Gremios periodísticos denuncian uso de medidas de protección legal para limitar el oficio

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo advirtieron al mediodía de este jueves 5 de marzo que la libertad de prensa en Panamá enfrenta lo que calificaron como una amenaza “inédita” tras una resolución judicial que afecta a la periodista Sabrina Bacal.

En un pronunciamiento público, ambos gremios señalaron que la resolución emitida el 6 de noviembre de 2025 por la Fiscalía Metropolitana desvirtúa el propósito de las leyes de protección y podría establecer un mecanismo de censura previa, algo que —afirman— está prohibido por la Constitución panameña.

Los organismos panameños calificaron de alarmante que recursos legales diseñados para proteger a víctimas vulnerables de violencia física sean utilizados en conflictos derivados de publicaciones periodísticas.

Según indicaron, la medida que prohíbe la difusión de contenidos a través de medios tecnológicos y electrónicos ignora que la responsabilidad periodística no depende del soporte donde se publique la información, sino del compromiso ético del periodista que la firma.

“El rigor no reside en el soporte, sino en el compromiso ético de quien firma la nota y da la cara”, sostuvieron las organizaciones, al subrayar que el ejercicio de fiscalización ciudadana —incluido el que se realiza en redes sociales— constituye un elemento clave para la transparencia en una sociedad democrática.

En el comunicado también se advierte que la decisión judicial podría sentar un precedente peligroso al permitir que el sistema de justicia actúe como árbitro sobre qué puede o no publicarse en el ecosistema digital.

A juicio de los gremios citados, perseguir el mensaje o restringir su difusión puede convertirse en una forma de hostigamiento judicial contra voces críticas.

Asimismo, recordaron que el 31 de enero de 2025 la Corte Suprema de Justicia suscribió las Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II, comprometiéndose a proteger la libertad de expresión y de prensa.

“Actuar en sentido contrario no solo es una contradicción institucional, sino una regresión en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado”, indicaron.