, a la clase acomodada ya le causa cierta picazón imaginarse las consecuencias que esto puede generar.

No obstante, para revertir la situación habría que realizar una reingeniería a la institución.

El ex fiscal especializado en delitos contra las drogas considera que hay que reforzar áreas sensitivas del MP, como el Departamento de Auditoría Forense.

‘Habría que traer, de forma inmediata, personal del mundo de las finanzas, de la banca, gente que conozca sobre el mercado de valores; abogados empapados en las normas y maniobras del cuerpo de las sociedades anónimas’ dice.

Además, expresa Miranda, sería interesante volver a analizar bajo qué paraguas debe estar la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), actualmente bajo las órdenes de la Policía Nacional.

La práctica, añade Miranda, refleja que cuando se trata de homicidios, muchas veces ‘se pasan unos a otros la bola: que si es la Policía, que si es el juez corrupto o la Fiscalía. Hay que examinar científicamente las debilidades y coordinar los estamentos de seguridad, las fiscalías y la DIJ; evaluar qué posición corresponde a esta fuerza policial en base a la función que cumple, si es debajo del Ministerio Público o la Policía o a ambos’, afirma Miranda.

La Policía debe cumplir una función preventiva; en cambio, la DIJ investiga los delitos, no los previene. La experiencia demuestra que hay una debilidad en este aspecto y hay que examinar a fondo el tema.

Uno de los talones de Aquiles en la institución es el tema investigativo, en especial lo relacionado a delitos de corrupción, financieros y casos de alto perfil. Se requiere de experiencia para recabar las pruebas y convencer a los jueces de la responsabilidad que tuvieron los imputados en el delito.

Una práctica que obstaculiza la condena en los casos de blanqueo de capitales —la Fiscalía de Drogas solo logró una condena de los 32 casos que llevó en 2013— es que los fiscales trabajan el expediente de forma independiente y después de seis meses, envían el bulto de expedientes al forense financiero. Miranda sugiere ‘que se trabaje en conjunto, desde el inicio’.

Porcell tendrá que tomar en cuenta que el Sistema Penal Acusatorio se implementa el próximo año en casi todo el territorio. Sería un apoyo para el buen funcionamiento de este sistema dotar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de los peritos, científicos e insumos necesarios para cotejar las evidencias.

En las circunstancias actuales, señala Humberto Mas, director del IMELCF, será imposible un buen resultado en la investigación fiscal bajo el SPA.