No hay DDHH, no hay respeto a la dignidad

‘Desde los albores de nuestra historia republicana un pequeño grupo de familias y personas ha controlado el poder económico, político y social. Por más de un siglo unos pocos se han apropiado y disfrutado de las principales riquezas de nuestro país y, tutelados por la principal potencia imperialista y apoyados en el poder militar, policial y mediático, han manejado lo que debió ser la Patria de todos como una hacienda personal’, reza la Convocatoria al Pueblo Panameño para construir el Frente Amplio por la Democracia.

Esta es la realidad que vive nuestro pueblo. Hoy la sufre con mayor rigor el pueblo colonense. Ayer la sufrieron los pueblos originarios. Unos y otros han sufrido la más brutal violencia económica: aquella que niega los elementales Derechos Humanos de empleo decente, seguridad social, vivienda digna y ambiente saludable.

A los sectores populares se les niega sistemáticamente el derecho a la vida y el respeto a su dignidad. Se le niega además el derecho a organizarse libremente y a luchar por sus intereses vitales. A la violencia económica se suma la violencia brutal de la represión de una Policía militarizada y revestida de impunidad que ha dejado luto y dolor a humildes familias colonenses. Igual sucedió en Changuinola y con el pueblo Ngobe Buglé. Se ha pretendido imponer a sangre y fuego la Ley 72, sin importar que todo el pueblo colonense y los panameños en general, expresaran su rechazo a esta nueva venta de nuestro patrimonio nacional. La respuesta a este rechazo ciudadano generalizado ha sido la represión con armas de fuego y con el maltrato de detenidos. En Colón las fuerzas militarizadas han reprimido casa por casa, edificio por edificio, comunidad por comunidad. El balance provisional es de 4 muertos y cientos de heridos y prisioneros.

El pueblo de Colón ha resistido y resiste. Desconoció los engañosos llamados a otro diálogo infructuoso por parte de autoridades nacionales totalmente desprestigiadas por sus actos. El movimiento popular organizado se movilizó y apoyó a nivel nacional: obreros, campesinos, indígenas, profesionales, estudiantes, educadores, se han sumando cada día a una protesta que se fortalece porque todo el pueblo panameño sufre las consecuencias de políticas neoliberales que conducen a un incesante aumento del costo de la vida y a un deterioro programado de los servicios de salud, educación, agua potable.

Las exigencias de esta lucha fueron claras: derogación total de la Ley 72, cese de la represión criminal y liberación de los detenidos durante estos sucesos.

La lucha, sin embargo, no puede detenerse aquí: es indispensable seguir luchando por el pleno respeto de los derechos humanos, para que se le aplique la justicia a los responsables políticos y policiales de las muertes en Colón, en Bocas del Toro, en San Félix. Es indispensable seguir luchando para detener la venta de la Patria.

Este gobierno –autoritario y corrupto como otros de nuestro pasado inmediato- nos ha colocado ante una situación peligrosa de la cual algunos mafiocratas han llegado a adelantar que una ‘solución’ estaría por la vía de la militarización disfrazada que viola la Constitución Nacional y ante la cual todos los ciudadanos debemos estar alerta.

PRESIDENTE FAD