Las indemnizaciones jugosas no han mejorado transporte

  • 10/07/2015 02:00
En quince años, el Estado indemnizó, subsidió y concedió préstamos a los transportistas por $506 millones 

Los transportistas siempre han tenido la suerte de su lado. Cuando se trata de indemnizaciones, subsidios o beneficios estatales salen con los bolsillos llenos. Entre 1999 y 2014 se les ha pagado unos $506 millones, incluyendo el costo de la empresa MiBus.

Pero la realidad sigue siendo la misma en las calles: el servicio no mejora, pese a la millonaria inversión estatal.

Los hechos lo demuestran. Durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) se puso a disposición de los transportistas $30 millones, a través del Banco Nacional de Panamá, para la compra de autobuses y la modernización del transporte.

Era un aliciente para bajar los ánimos de la cúpula de transportistas aglutinada en la Cámara Nacional del Transporte, que amenazaba con aumentar el precio del pasaje y renegaba del mal estado de su flota vehicular.

Al final, solo se prestaron $24 millones, y muchos no han cancelado su deuda con la entidad bancaria.

La medida no fue bien vista por las autoridades vinculadas directamente al transporte. En abril de 2009, Pablo Quintero Luna, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante la administración Moscoso, reconoció que esos dineros para ‘‘mejorar el transporte” fueron usados para adquirir buses de segunda, pagar préstamos anteriores con las financieras y arreglar los buses viejos.

FRACASO DEL SISTEMA

Autobuses con aire acondicionado, marca Hyundai y Dina, conocidos popularmente como ‘‘neveras”, adquiridos durante el periodo Moscoso, circularon por las vías del área metropolitana.

Fue precisamente una unidad de este último modelo, fabricado en México, el que marcó un hito en la historia del transporte en Panamá: el autobús 8B-06, ruta Mano de Piedra-Corredor Norte, se incendió camino a la ciudad y dejó 18 muertos y 25 heridos. El hecho ocurrió en La Cresta el 23 de octubre de 2006.

Fue un momento crucial, que obligó a la administración de Martín Torrijos (2004-2009) a tomar decisiones valientes.

Tras prohibir, en julio de 2008, la importación de buses tipo escolar para el servicio de transporte, Torrijos firmó un decreto para acelerar la licitación de los primeros 420 buses del Transmóvil, la primera propuesta para sustituir a los viejos ‘diablos rojos'.

Pero, a principios de 2009, el procedimiento de compra fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia como ilegal por el abogado Víctor Martínez, lo que frenó el proyecto.

Ya para marzo de ese año, la ATTT había indemnizado a 30 propietarios de diablos rojos, pagando $25 mil por unidad. El monto final fue de $750 mil.

PERIODO MARTINELLI

El plato exquisito de indemnización fue servido en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), que el 28 de diciembre de 2010 puso en marcha el proyecto del metrobús. El plan incluyó el reemplazo total de los ‘diablos rojos', la compensación a los transportistas y la entrada de 1,200 unidades marca Volvo.

Al final del proceso, que se desarrolló entre 2010 y julio de 2014, se sacaron unos 2,300 buses y los dueños cobraron indemnizaciones de $25 mil (‘diablos rojos'), $35 mil (‘coaster') y $75 mil, vehículos tipo ‘nevera'. El monto pagado fue de $96 millones, aseguró ayer el director de la ATTT, Julio González, tras un análisis del proceso.

Según González, fueron $750 mil en 2009; $6 millones en 2010; $46.7 millones en 2011; $18.2 millones en 2012; $20.5 millones en 2013 y $2.4 millones el año pasado.

El abogado Martínez dijo que hay 39 personas —entre exfuncionarios del gobierno de Martinelli y dirigentes de Canatra—, investigadas por posible delito de lesión patrimonial, por el mal manejo de esos procesos.

Entre las anomalías denunciadas está el cobro de buses como si fueran de las rutas de corredores y el cambio de los datos del certificado de operación de un bus que estaba hipotecado con el Banco Nacional.

Durante la administración Martinelli se otorgaron $246 millones de fideicomiso para beneficio de la empresa MiBus, cuyo contrato 21-10 fue firmado en agosto de 2010. Se le concedió, además, los patios, valorados en $46 millones, para que estacionaran sus buses.

Y ahí no acaba todo. El Estado les dio, mientras dure el periodo de concesión, pactado a 15 años, ‘fondos de gastos operacionales' por $31 millones.

Además, se benefician con un subsidio de $109.7 millones por 15 años ($8 millones al año).

SEGUIRÁN PROCESOS

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), en medio de las negociaciones por la compra de MiBus, a principios de año, pagará $12.6 millones para indemnizar a 4,256 empleados del sindicato, mayormente operadores, al finalizar el proceso de compra de la empresa colombiana. Además, el Gobierno pagaría a la compañía $500 millones para adquirirla.

Ayer, González, director de la ATTT, señaló que todavía hay disponibles entre $4.5 millones y $5 millones para terminar las compensaciones de propietarios de los ‘diablos rojos'. En el plan hay 740 propietarios de buses.

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‘El Gobierno le concedió los patios a MiBus y están valorados en $43 millones',

VÍCTOR MARTÍNEZ,

ABOGADO DE USUARIOS

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